En un evento realizado este miércoles en el Palacio de la Moneda, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y a pocos días de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el presidente chileno, Gabriel Boric, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, firmaron el decreto de lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
De acuerdo a lo que expresó Cordero, la iniciativa tiene por objetivo central “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”. De ahí que uno de los ejes sea reconstruir las trayectorias de las víctimas, “incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final”, consignó el diario La Tercera.
En su discurso el presidente Boric expresó: “Nos hacemos cargo como Estado, no sólo como gobierno, como Estado, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, y el destino final, de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada”. “Es difícil imaginarse 50 años con ese dolor. La Justicia ha tardado demasiado”, agregó el mandatario izquierdista durante su largo discurso, en el que lamentó la ausencia de referentes de los partidos políticos de derecha.
En la ceremonia, además de Boric y Cordero también hablaron la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, informó el diario digital El Mostrador.
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos –contenidos en el Informe Rettig, llamado así en referencia a Raúl Rettig, presidente de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación instaurada tras el final de la dictadura comandada por Augusto Pinochet–, entre el 11 de setiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se constataron un total de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada. De ese número, 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a personas ejecutadas cuya muerte se logró acreditar, pero cuyo cuerpo nunca fue entregado a sus familiares. Hasta la fecha, los restos de 307 personas sí pudieron ser encontrados, identificados y entregadas a sus familias, por lo que los desaparecidos son 1.112.
Para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda se concretaron –en un período de trabajo de ocho meses– 67 encuentros con familiares y organizaciones de víctimas de la dictadura de todo el país, contabilizando un total de 775 participantes en dichos encuentros.
“Lo que hace esencialmente es transformar como política pública permanente del Estado la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, que hasta ahora ha sido una acción que ha recaído principalmente en los hombros de los familiares”, planteó Cordero, a quien la situación lo toca de cerca, porque dos tíos de su padre forman parte de la nómina de detenidos desparecidos.
“Detrás de esto no sólo hay un tema de verdad y justicia, sino también de memoria y reparación a las víctimas y familiares. Y una manera en que la sociedad chilena debe reconocer y establecer una garantía de no repetición”, había manifestado Cordero en una entrevista que concedió en abril a El País de Madrid.
También se refirió al tema de los desaparecidos el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, quien en diálogo con la radio ADN expresó que “en estos 50 años ha sido compleja la labor de esclarecer el paradero de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada”. “Agentes del Estado cometieron estas desapariciones, e hicieron todo lo posible para que no se esclareciera y no se encontraran los cuerpos”, agregó Bustos.
En esa línea, reiteró que “ha habido muchas barreras por parte del sistema de Justicia. En los primeros diez años se rechazaron más de 5.000 recursos de amparo, después se aplicó la Ley de Amnistía, la prescripción, la media prescripción”.
“De todas formas, quienes han empujado la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas en estos 50 años han sido básicamente familiares, abogados, y de alguna manera, sobre todo en los últimos años, los tribunales de justicia”, dijo Bustos, quien valoró el establecimiento del plan de búsqueda, pero también pidió la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado para poder llegar a la verdad.
“Hace unas semanas, enviamos una carta al presidente Boric valorando esta medida y también planteándole que para que esta iniciativa sea efectiva debiera implicar que, a través de la ministra de Defensa, se instruya a las Fuerzas Armadas y Carabineros que colaboren con esta búsqueda”, concluyó Bustos.