La Fiscalía española pidió que un juzgado investigue las torturas de la Policía franquista a un sindicalista en una comisaría de Barcelona en los años setenta, invocando la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en octubre de 2022. Antes de la aprobación de esta ley, no era posible investigar los crímenes de la dictadura franquista, porque la Ley de Amnistía lo prohibía. Bajo esa norma de 1977, estaban perdonados “todos los actos de intencionalidad política” que ocurrieron antes de ese mismo año.
La Ley de Memoria Democrática requiere que haya un fiscal de sala para investigar las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Desde el 13 de junio, en el cargo de Fiscal de Memoria Democrática fue nombrada la exministra de Justicia Dolores Delgado. Según el Ministerio Público español, la ley “impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista”.
El Ministerio Público está a favor de la admisión a trámite de la denuncia de que el sindicalista Carles Vallejo fue torturado por seis policías franquistas. Vallejo dice que fue detenido en la puerta de su casa la mañana del 17 de diciembre de 1970. Lo llevaron a la comisaría de Via Laietana, donde sufrió durante veinte días. Recuerda: “Empiezan las patadas, los golpes y los insultos en el coche. Luego bajas a un calabozo en el subterráneo y pierdes la noción del tiempo en plena oscuridad. No sabes si es el día o la noche”. Según Vallejo, estuvo sometido a interrogatorios a todas horas del día, a palizas y a amenazas de que le dispararían, y lo obligaron a estar “esposado en cuclillas con las manos debajo de las rodillas”.
El junio, la fiscal del juzgado en el que recayó la denuncia de Vallejo rechazó su admisión a trámite. Argumentó que la Ley de Amnistía impedía que se investigaran las acusaciones. Sin embargo, después de revisar la decisión, Delgado estuvo de acuerdo con la Fiscalía de Barcelona y anunció que la Justicia podría abrir una investigación.
El diario NIUS informa que Vallejo dijo del fallo: “Refuerza el planteamiento de la querella. Mi caso es uno dentro de miles y puede abrir el camino para que se puedan presentar otras querellas. Tiene más valor pedagógico y de cultura democrática que de reparación porque hay daños irreparables, pero al menos que quede en evidencia la violencia intrínseca del franquismo para las personas que luchamos por tener lo que ahora es un derecho”.
El viernes, Julio Pacheco Yepes se convirtió en la primera víctima del franquismo de declarar en los tribunales desde 1975. Dio su testimonio ante el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y describió la violencia infligida por cuatro miembros de la policía secreta después de ser detenido en agosto de 1975 por integrar una organización estudiantil. Tenía 19 años cuando fue acusado de terrorismo, detenido y torturado. Después de describir sus experiencias ante la jueza, se sintió “muy satisfecho” y dijo que la magistrada fue “muy amable y receptiva, con un tratamiento muy bueno”, según una declaración difundida por Amnistía Internacional. Agregó: “El proceso sigue y yo creo que va a seguir”.
En la misma declaración, Amnistía Internacional destacó que hay más de cien querellas que denuncian violaciones de los derechos humanos y violencia franquista que todavía están archivadas.