La confrontación del gobierno de Javier Milei con las universidades públicas, que sufren el impacto de un fuerte ajuste presupuestal, se encuentra en un punto alto. La semana pasada, una multitudinaria marcha rechazó la decisión del presidente de vetar un aumento de recursos para el sector que había sido aprobado en el Congreso.
La movilización, en la que se estima que participaron más de 250.000 personas, no impidió que Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario, ni tampoco que el gobierno planificara nuevas medidas resistidas por los universitarios.
La prensa argentina informó que el Ejecutivo se dispone a presentar una ley que introduce aranceles para los extranjeros que se formen en las universidades públicas. Varios medios señalaron que la medida podría aplicarse a aquellos que vivan en Argentina sin contar con una residencia regular, pero el detalle del texto todavía se desconoce.
“Me parece una medida razonable”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Martín Menem, según citó Infobae. “Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país son gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, agregó.
Este proyecto surge del capítulo dedicado a la educación de la llamada Ley Bases, que en su proceso de aprobación sufrió cambios y grandes recortes a sus cientos de artículos. En sus inicios, esa ley habilitaba a las instituciones de educación terciaria de gestión estatal y las universidades a “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquel estudiante que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.
La norma preveía, sin embargo, que esas personas pudieran acceder a becas y que las universidades establecieran convenios “con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados”, que pudieran “fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”. Este segmento de la Ley Bases quedó descartado en la discusión parlamentaria.
De acuerdo con el diario La Nación, el gobierno se propone reactivar la propuesta de cobrar aranceles a extranjeros y además establecer que los recursos de las distintas instituciones se distribuyan según su cantidad de alumnos y graduados.
Se estima que el proyecto de Milei podría ser presentado después de que la Cámara de Diputados debata el miércoles el veto presidencial. En esa instancia, la oposición intentará reunir los votos necesarios para levantarlo, mientras que el oficialismo ya cuenta con los votos de Propuesta Republicana (PRO), el partido de Mauricio Macri.
“Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”, manifestó este lunes el PRO en un comunicado. “Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante”, agregó, aunque cuestionó la política del gobierno hacia las universidades y reclamó que “convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios”, que “incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria” y que avance en medidas para “garantizar la transparencia del gasto universitario”.
La presentación del proyecto de aranceles, informó Página 12, estará a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tiene como titular a Federico Sturzenegger.
Fuentes de la Universidad de Buenos Aires dijeron a ese periódico que la iniciativa implica cambiar la Ley de Educación Superior y la de Migraciones, que establece que “los inmigrantes y sus familias deben tener acceso igualitario, los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación”. Señalaron que también contempla que la situación migratoria irregular de una persona no puede impedir su acceso a ningún tipo de establecimiento educativo.
A su vez, la Ley de Educación Superior dispone que todos aquellos que egresen de la educación secundaria podrán ingresar sin restricciones a la enseñanza terciaria de grado.
Además, Argentina tiene un convenio con varios países, entre ellos Uruguay (también con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela), para que estudiantes extranjeros puedan cursar carreras en sus universidades sin importar si su residencia en el país es temporaria o permanente.