El martes 5 de noviembre los estadounidenses no sólo elegirán la fórmula presidencial, la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además, los ciudadanos de 41 de los 50 estados del país podrán votar en 147 referendos que abordarán muchos temas sensibles para la sociedad, como la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana recreativa, algunas reglas electorales y también cuestiones referentes a la inmigración y la economía.
Enmiendas constitucionales para ampliar o proteger el acceso al aborto estarán en la boleta electoral en diez estados. Actualmente, de acuerdo a lo que informó el portal France 24, en 21 estados del país la interrupción del embarazo está prohibida o fuertemente restringida, a pesar de que el 63% de la población opina que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.
En el estado de Texas, por ejemplo, el aborto es prohibido en todos los casos, salvo si la vida o salud de la madre está en peligro. En caso de que un médico realice un aborto en este estado sureño por fuera de los casos permitidos, puede enfrentarse a hasta 99 años de cárcel, 100.000 dólares de multa y la prohibición de seguir ejerciendo su profesión.
En Arizona, Florida, Misuri y Dakota del Sur, las enmiendas propuestas protegerían efectivamente el derecho al aborto sin límite para la interrupción en función de la etapa del embarazo. En Maryland, Montana, Nevada y Nueva York, el aborto ya es legal y en Colorado no existen leyes que restrinjan el aborto ni límites gestacionales para las mujeres que buscan un aborto. Por ello, las propuestas en esos estados tienen como objetivo consagrar formalmente esos derechos existentes para, según los impulsores de la propuesta, evitar que los legisladores los deshagan en el futuro.
Según informó la cadena NBC, Nebraska será el único estado donde dos enmiendas constitucionales estarán enfrentadas respecto al tema del aborto. Una medida enmendaría la constitución estatal para proteger el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal, con excepciones en caso de riesgo de vida y de salud de la mujer después de eso.
El otro protegería el derecho al aborto en el primer trimestre, pero prohibiría el procedimiento en el segundo y tercer trimestre, excepto en emergencias médicas o cuando los embarazos sean resultado de agresiones sexuales o incesto. La aprobación codificaría efectivamente en la constitución estatal la ley existente en el estado que prohíbe el aborto después de las 12 semanas de embarazo, aunque con algunas excepciones.
Otro de los temas que estarán en juego en varios estados es el del uso de la marihuana. De acuerdo a Forbes, en 21 estados y también en el Distrito de Columbia está legalizado el uso recreativo para adultos mayores de 21 años, pero además 37 estados tienen programas legales de marihuana medicinal.
En la votación del martes, los ciudadanos de cuatro estados más, Florida, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur, decidirán la próxima semana si se unirán a los territorios donde el cannabis es legal.
Una medida electoral en Florida permitirá a los votantes decidir si la marihuana recreativa es legal para todos los mayores de 21 años, en este estado donde la marihuana medicinal ya es legal.
En Nebraska, donde el uso de la marihuana sigue siendo ilegal en todos los casos, dos medidas legalizarían y regularían el uso y la venta de marihuana medicinal.
Mientras tanto, en Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde la marihuana es legal exclusivamente con fines médicos, los votantes decidirán si su uso se extiende a los recreativos.
La inmigración, uno de los temas que más han estado presentes durante la campaña electoral, será de consulta únicamente en el estado de Arizona.
La legislatura de Arizona, cuya frontera sur limita con el estado mexicano de Sonora, es controlada por los republicanos, y propuso a los ciudadanos una controvertida política de inmigración que aumentaría el uso de una base de datos federal para verificar la elegibilidad para el empleo y otorgaría a las agencias estatales y locales de aplicación de la ley la autoridad para detener y deportar a quienes crucen la frontera de manera ilegal, a pesar de que los fallos judiciales determinaron que ese poder lo tiene únicamente el gobierno federal.