Como en las más férreas dictaduras, la cárcel sirve al gobierno salvadoreño para atemorizar a sus oponentes. Pero lo novedoso en el caso del joven presidente es que ha podido instrumentalizar la prisión para su beneficio personal logrando, por un lado, aumentar su popularidad y, por otro, terminar con la oposición política.
La prisión como herramienta
En 2022, al cierre de su tercer año frente al gobierno, Nayib Bukele tenía pocos resultados de gestión. El Salvador de entonces (como el de ahora) seguía siendo un país con tasas relativamente altas de desempleo, en donde la pobreza crecía y la migración irregular no cesaba. Todo esto en el contexto de una situación de violencia decreciente, pero con la amenaza de las pandillas latente.
Cuando Bukele asumió el poder, con casi 20 muertes por cada 100.000 habitantes, lejos estaba aquel país de 2016, con 106 muertos por cada 100.000 habitantes. El Salvador había alcanzado el macabro reconocimiento de ser “el más violento del mundo”.
Aunque la tasa de homicidios durante los primeros años del gobierno de Bukele tenía características epidémicas según parámetros de la OMS, reflejaba un alivio a la situación de la que venían los salvadoreños.
Tregua a las pandillas
En parte, los homicidios se mantenían controlados gracias a la ya conocida tregua, documentada y reconocida tanto por la prensa como por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el gobierno de Bukele mantuvo con las pandillas. Dicha tregua se rompió a inicios de 2022, y en vez de constituirse en crisis se convirtió en una oportunidad que Bukele no dejó escapar. El presidente decidió entonces sacrificar a las otrora poderosas pandillas, convirtiéndolas en peones.
Para el ambicioso mandatario, el rompimiento de la tregua significaba redimensionar a las pandillas como nuevo enemigo para apuntalar sus objetivos políticos. Y sería la cárcel el instrumento privilegiado para lograrlo.
Un poder Legislativo con dependencia total del Ejecutivo facilitó decretar el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, vigente a la fecha. Bukele prometió que con la medida podría desarticular las pandillas. La sociedad, víctima de amenazas, extorsión, desapariciones y homicidios atribuibles a dichos grupos, recibió con alivio y esperanza el ofrecimiento del gobierno, aunque significara renunciar a garantías constitucionales.
El proceso de encarcelamiento masivo inició en abril de 2022. Según datos oficiales, El Salvador encarceló a 80.000 personas en dos años, lo que significa 70.000 más de los encarcelamientos esperados. Son estas 70.000 personas los presos de Bukele.
Encarcelamiento masivo
¿Por qué y para qué sirve este encarcelamiento masivo? Creer que la respuesta es la benevolencia del presidente o una estrategia planificada por su equipo de seguridad puede ser tan ingenuo como peligroso.
Incluso los más férreos críticos de Bukele deben reconocer la efectividad de la indiscriminada política de encierro del régimen salvadoreño para acelerar la reducción de los homicidios en el país. Existe una correlación positiva inversa (-.062; p<.02) entre el encarcelamiento y la reducción de las muertes violentas, así como otros crímenes como la extorsión y las desapariciones.
Aunque se trate de una decisión improvisada que responde a razones equivocadas, este es el único logro palpable que puede atribuirse al gobierno de Bukele. Y constituye un terrible (mal) ejemplo de lo que significa en la práctica la disposición manifiesta de los latinoamericanos de sacrificar libertades democráticas a cambio de mayor seguridad ciudadana.
La lección es que, al menos a corto plazo, instrumentalizar la represión para satisfacer la necesidad de seguridad brinda popularidad a los gobernantes.
Cárcel y poder
Otra función, ahora más perversa, es normalizar el comportamiento político de los salvadoreños. En Vigilar y castigar, Michel Foucault (2003) definió la prisión como un ejemplo de “tecnología del poder”, ya que no se trataba de un simple lugar de encierro, sino de un mecanismo complejo que buscaba transformar a los individuos.
La cárcel es un poder que controla, disciplina y, especialmente, normaliza. En un país donde todo es político, el gobierno amenaza con el castigo a quienes se atreven a participar en política. Junto a los homicidios también se ha reducido la oposición al Ejecutivo. Toda oposición. Líderes de la izquierda salvadoreña, de donde surgió Bukele, han entrado y salido de la cárcel (a cambio de servicio comunitario). Incluso se llegó a publicitar la captura de exfuncionarios y ministros, que, de ser verdaderamente culpables, aún estarían en prisión.
Actualmente, Ernesto Muyshondt, un político del conservador Arena que se atrevió a desafiar públicamente al presidente, está en prisión en condiciones crueles y denigrantes, en un viciado proceso judicial.
Dichos encierros cumplen una función ejemplarizante. Incluso los al menos 10.000 inocentes que el gobierno llama con desdén “el margen de error” mandan un mensaje a los ciudadanos: todos pueden ser sujetos de cárcel, sin que los funcionarios de Estado tengan que rendir cuentas o explicaciones.
No sólo se juzga y castiga la transgresión de la ley, sino que se instruye el comportamiento que el Ejecutivo espera de sus ciudadanos: aceptar de manera acrítica a Nayib Bukele y su gobierno.
Sin quejarnos, al pie de la letra
Embriagado de poder, el día de la toma de posesión de su segundo (e inconstitucional) mandato, al que llegó con más del 80% de la votación, Bukele exigió a los ciudadanos: “Hagamos un nuevo juramento para defender las decisiones que tomaremos en los próximos cinco años: juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos [...] y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”.
Todo aquel que hable o se considere “enemigo del pueblo” se sale de la normalidad de Bukele y la cárcel está entre sus posibles destinos.
Finalmente, es importante reconocer que el uso de la prisión requiere un sistema de justicia discrecional y un poder legislativo secuestrado, lo que revela la ausencia de poderes independientes. Si la cárcel es una extensión del Poder Judicial y este a su vez es una extensión del Ejecutivo, estamos ante una democracia jaqueada.
Los salvadoreños deben advertir que las prisiones no están siendo utilizadas como mecanismos para sancionar delitos o medios a través de los cuales se busca la reinserción social. El presidente utiliza el sistema penitenciario a su conveniencia y parece ser que lo seguirá haciendo, convirtiéndolo en una herramienta para enquistarse en el poder.
Una versión más extensa de este texto fue publicada originalmente en Diálogo Político.