Por una abrumadora mayoría, el Senado de Paraguay aprobó el miércoles un proyecto de ley que prevé el control de la financiación y las actividades de las ONG tanto locales como extranjeras.
Con el voto favorable de 31 de los 45 integrantes de la cámara alta del Parlamento paraguayo, quedó aprobada la normativa, que ya había sido refrendada por los diputados,“que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
Según el texto, que fue presentado por la bancada de Honor Colorado, el sector mayoritario del oficialismo que es liderado por el expresidente Horacio Cartes, la ley regirá para las ONG que “reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros estados”.
Se estima que en Paraguay hay, bajo diferentes figuras legales, entre 8.000 y 10.000 ONG que trabajan en diversas áreas de la sociedad y que en algunos casos ejercen un verdadero contrapeso al poder casi total que tiene el oficialista Partido Colorado.
Esta ley surge bajo el argumento de que con su aprobación se está cubriendo “una laguna legislativa”, con relación al destino del dinero que reciben las organizaciones civiles sin fines de lucro, de acuerdo a lo que expresó el senador colorado Derlis Maidana.
Durante la sesión en la que se aprobó la normativa, legisladores de la minoritaria oposición criticaron con dureza su aprobación. “No queremos que se retroceda a tiempos oscuros que vivimos recientemente en la dictadura stronista”, expresó Esperanza Martínez, senadora del izquierdista Frente Guasú. “Necesitamos coraje y valentía del presidente para que haga lo que tiene que hacer: vetar”, fue su pedido al presidente Santiago Peña.
Por su parte, Ignacio Iramain, representante del centroizquierdista Partido Encuentro Nacional (PEN), dijo: “Nos están invitando al entierro de la sociedad civil, que quede constancia de mi rechazo. Es una ley que criminaliza la sociedad civil. Se ha convertido en una verdadera cacería política”. “Apuntan al jaque mate de los medios de prensa, que es el siguiente paso. Usted va a ser el dictador que la historia va a recordar”, expresó Iramain, dirigiéndose al presidente Peña.
Ahora, para que la ley entre efectivamente en vigor, hace falta solamente la firma del presidente Santiago Peña. Pero si bien todo hace suponer que el mandatario aprobará lo que sus detractores denominan como “ley garrote”, legisladores de la oposición, así como referentes de organizaciones sociales, le están pidiendo a Peña que la vete.
Por su parte, representantes sociales advirtieron de que la ley “está en manos del presidente de la República”. “Creemos que la ley que ha sido sancionada ataca los cimientos de la democracia participativa y pluralista que está consagrada en nuestra Constitución Nacional, entonces solicitamos el veto total de la ley, declaró el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, Dante Leguizamón, en una conferencia de prensa que fue consignada por la agencia Efe.
Leguizamón advirtió de que el proyecto de ley aprobado por el Congreso “parte de una falacia de que las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones sin fines de lucro no están controladas”.
En ese sentido, Leguizamón argumentó que dichas entidades están bajo la reglamentación del Código Civil, de distintas leyes nacionales y de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entre otras.