Este jueves, el gobierno venezolano anunció la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y les dio a sus 13 funcionarios un plazo de 72 horas para salir del país.
Yván Gil, el canciller del Ejecutivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un comunicado en el que acusó a los empleados de la oficina de demostrar una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas” hacia Venezuela, según informó Infobae. Gil condenó el “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. Gil les exigió a los funcionarios que “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional”.
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El martes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó en X su “profunda preocupación” por el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, que fue detenida por supuestamente ser vinculada con un plan de asesinar a Maduro, una acusación para la cual no se han proporcionado pruebas. La oficina declaró también que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada” y exigió su liberación inmediata. La hija, el exmarido, dos hermanos y la expareja de San Miguel también fueron detenidos después de su arresto. Hasta el jueves sólo su expareja permanece bajo custodia, según informó The Guardian.
El miércoles, la televisión estatal venezolana criticó los comentarios del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri. Recientemente visitó Venezuela y acusó al gobierno de Maduro de no abordar las causas fundamentales del hambre y dijo que el programa de alimentos del gobierno es susceptible de influencias políticas.
Según explicó The New York Times, la oficina de derechos humanos de la ONU tiene presencia en Venezuela desde 2019. Según Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, un grupo de investigación de asuntos internacionales en Londres, el propósito del grupo de la ONU es presionar al régimen de Maduro para mejorar los derechos humanos a través de la comunicación con los funcionarios.
Los funcionarios también han tenido acceso a prisiones y centros de detención, además de evaluar cómo las sanciones de gobiernos extranjeros afectan los derechos humanos. La organización ha pedido al gobierno venezolano que aborde el hambre y la desnutrición, al tiempo que anima a otros países a poner fin a las sanciones económicas. Hasta la expulsión de la oficina de derechos humanos, las Naciones Unidas tenían 18 agencias en Venezuela, con un gran complejo de oficinas en el este de la capital del país, Caracas. Las agencias de la ONU sólo pueden existir con la autorización de Maduro, que tiene el poder de suspender sus actividades en cualquier momento.
La Oficina del Alto Comisionado en Ginebra respondió a la decisión de Maduro en un comunicado que envió a AFP: “Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos”.