El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este jueves un comunicado en el que señala que los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay “manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel” en Venezuela. En ese sentido, piden a las autoridades venezolanas su liberación inmediata y “deponer los cargos realizados”.

San Miguel, de 57 años, es abogada, magíster en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y experta en temas militares. La activista fue detenida el viernes pasado cuando se disponía a viajar de Caracas a Miami desde el aeropuerto de Maiquetía. El arresto fue efectuado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según informó El País de Madrid. Otros cinco familiares de San Miguel también fueron arrestados: su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que San Miguel fue detenida por estar presuntamente vinculada a un intento de golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, que incluía el asesinato del presidente.

Los gobiernos también rechazan “las recientes medidas” contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Venezuela y “reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.

Este segundo punto que rechazan los gobiernos de la región refiere a la decisión de Venezuela de suspender las actividades de la ONU en el país. El gobierno de Maduro “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dice un comunicado difundido por el canciller venezolano, Yván Gil.