A los 25 años, Rosa Amalia Mendoza parecía haber vivido varias vidas. Había sido integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero abandonó las armas y se desmovilizó luego del Acuerdo de Paz con el gobierno en 2016. Después de ese cambio fundó una organización para los derechos humanos de los campesinos en el departamento de Bolívar, al norte de Medellín. Se enamoró y tuvo una hija. A los 25 años, el 25 de diciembre de 2020, a eso de las cuatro de la mañana, Rosa Amalia Mendoza fue asesinada.
Una serie de documentos secretos de la Fiscalía de Colombia –a la que OjoPúblico tuvo acceso como parte de la serie investigativa NarcoFiles– revela que este crimen fue considerado un “hecho detonante” en la disputa por el territorio y el negocio de la minería ilegal que hasta hoy mantienen distintos grupos armados y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Luego de dejar las armas, Rosa Amalia continuó viviendo en el municipio de Montecristo, su lugar de nacimiento y el mayor productor de oro en Bolívar. Históricamente, las FARC dominaban el negocio de la minería ilegal en esa región, en paralelo con estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sin embargo, tras el Acuerdo de Paz y sin una presencia significativa del gobierno, los exguerrilleros como Rosa Amalia quedaron expuestos a los conflictos entre Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), deseosos por dominar el lucrativo negocio de la minería ilegal.
Su muerte fue el resultado de una declaración de “guerra abierta” por el control territorial de las rentas ilícitas de la minería ilegal entre el Frente de Guerra Guillermo Ariza (del ELN) y el Frente 37 de las disidencias de las FARC. En enero de 2021, el ELN se atribuyó el asesinato de Rosa Amalia y la acusó de continuar colaborando con su antigua organización.
Los grupos armados de Colombia tienen entre sus principales fuentes de financiamiento –como detallan los documentos a los que se accedió para esta investigación– la minería ilegal. A pesar de que las autoridades reconocen que un alto porcentaje del oro tiene origen ilícito y que la disputa por el negocio ha agudizado la violencia, el mineral termina incorporándose al comercio global.
Sólo en 2022, Colombia exportó 70 toneladas de oro, por un valor de 2.900 millones de dólares, de acuerdo con los datos de exportaciones analizados por OjoPúblico. Pero desde hace tiempo se conoce que una enorme cantidad de lo producido y exportado tiene un origen criminal.
La Organización de los Estados Americanos señaló en un informe de 2022 que más del 80% del oro que sale de Colombia es de origen ilegal. También menciona que en los últimos años se ha consolidado como la actividad ilícita más rentable de los grupos armados, complementando las actividades del narcotráfico.
Al mismo tiempo, otro informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado este año, señala que el 85% de la explotación de oro aluvial se concentra en tres departamentos: Chocó (40%), Antioquia (37%) y Bolívar (8%). En este último caso, el 70% del oro aluvial que se produce es ilícito.
La zona de Bolívar, donde vivía Rosa Amalia, es una de las áreas más pobres del país, pero también es una de las más ricas en oro y otros minerales valiosos como el coltán. Además, constituye una zona estratégica, por su ubicación y vías, para el traslado de droga.
OjoPúblico tuvo acceso a documentos reservados y secretos de la Fiscalía de Colombia que exponen cómo la minería ilegal en Colombia se ha convertido en los últimos años en la industria ilícita más preocupante para el financiamiento del terrorismo y los grupos armados.
Uno de estos documentos –que corresponde a un informe de la Policía Judicial de 2022– señala que en varias regiones del país, incluyendo el sur de Bolívar, la minería ilícita representa “más del 50% del total” de la economía de los grupos criminales.
En Colombia, los informes reservados detallan que en las zonas de minería ilegal operan el ELN y disidencias de las FARC, denominadas actualmente GAOR.
Estos mismos territorios son disputados también por el Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones del narcotráfico más grandes de Colombia. La banda criminal, que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), está conformada por exparamilitares, exguerrilleros y otros grupos que buscan controlar todas las actividades ilegales del país.
Este grupo, que surgió de los residuos paramilitares, se financia de las economías ilegales que distinguen cada región, incluyendo las comunidades en las fronteras de Ecuador y Venezuela, ha reportado La Silla Vacía.
Oro ilegal y financiamiento del terrorismo
A través de decenas de documentos reservados, OjoPúblico constató cómo las autoridades en Colombia persiguen el financiamiento de estos grupos armados, los límites de la trazabilidad del oro colombiano y sus nexos con acciones terroristas.
“Los delitos más relevantes en cuanto a amenaza de lavado de activos y financiación del terrorismo continúan siendo la extracción ilícita de yacimiento minero (llamada también minería ilegal), de la cual se aprovechan estas redes transnacionales para llenar sus arcas con dineros ilícitos que posteriormente tratan de lavar mediante empresas fachadas distribuidas a lo largo y ancho del país”, dice el análisis de un informe de inteligencia de 2021, a partir de una investigación por lavado de activos.
El financiamiento de actividades criminales con el oro ilegal se viene agudizando en los últimos meses en parte porque el precio de la coca ha caído a nivel nacional, mientras que el del oro ha subido.
Un análisis del diario colombiano El Espectador constató que el precio de la pasta de coca en una zona del Cauca cayó 30% en un año. Por estos cambios los agricultores de la hoja de coca en Colombia han perdido ganancias significativas.
Elizabeth Dickinson, una investigadora senior en la organización sin fines de lucro International Crisis Group, dice que hay una conexión clara entre la crisis del precio de la hoja de coca y los conflictos sobre áreas mineras, como en la zona de Bolívar.
“Es una zona donde tiene una fuerte presencia el ELN, pero en los últimos meses los AGC [Clan del Golfo] han entrado muy fuerte [...] buscando tomar el control de la minería. Eso tiene que ver más que todo con sus fuentes de financiación; como la coca no está dando tanto, les toca buscar otras fuentes”, señala Dickinson.
El ingreso de los grupos armados al negocio ilícito funciona de diversas formas. Dickinson señala que el ELN ha tenido como fuente de financiación histórica a la minería ilegal, pero otros grupos, como el Clan del Golfo, están luchando por territorios que han sido históricamente dominados por las FARC y el ELN.
Según Iván Díaz, de la firma de asesoría de seguridad ORCA Risk Corp. y exmiembro de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal de Colombia, el Clan del Golfo es un grupo que gana fuerzas en el contexto de la desmovilización de las FARC a través del Acuerdo de Paz de 2016. En 2020 era considerada la estructura armada ilegal más grande de Colombia.
“Creció tanto que además ya comenzó a enfrentarse al ELN y lucharle por zonas específicas. Y el tema de la minería es muy atractivo para ellos, porque mueve casi el triple dinero de lo que se mueve en el narcotráfico”, señaló Díaz. “Sin embargo, digamos que las FARC y el ELN siguen siendo los hegemónicos en términos del control minero en Colombia”.
Documentos secretos de la fiscalía colombiana a los que accedió OjoPúblico dejan en evidencia que una de las mayores fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales es el cobro de extorsiones a mineros de la zona, muchos de ellos informales, o cobrar por dejar entrar maquinarias e insumos, como retroexcavadoras y gasolina.
En noviembre de 2021, un miembro del Frente 37 de las FARC confesó en un interrogatorio con fiscales que incluso cobran cupos a empresas legales de oro que operan en Bolívar.
“Los grupos armados como el ELN o como las antiguas FARC llegaban al minero y le prolongaban un impuesto de guerra. El impuesto era por porcentaje y usted sacaba según el gramaje. Por ejemplo, 1.000 gramos de oro en el mes le daban 5% al ELN y 5% a las FARC, según lo que usted produjera. Eso se le colocaba a todo minero, empresarios grandes y mineros artesanos. Cuando ya las FARC se desmovilizan, el ELN empezó a cobrar el 5% de las FARC, entonces ahora cobraba un 10%”, declaró el exmiembro de las FARC durante el interrogatorio.
Los retos de la fiscalía contra la minería ilegal
Un documento de la fiscalía expone lo mucho que hace falta para perseguir el delito. En una presentación interna de 2022, revisada por OjoPúblico, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación colombiana detalló las acciones de cooperación entre la fiscalía y autoridades de otros países en la lucha contra delitos ambientales en Colombia.
La fiscalía reconoció –en este documento– que en 2018 la minería ilegal “afectó más de 92.046 hectáreas y se consolidó como una de las principales fuentes de ingresos de actores armados (disidencias de las FARC y ELN) y deterioró gravemente fuentes hídricas de importancia”, como los ríos Cauca, Atrato y Quito.
Los delitos contra el ambiente, destacaba la presentación, son como “otra manifestación del crimen organizado”, y presentaba como prioridades la deforestación y la minería ilegal. Entre los países que mencionó como aliados para frenar esos crímenes –particularmente en la Amazonia– estaban Estados Unidos, Noruega y Alemania. Estos países, precisamente, son los que tienen los proyectos de cooperación más grandes en la lucha contra la deforestación en la Amazonia andina.
Sin embargo, la autoridad fiscal admitió que la estrategia contra la minería ilegal no estaba a la par del crecimiento de los delitos ambientales, especialmente con la deforestación, un delito conexo de la minería ilegal.
“La tendencia en la entrada de casos por delitos medioambientales es creciente, pero no suficiente (entre los años 2012 y 2019 esta aumentó en un 23%). Por ejemplo, mientras que entre 2012 y 2018 las alertas por pérdida de cobertura vegetal en el país aumentaron en un 138%, las entradas para todos los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente en la fiscalía aumentaron tan sólo en un 45% en el mismo período de tiempo”, destaca el documento.
Incluso señalaron que el número de casos por “investigación iniciada de oficio” cayó en 5%. En la misma presentación, la fiscalía concluyó que debía incrementar el número de investigaciones de estos delitos. Entre 2016 y 2019 se registraron 17.418 casos, pero sólo en el 14% de estos se formuló una imputación y apenas el 3% tenía una sentencia. El 85% (14.618 procesos) continuaba en etapa de indagación.
La importancia de la debida diligencia
Los territorios que más importan oro desde Colombia son, en ese orden, Estados Unidos, Italia y Hong Kong. En los últimos años, Emiratos Árabes Unidos también ha aumentado sus niveles de importación. Existen estándares internacionales que promueven que las compañías establezcan cadenas de suministros responsables, con la finalidad de tener una adecuada trazabilidad que permita impedir el lavado de productos de origen ilegal.
El rol de esta debida diligencia por parte de las compañías que compran oro en países como Colombia, donde se conoce desde hace años que hay una conexión directa con los grupos armados y otras actividades criminales, ha llamado la atención de organizaciones en contra del lavado de activos.
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition) destacó que Estados Unidos facilita el flujo de fondos ilícitos de delitos ambientales como la minería ilegal por medio del secreto financiero.
Una de las debilidades que identificó fue precisamente la poca información sobre el comercio de oro que comparte Estados Unidos con países productores como Colombia y Perú. “Es complejo porque a diferencia, por ejemplo, de los diamantes, que tienen el Proceso Kimberley, que obviamente es más robusto, en el caso del oro no hay cómo rastrear si viene de una mina legal o ilegal”, dice Dickinson.
Varios estudios y expertos coinciden en que la minería ilegal está asociada a otras actividades ilegales como la extorsión de comerciantes, los secuestros y el narcotráfico. “El que produce la coca y arranca la hoja es el mismo que 200 metros más allá también hace minería, porque son áreas geográficas convergentes. Entonces, pues es eso, son comunidades vulnerables […] No hay la presencia del Estado que les permita, digamos, desarrollarse del punto de vista legal. Y eso lo aprovechan los grupos ilegales para reclutarlos para lo que sea”, señaló Díaz, asesor de seguridad de ORCA Risk Corp.
La minería ilegal y el proceso de paz
La muerte de Rosa Amalia se dio también en el contexto de un proceso de paz que aún tiene un largo camino por recorrer. Ella fue una de los más de 350 exguerrilleros que fueron asesinados tras el Acuerdo de Paz en 2016, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas.
Colombia, al igual que otros países andinoamazónicos como Perú, enfrenta los impactos de un avance desmedido de la minería ilegal como fuente de ingresos a los grupos armados y organizaciones criminales. OjoPúblico reveló el mes pasado que las actividades criminales de los grupos armados colombianos –incluyendo la minería ilegal– han ido expandiéndose a lo largo de la región del río Putumayo, en la frontera con Perú.
Los impactos de la comercialización de oro ilegal no son sólo ambientales, sino también humanitarios. La Defensoría del Pueblo en Colombia alertó en noviembre que más de 1.400 personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares a raíz del fuego cruzado. Una situación similar a la que se registró en 2021, el año después del homicidio de Rosa Amalia Mendoza, cuando decenas de familias abandonaron sus hogares en las zonas rurales para huir de la violencia.
“Lo que está sucediendo en el sur de Bolívar no es una situación nueva”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en noviembre, en un comunicado. “Los enfrentamientos entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo y la guerrilla del ELN tienen lamentablemente inmersos en un ambiente de temor y zozobra a menores de edad, mujeres, adultos y adultos mayores. Las autoridades deben actuar cuanto antes con medidas reales y efectivas”.
Este artículo fue publicado originalmente por OjoPúblico y es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, y del que OjoPúblico forma parte, se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios en el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.