La Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 3.000 migrantes desaparecieron o murieron cruzando el mar Mediterráneo en 2023. Desde el principio de 2024, casi 100 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central y oriental, una cifra que es más del doble de la registrada en el mismo período de 2023.
En medio de esta crisis, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tomado medidas aún más estrictas contra la migración. Una de ellas fueron las restricciones contra los barcos de las ONG que rescatan a los refugiados en el mar. Según informó la agencia de noticias Reuters, estas limitaciones se convirtieron en un decreto-ley gubernamental en febrero de 2023 y declaran que los barcos tienen que pedir acceso a un puerto inmediatamente después de un rescate y viajar ahí “sin retraso”, en lugar de quedarse en el mar buscando a otros refugiados en peligro. Antes, algunos barcos de ONG podían pasar varios días en el mar mientras llevaban a cabo operaciones de rescate. Además, las ONG tienen que proporcionar información detallada sobre sus actividades de rescate. Cualquier incumplimiento de la ley puede resultar en una multa de hasta 50.000 euros y violaciones repetitivas pueden resultar en la confiscación de los barcos.
El primer día de 2024, las autoridades italianas confiscaron un barco de rescate de migrantes, que pertenece a la ONG SOS Méditerranée, por no dirigirse al puerto indicado por las autoridades italianas inmediatamente. El barco, que se llama Ocean Viking, se despliega desde 2016 y ha rescatado a miles de personas en peligro, según informó Euronews. El Ocean Viking fue detenido después de rescatar a 244 personas en la zona de búsqueda y rescate libia en el mar Mediterráneo, entre ellas a 18 menores no acompañados por adultos y cuatro niños menores de cuatro años, según informó Radio Francia Internacional. El barco se desvió de su ruta designada para responder a otro llamado de auxilio a 15 millas náuticas de distancia, pero después de darse cuenta de que el llamado de auxilio provenía de 60 millas náuticas de distancia, en realidad, reanudó su viaje hacia al puerto de Bari. Sin embargo, cuando el Ocean Viking llegó a Bari, fue confiscado por 20 días y el equipo recibió una multa de 3.300 euros, acusado de no coordinar sus acciones con las autoridades italianas.
Alessandro Porro, rescatista y presidente de la operación de SOS Méditerranée en Italia, dijo a Associated Press: “Nos acusan de no haber seguido las órdenes de la guardia costera italiana y la única culpa que tenemos es la de seguir la ley del mar”. Por su parte, Mary Finn, rescatista del Ocean Viking, dijo: “Sabemos que esto es una táctica para intentar detener nuestra operación, en lugar de ser algo que es válido en alguna manera. Encuentro doloroso sentir que la humanidad no está de nuestro lado o que las autoridades no están de nuestro lado, porque es tan obvio, cuando hacemos este trabajo, que lo que hacemos es lo correcto”.
En la última semana de enero, otro barco de rescate, Open Arms, que llevaba 57 migrantes según InfoMigrants, fue confiscado por 20 días. El barco había llevado a cabo tres operaciones de rescate separadas y estaba destinado a Brindisi, pero se dirigió a Crotone por cuestiones climáticas. El equipo informó que fue interrogado por seis horas en Crotone y acusado de interponerse en el camino de un buque patrullero libio durante un rescate de 45 personas; el buque patrullero trasladó a esas 45 personas. Ahora el equipo del Open Arms se enfrenta a una multa de hasta 10.000 euros, pero la ONG afirma que cumplió con todas las órdenes del Centro de Coordinación Marítima en Roma y declaró: “Este procedimiento es completamente innecesario, porque las tres operaciones de rescate fueron coordinadas por las autoridades italianas y se siguieron todas las indicaciones recibidas por el Centro de Coordinación Marítima”. En X, la ONG escribió: “¿Nuestra culpa? Según las autoridades, impedimos la intervención de la llamada guardia costera libia. Esta acusación, además de falsa porque nuestro barco se limitó únicamente a observar las acciones de los libios, legitima una práctica prohibida por la Convención de Ginebra. De hecho, queda expresamente prohibido capturar y devolver a las personas al lugar del que huyen”. Continuó: “A estas alturas, todos sabemos lo que ocurre en los centros de detención libios y qué milicias gestionan la trata de personas”.
El martes pasado, un barco que pertenece a la ONG SOS Humanity fue confiscado por las autoridades italianas después de una disputa con la Guardia Costera Libia mientras estaba rescatando a decenas de migrantes. Según informó Reuters, el barco Humanity 1 fue confiscado por 20 días en el puerto de Crotone, donde atracó el lunes después de trasladar a 77 migrantes a tierra. La ONG dijo que intervino el sábado para ayudar a aproximadamente 100 migrantes en tres barcos en peligro cerca de Libia y Túnez, y que al menos una persona se ahogó después de que miembros de la Guardia Costera Libia amenazaran a los rescatistas y migrantes con una ametralladora, lo que causó que algunas personas saltaran al mar. SOS Humanity dijo que varias familias fueron separadas porque algunos migrantes fueron llevados por la ONG y otros por la Guardia Costera Libia.
SOS Humanity, cuyo buque Humanity 1 también fue confiscado en diciembre de 2023, supuestamente por hacer caso omiso de las peticiones de la Guardia Costera Libia para abandonar la zona de un rescate, ha acusado a las autoridades italianas de prevenir a los migrantes rescatados de desembarcar rápido. En un comunicado publicado en Facebook a finales de enero, explicó que, durante un rescate, las autoridades italianas asignaron al barco a un puerto que quedaba lejos. Escribió sobre el rescate de los migrantes: “Se les niega el desembarco lo antes posible. Las autoridades italianas asignaron el Humanity 1 al puerto de Marina di Carrara, en el norte de Italia, a 1.200 kilómetros de distancia. ¡Pedimos a Italia que ponga fin a esta práctica de asignar puertos lejanos, al consiguiente peligro para los rescatados y a la obstrucción de los barcos de rescate!”.
El mismo día, acusó a las autoridades libias de “maniobras muy peligrosas”. Publicó una foto de un barco libio con el texto “Maniobras altamente peligrosas de la llamada Guardia Costera Libia en aguas internacionales: esta mañana, sin previo aviso, una lancha patrullera partió a toda velocidad en un curso de colisión con el Humanity 1, cruzó su proa y la rodeó durante minutos a una distancia de menos de 50 metros”.
Giulia Messmer, vocera de la ONG Sea-Watch, cuyos barcos Sea-Watch 5 y Aurora rescatan a migrantes en peligro en el mar, dijo a la diaria que las medidas tomadas por el gobierno italiano contra los barcos de búsqueda y rescate son una “herramienta” para “criminalizar y obstruir la migración”.
Messmer recordó un caso de agosto de 2023 en el que el Aurora desarrolló una operación de 37 horas, después de rescatar a 72 personas. El puerto más cercano habría sido Lampedusa, pero las autoridades italianas insistieron en enviarlos a Trapani como su puerto designado, que estaba mucho más lejos. Según Messmer, esta decisión de las autoridades italianas “puso en riesgo innecesariamente la salud de los sobrevivientes a bordo”, dado que los niveles de agua y combustible en el barco eran bajos. Explicó que, según el derecho internacional, se debe asignar el puerto adecuado más cercano para el desembarco de las personas rescatadas en el mar y que tales demoras pueden ser peligrosas para los rescatados, quienes pueden sufrir quemaduras debido a una combinación de agua salada y combustible y sufrir deshidratación.
Además, describió a “la llamada Guardia Costera Libia” como “muy, muy violenta” y explicó que hay evidencia que muestra que Libia no se puede considerar un país seguro, lo que significa que los migrantes no deberían tener que desembarcar allí en caso de ser interceptados, debido al riesgo de “violaciones, torturas y asesinatos”. Explicó que estos migrantes, que intentan huir de países peligrosos como Libia, se pueden encontrar “en un ciclo de violencia”.
En febrero de este año, la Corte de Casación de Italia falló que entregar migrantes a la Guardia Costera Libia es ilegal, ya que Libia no ofrece puertos seguros, y que facilitar la interceptación de migrantes y refugiados por parte de la Guardia Costera Libia puede calificarse de delito de “abandono en estado de peligro de menores o personas incapacitadas, y desembarco y abandono arbitrarios de personas”, según informó InfoMigrants.
El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos también informa que los migrantes y refugiados que son interceptados mientras cruzan el Mediterráneo y devueltos por la fuerza a centros de detención libios a menudo sufren “graves abusos contra los derechos humanos”. Messmer recordó casos de violencia contra barcos de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera Libia, incluidos disparos al aire, entre otras amenazas.
Messmer criticó también a Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que tiene dos responsabilidades según su mandato: la protección de fronteras y salvar vidas en el Mediterráneo. Messmer sostuvo que “lo que vemos a diario es que realmente el segundo mandato que tiene, salvar vidas en el Mediterráneo, no se cumple”. Agregó que hay evidencia de cooperación entre Frontex y la Guardia Costera Libia, como el intercambio de información sobre las ubicaciones de casos de emergencia en el mar que pueden llevar a que las personas sean “devueltas a Libia”. Acusó a Frontex de “estar involucrada en delitos de derechos humanos” y ser “cómplice de un sistema de violencia contra las personas en movimiento”. Forma parte de la evidencia de esta cooperación una carta filtrada a Lighthouse Reports y a la revista Spiegel en febrero, que reveló que Frontex había proporcionado a la Guardia Costera Libia la ubicación de barcos de migrantes más de 2.000 veces en tres años.
Messmer cree que las “narrativas sobre los contrabandistas” han contribuido a la hostilidad hacia los refugiados en Italia, caracterizando a algunas personas en movimiento como “contrabandistas”, una narrativa “utilizada para deslegitimar la migración forzada” y presentarla como un “factor de riesgo”, a pesar de que el derecho internacional establece que toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Según ella, la “criminalización de las personas en movimiento” es un tema “oculto” y “silenciado” del que las sociedades no hablan tanto, en comparación con la criminalización de la búsqueda y los rescates civiles, por ejemplo.
Tugba Basaran, directora del Centro para el Estudio del Movimiento Humano Global de la Universidad de Cambridge, dijo a la diaria que “el discurso ha estado cambiando” en varios países, incluida Italia, ya que la gente ha llegado a ver a los refugiados como “las personas que transgreden nuestras fronteras y, en cierta medida, nuestros valores”: una idea en la que piensa que “se basan muchos partidos de extrema derecha hoy en Europa, incluida Italia”.
Cree que los países europeos han demostrado “cierto límite a la hospitalidad”, ya que la disposición de los países a aceptar refugiados “se ha convertido en un factor que depende de los intereses geopolíticos”. “Hay múltiples formas en las que se trata a los refugiados en Europa en este momento, dependiendo de los países de los que huyen y de su importancia geopolítica, así como de hasta qué punto son vistos como parte del sistema de valores europeo”, añadió.
El derecho internacional postula que hay un deber de “prestar asistencia en el mar”, algo que Basaran afirma que se aplica “sin lugar a dudas” en el caso de los barcos de rescate de ONG que están siendo sancionados por las autoridades italianas. Cree que este deber está “definitivamente siendo socavado”. Basaran expresó también que considera que algunos gobiernos europeos están “tratando de cuestionar y reinterpretar las normas legales y moralidades”, y reconoció que ahora queda la cuestión de quién puede aplicar el derecho internacional en el mar.
Frontex, según Basaran, tiene una “misión casi imposible” de tratar de salvar vidas además de mantener las fronteras, y dijo que “siempre ha tenido más énfasis en la seguridad y la cooperación con los estados miembros”, cayendo en la “categoría” de organizaciones que tienen objetivos dobles como salvar vidas y hacer cumplir leyes al mismo tiempo.
Basaran añadió que la pregunta de por qué los refugiados se ven sin más opción que viajar a Europa por mar es a menudo “desatendida”. Por su parte, los europeos a menudo pueden viajar sin visa o son elegibles para obtener una visa a su llegada, mientras que los refugiados están obligados a tomar “rutas peligrosas” porque “no existen medios legales” para que se puedan mudar a un país seguro. Explicó que las personas que viven en países afectados por conflictos pueden tener dificultades para obtener visas cuando las embajadas en estos países cierran y en otros países se revoca su derecho a solicitar una visa a su llegada. Si los refugiados que viajan en barcos tuvieran acceso a rutas legales, explicó, “no tomarían estos caminos peligrosos”.