Así como en sus primeras semanas de gobierno Javier Milei presentó cientos de medidas económicas, impulsadas en un paquete de leyes y otro de decretos, en marzo el presidente argentino pareció enfocarse en acciones contra quienes considera sus enemigos ideológicos. Un ejemplo es el anuncio de que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner. La medida fue presentada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar explicaciones y sin siquiera tener previsto un nuevo nombre.
En la red social X, a la que siempre está atento el presidente, muchos festejaron la noticia como un golpe al kirchnerismo. Otros opinaron que sólo busca distraer de problemas reales como el aumento del precio del gas, que en abril podría llegar a 500%, debido a la quita de subsidios. Algunos consideraron la medida como un intento de reescribir la historia borrando a los rivales políticos y otros la definieron como una provocación más del presidente.
En cualquier caso, el gobierno dio varias pruebas de que quiere llevar adelante una confrontación ideológica y simbólica al tiempo que intenta impulsar su agenda económica y de seguridad.
A fines de febrero prohibió el lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública. En la misma línea, el 8 de marzo, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, se anunció que el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada se convertiría en el Salón de los Próceres. La decisión se dio a conocer mediante un video difundido por cuentas oficiales al que le puso su voz Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente.
“Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos”, dijo Karina Milei. “Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos”, agregó.
Dijo que los homenajeados en el nuevo salón seguirán siendo referentes cuando pase un siglo, y aludió al Salón de las Mujeres como un “guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos”.
Todos los retratos que se exhiben en el nuevo salón son de hombres. Desde José de San Martín y Manuel Belgrano hasta Carlos Menem. Ya no están Juana Azurduy, nombrada general por Belgrano, después de combatir junto a él, ni María Remedios del Valle, otra figura de las luchas por la independencia. Tampoco están Eva Perón ni la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
“Que haya un Salón de las Mujeres tal vez sea hasta discriminador con los hombres”, consideró Adorni al comentar este cambio, durante su conferencia de prensa habitual. “El valorar a la mujer va más allá del nombre de un salón, y si hay alguien que valora a las mujeres efectivamente es el presidente Milei”, agregó.
En varias declaraciones, Milei negó que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres, cuestionó las políticas focalizadas para promover la igualdad de género, y definió a los defensores del aborto como los “asesinos de los pañuelos verdes”.
Negacionismo y dictadura
Otra fecha clave de marzo fue el domingo 24, cuando se cumplieron 48 años del golpe de Estado de 1976 y hubo una masiva movilización popular por el Día de la Memoria.
Para ese aniversario, el gobierno preparó un spot en el que aboga por una “Memoria completa”, consigna por la que milita la vicepresidenta Victoria Villarruel, que equipara el terrorismo de Estado con los delitos cometidos por grupos armados y pide reparaciones para víctimas de guerrilleros. De hecho, Villarruel publicó su propio video el domingo, en el que pide “verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo”.
El spot oficial, dirigido por el documentalista Santiago Oría, se enfoca en el asesinato de Humberto Viola y su hija de tres años, María Cristina, cometido en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo. No menciona el terrorismo de Estado ni la palabra dictadura.
El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla dijo al diario Página 12 que es “obvio que cualquier víctima de cualquier clase de violencia necesita justicia como herramienta reparadora”. Sin embargo, señaló que en este caso “los responsables de que esas familias no la tuvieran” fueron los integrantes de “la propia dictadura militar, que, en vez de juzgar, investigar y condenar, decidió aniquilar no sólo a esas personas que pudieron o no ser parte de un operativo, sino también a los trabajadores organizados, estudiantes, artistas, periodistas”. Pietragalla señaló además que “no es lo mismo la responsabilidad que tiene un Estado ante la decisión de aniquilar a un grupo político que una persona o una organización que lleva a cabo un delito”.
En el spot difundido por cuentas oficiales del gobierno también aparecen Luis Labraña, exguerrillero, y Juan Bautista Tata Yofre, autor de libros sobre los años 70 y extitular de la Secretaría de Inteligencia de Menem. Los dos niegan la cifra de 30.000 desaparecidos que es ampliamente aceptada. Labraña dice incluso que él inventó ese número y que se trata de una “mentira” que se mantuvo “por plata”.
“El video que publicó el gobierno es una provocación”, dijo el exministro de Ambiente Juan Cabandié, que fue un niño apropiado por la dictadura y cuyos padres permanecen desaparecidos. “Hay cuestiones debatibles, pero negar el genocidio que todos conocemos me parece muy criticable”, agregó. El abogado Javier Garín, militante por los derechos humanos y ambientales, presentó una denuncia contra Milei, Villarruel y Yofre por “apología del delito”. Consideró que “podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos”.
De acuerdo con el diario Perfil, Garín, que señaló que Argentina no tiene normas penales contra el negacionismo, pidió que se investigue si los denunciados cometieron delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, porque “es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico”. La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini.
Contra Estela de Carlotto
El domingo, en el acto multitudinario por el Día de la Memoria, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue la encargada de leer una proclama elaborada por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y reclamó una ley contra el negacionismo. “Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales, que tienen rango constitucional, y seguimos reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, dijo.
También el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel repudió “el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado” y ratificó que “son 30.000 los desaparecidos”.
Otra de las oradoras fue Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien denunció que con el actual gobierno la “persecución” y “difamación” a dirigentes políticos y sociales “vuelve a ser una práctica cotidiana”. En su cuenta de X, Villarruel publicó: “Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también”, y agregó el hashtag #NoFueron30000.
Horas después, Carlotto fue denunciada por el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, por una de las frases que pronunció en el acto del domingo. En referencia a Milei, la dirigente dijo: “Hagamos algo para que cambie o se vaya rápido”.
Para el fiscal, esas palabras pueden implicar una “amenaza de rebelión” y “alzamiento en armas contra la Constitución”, y señaló que “estas declaraciones se vieron precedidas por la quema, en la Ciudad de La Plata, de un muñeco que representaba al presidente Milei, lo que marcaba el contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos”. La denuncia quedó a cargo del juzgado federal de Julián Ercolini.
El diario Tiempo Argentino informó que años atrás Pettigiani fue recusado en una causa que investigaba asesinatos cometidos por la organización derechista Concentración Nacional Universitaria junto a la Triple A. Para Pettigiani, se estaban indagando delitos comunes prescritos, y no crímenes de lesa humanidad. En el pedido de recusación, presentado por organizaciones militantes por los derechos humanos, se dijo que en el dictamen el fiscal desarrolló un discurso alineado con la teoría de los dos demonios. Finalmente fue apartado del caso, que terminó con condenas para siete de los nueve acusados.
Su denuncia contra Carlotto no es el único hecho enmarcado en un momento en que se repiten las descalificaciones del gobierno contra los defensores de los derechos humanos.
En Misiones, soldados del ejército taparon pañuelos de Madres de Plaza de Mayo que habían sido dibujados el domingo frente a una sede militar, y les pintaron escarapelas encima. “Nos pareció inapropiado que pintaran con un símbolo que representa a una minoría”, dijo el coronel Carlos Sanmillán, según citó Tiempo Argentino. “Decidimos reemplazar esas pintadas con un símbolo de argentinidad que identifica a todos los argentinos: la escarapela”, afirmó.
El martes, en la municipalidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, la intendencia dispuso que fuera removida una escultura con la forma del pañuelo blanco colocada en una plazoleta el domingo. Su instalación no había sido aprobada por el municipio, dijo al diario La Nación la intendenta, Sara Majorel.
Represores en prisión domiciliaria
Durante el acto del aniversario del golpe, Carlotto se refirió también a las investigaciones judiciales sobre crímenes de la dictadura. “Desde el inicio del juicio, señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o atraviesa los procesos de libertad”, dijo. “Los detenidos son menos de 700 y más del 75% están en arresto domiciliario”, añadió.
En febrero, Página 12 informó que uno de esos represores que accedió a un régimen de prisión domiciliaria por “motivos humanitarios”, Jorge Olivera, hizo un festejo con 60 invitados y un concierto de Palito Ortega por sus 50 años de casado, sin avisarle al tribunal a cargo. Entre los invitados se encontraba la militante por la liberación de represores Cecilia Pando.
De acuerdo con el diario argentino, en 1976 y 1977 Olivera actuó como oficial de inteligencia en un centro de detención conocido como La Marquesita, y decenas de testigos lo identificaron como secuestrador y torturador.
Un día antes del aniversario del golpe, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que era necesario discutir la situación de militares que están detenidos sin condena por crímenes de la dictadura, y cuestionó que no tengan el beneficio de la prisión domiciliaria a los 70 años. “Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas. Los jueces tienen que ordenar eso”, dijo, y cerró con la frase: “Ya se ha convertido en una venganza”.
Educación y cultura
El miércoles, el presidente argentino dio un discurso en el Foro Económico Internacional de las Américas en el que dijo que “la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”. En particular se refirió a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que dijo que educaba sobre “autores verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad y en especial para la Argentina”. En esa facultad creen que Ludwig von Mises “es el 9 de Holanda”, mientras que “para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard”, dijo Milei. “Eso sí, al barbudo alemán, al empobrecedor de [Karl] Marx, sí lo conocen”, agregó.
La dirección de la carrera de Economía de la UBA calificó de “falaces” las afirmaciones de Milei y cuestionó la “total liviandad” de sus críticas. Señaló que el abordaje a los autores de la escuela austríaca, que defiende el presidente, está incluido en una asignatura obligatoria y también en una optativa “dedicada exclusivamente al tema, con una larga tradición en nuestra casa de altos estudios”.
En su comunicado, la dirección de la carrera se preguntó sobre estos “ataques injustificados”: “¿Se trata de meros prejuicios, de fanatismo ideológico, de pura ignorancia? ¿O es más bien una actitud que tiene que ser leída en el marco más general del ataque de la actual administración a todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de las instituciones del sistema de investigación y enseñanza universitaria?”. A un ataque de ese tipo se refiere también otra carta, que firmaron artistas, docentes, científicos y escritores en defensa de la Biblioteca Nacional. Repudian el despido de 121 de sus funcionarios y el congelamiento de su presupuesto.
El texto, firmado entre otros por Beatriz Sarlo, Claudia Piñeiro, Cecilia Roth y Horacio Altuna, afirma: “Nos manifestamos en defensa de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, cuyo quehacer y funcionamiento está siendo vulnerado por estos días, en el marco de un ataque gubernamental sistemático a la cultura, la ciencia y la educación argentinas”.
Despidos y desmantelamiento
Lo que ocurre en la Biblioteca Nacional es también parte de una política de despidos masivos en el Estado. Varios programas de la televisión pública fueron cancelados por recortes, y en las emisiones de esta semana sus conductores ya se despidieron de los televidentes. El miércoles fue el turno de Diana Zurco, la conductora del informativo central, que cuatro años antes se había convertido en la primera mujer trans en conducir un noticiero, y también fue la primera locutora trans de radio cuando ingresó en 2015 a la Once Diez, la emisora que gestiona el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Antes, el presidente había cerrado la agencia de noticias estatal, Télam, que con sus 80 años de historia era una referencia en el periodismo argentino, y a la que acusó de haber sido utilizada como un medio de propaganda kirchnerista.
Si bien los últimos despidos no fueron acompañados de declaraciones similares, es común que el presidente hable de los trabajadores estatales como personas que fueron contratadas por su militancia política y que no cumplen sus tareas.
Para Milei, no sólo sobraban funcionarios sino también las funciones que cumplían. Por eso ya no hay en Argentina un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y fue eliminado el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Esta semana también se conoció el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que según informó EldiarioAR, brindaba apoyo técnico a 250.000 pequeños y medianos productores, que lo consideran fundamental para su subsistencia.
Los despidos llegan a los más variados ámbitos y afectan tanto a trabajadores que ingresaron en la última administración como a otros con décadas de antigüedad. “Llevamos un poquito más de 10.000 despidos”, dijo a la radio El Destape el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Buenos Aires, Daniel Catalano. “Lamentablemente estamos en ese número con compañeros que tienen más de 20 años de antigüedad”, dijo, y explicó que no logran identificar el criterio para los despidos.
El diario Perfil citó el caso de Lucas Berengua, meteorólogo que trabajó durante 21 años en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “Me despidieron por altavoz. Mientras me echaban, me sacaban la computadora”, dijo el funcionario. “Yo no era un ñoqui. No me vengan con ese verso porque hasta ayer mismo a la mañana subí los pronósticos, era el vocero del SMN. Son años de estar a cargo del organismo en la parte de redes, de observación meteorológica y responsabilidad bajo tres centros internacionales”, agregó.
Días atrás, Milei anunció que se daría de baja a hasta 70.000 contratos más. Sin embargo, el vocero presidencial manifestó después: “Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo”.
El presidente de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que el sindicato convocó para el miércoles una jornada de movilización y paro que incluye el “ingreso masivo y simultáneo” de los trabajadores a las dependencias estatales. Advirtió que “cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre” y además, “detrás de cada puesto de empleo que se pierde hay una política pública que se desmantela”.