A partir de la semana que viene, entre el 21 y el 25 de marzo, las organizaciones políticas de Venezuela deberán inscribir en el Consejo Nacional Electoral a sus candidatos para las presidenciales del 28 de julio. El comando de campaña de María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias celebradas por la oposición, confirmó que presentará como candidata a la dirigente pese a que está inhabilitada por la Contraloría para postularse a cargos públicos hasta 2036.
Las organizaciones políticas que apoyan a Machado cuestionan esta inhabilitación, y lo mismo han hecho gobiernos como el de Estados Unidos.
Si bien Washington alivió en octubre las sanciones que pesaban sobre Venezuela, en especial sobre sus petroleras, amenaza con volver a aplicarlas a partir de abril si no se levantan las restricciones electorales contra Machado y se libera a los opositores presos.
El encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, llamó la semana pasada a los países de la región a que presionen al gobierno de Nicolás Maduro para que las elecciones de este año sean “libres y democráticas”.
Dijo que la situación en Venezuela es “profundamente preocupante” y consideró que los “incentivos” dispuestos, entre otros, por su país “no han sido suficientes para motivar a Maduro a hacer reformas porque cree que está en riesgo su gobierno”.
Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo el miércoles, en su programa semanal Con el mazo dando, que “Estados Unidos no tiene nada que meterse en las elecciones de Venezuela”.
Para Cabello, “no puede haber elecciones libres en las que Estados Unidos opine o esté metido” y, por lo tanto, su influencia “las hace manipuladas”. El dirigente agregó: “¿Cómo son elecciones libres si tienen a nuestro país sancionado? ¿Cómo son elecciones libres si tienen amenazado a nuestro presidente?”.
Maduro, además de encabezar el gobierno, fue designado candidato del oficialismo a las presidenciales, decisión que se prevé que se ratifique este viernes.
En su sesión del jueves, el Parlamento Europeo trató la situación política en Venezuela y aprobó una resolución no vinculante en la que pide “a la comunidad internacional que apoye el retorno a la democracia en Venezuela, en particular a la luz de las próximas elecciones, en las que debe permitirse la plena participación de la líder de la oposición al régimen, María Corina Machado”.
El texto recibió 497 votos a favor y 22 en contra, mientras que 27 eurodiputados se abstuvieron.
La iniciativa, además, insta a la Unión Europea (UE) a que incremente las sanciones contra el gobierno de Maduro y contra el propio presidente.
La UE es una de las entidades que despliegan misiones de observación electoral que fueron invitadas por el Consejo Nacional Electoral venezolano a observar los comicios de julio. Otros fueron el Centro Carter y un panel de expertos de Naciones Unidas.
Sin embargo, persisten las tensiones entre Venezuela y la UE, como lo muestran la declaración del Parlamento del bloque o las sanciones que este mantiene desde 2017 contra funcionarios venezolanos. Esas sanciones fueron renovadas hasta mayo, a la espera de avances en las garantías electorales.
También el canciller de Brasil, Mauro Vieira, llamó este jueves a que las elecciones venezolanas sean “justas, transparentes, abiertas y aceptadas por todos”. Señaló que su país participó “intensamente” en la búsqueda de un diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, pero agregó que no puede “interferir” en cuestiones que consideró “internas”, como la inhabilitación de Machado.
La líder del movimiento Vente Venezuela dijo que no fue notificada formalmente de su inhabilitación y que, por lo tanto, tiene derecho a competir en las elecciones.
Sin embargo, ya en 2015, cuando era diputada, Machado fue inhabilitada por un año porque había asistido a una reunión de la Organización de Estados Americanos en calidad de “embajadora alterna” de Panamá, habilitada por el gobierno de ese país, recordó AFP.
En el encuentro, Machado denunció que el gobierno de Maduro había cometido violaciones a los derechos humanos durante las protestas populares que se desarrollaron en 2014.
Las autoridades venezolanas interpretaron entonces que aceptar la representación de otro país violaba la Constitución. Más tarde fue inhabilitada por 15 años, hasta 2036, por haber “solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana”. Esta decisión fue ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Venezuela. Un acuerdo firmado en octubre en Barbados entre el gobierno y la oposición permitió a los partidarios de Machado presentar recursos contra la inhabilitación, pero no prosperaron.