“Se harán deportaciones siempre y cuando se hagan de forma ética y segura”, declaró Maciej Duszczyk, viceministro de Interior y Administración del gobierno liberal de Donald Tusk. Entrevistado por la periodista Agnieszka Lichnerowicz, de la radio TOK FM, insistió en que las deportaciones deben ser “éticas y seguras”, pero Polonia no renunciará a hacerlas.
La declaración fue un shock para los votantes liberales polacos. El nuevo gobierno, formado tras ocho años de dominio de la extrema derecha, parecía dar continuidad a las políticas migratorias de las administraciones anteriores.
La crisis migratoria en la frontera de Polonia con Bielorrusia se arrastra al menos desde principios de agosto de 2021, hace casi tres años. Fue entonces cuando los guardias fronterizos polacos detuvieron a 349 migrantes que intentaban cruzar la frontera polaco-bielorrusa. El gobierno polaco –al igual que el de Lituania o Letonia, donde ocurrieron situaciones similares en los primeros meses de este año– aplicó una estrategia denominada pushback, es decir, expulsar a los migrantes del país de vuelta a Bielorrusia.
Aunque se sabe que la situación fronteriza es un elemento de provocación por parte de la dictadura de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia –que intenta de este modo violar la frontera de los países vecinos de la Unión Europea–, la reacción del gobierno polaco no se considera proporcionada. Ya en 2021, Amnistía Internacional publicó un informe en el que planteaba el carácter problemático de las políticas utilizadas por el gobierno de Polonia.
Según el informe, la Guardia de Fronteras (Straż Graniczna) empleó la violencia contra los migrantes en la frontera polaco-bielorrusa, en algunos casos utilizando pistolas paralizantes o sedantes forzados. Al mismo tiempo, se ha impuesto el estado de excepción en la región en la que se producen las devoluciones ilegales, por lo que quienes ayuden a los migrantes pueden tener problemas legales.
Un ejemplo de esto es el de la activista del Grupo Frontera (Grupa Granica) Weronika Klemba, que ahora tiene 22 años. Por ayudar a los migrantes fue acusada de organizar el tráfico ilegal de personas a través de la frontera, delito que tiene una pena de hasta ocho años de cárcel. Además, según relató ella misma a la cadena TVN24 (del Grupo Discovery): “Tenía derecho a informar a la persona más cercana a mí y pedí que informaran a mi padre. Al día siguiente los agentes se presentaron en nuestro apartamento y lo registraron”. Y esto a pesar de que no tenían orden judicial para hacerlo.
Lo que ocurre en la frontera se retrata en la película Frontera verde (Zielona granica), dirigida por una de las principales directoras polacas, Agnieszka Holland. El guion se basa no sólo en informes y entrevistas con activistas y migrantes, sino también en reportajes e investigaciones periodísticas. Esboza brevemente todo el mecanismo: a los migrantes de países árabes se les ofrecen vuelos baratos a Bielorrusia (lo que probablemente sea una provocación por parte de ese Estado), desde donde tendrían “fácil” acceso a los países de la Unión Europea. A continuación, son trasladados a través de la frontera polaca. Allí, sin embargo, los guardias fronterizos polacos los trasladan de nuevo a Bielorrusia. También a través de alambradas de púas (de ahí la escena de la película en la que una mujer embarazada es arrojada por encima de un muro de este tipo, lo que más tarde es la causa de su aborto espontáneo). La gente muere aquí de agotamiento, de hipotermia. Y siguen muriendo cada mes, cada día.
Se puede entender por qué el anterior gobierno –de extrema derecha– utilizó una estrategia de este tipo. Hay que recordar que ganó las elecciones de 2015 gracias precisamente a un discurso antiinmigración extremo. En este sentido, incluso una absurda rueda de prensa, en la que mostraron “fotos incautadas de teléfonos de migrantes”, no debería sorprender. Se mostró entonces material pornográfico zoofílico, entre otras cosas; sin embargo, como señaló la revista polaca de izquierda liberal OKO.press, “la ‘foto’ que mostraron los ministros era en realidad una captura de pantalla de una grabación antigua disponible en internet”, a pesar de que la televisión pública estatal trató de hacer creer que se trataba de una foto de inmigrantes reales.
“El gobierno está llevando a cabo una narrativa catastrófica, quiere crear una atmósfera de peligro, crear un shock cognitivo en la gente que no está familiarizada con los temas de seguridad”, dijo entonces a OKO.press el exjefe de la Agencia Polaca de Inteligencia Grzegorz Małecki, al comentar los hechos. Se intentaba encontrar un enemigo externo para consolidar al electorado oficialista mediante la gestión del miedo.
Sin embargo, la situación es diferente cuando se trata del nuevo gobierno de los liberales (en coalición con democristianos y centroizquierda). Los retrocesos, al fin y al cabo ilegales, según el derecho internacional, no pueden ser “éticos” –aunque, como dijo Duszczyk, se les llamen “deportaciones” y no “pushbacks”–. Porque, como dicen los activistas del Grupo Frontera, nada ha cambiado.
“Me dedico a ayudar a migrantes desde 2017, cuando ayudé a personas en la frontera entre Bosnia y Croacia”, me cuenta Jan. “Así que para mí era natural implicarme también aquí”, agrega.
“Pero no veo prácticamente ningún cambio en lo que respecta a la frontera. Ninguno de nosotros espera ningún cambio sistémico, porque tampoco hay suficiente presión por parte de la Unión Europea. Sólo habrá cambios simbólicos”, añade.
“Existe la creencia entre los votantes liberales de la actual coalición –aquellos que aún no han conseguido olvidar la crisis fronteriza– de que todas las tragedias y abusos ocurridos en los últimos tres años son cosa de las políticas del PiS [el partido Ley y Justicia, de extrema derecha, que estuvo en el poder durante los últimos ocho años]”, afirma otra activista del grupo, Maria. “La actuación de los servicios sigue siendo tan ilegal y brutal como bajo el gobierno de Ley y Justicia, y el funcionamiento de la administración encargada de aceptar las solicitudes de protección internacional tan ineficaz como antes”.
Al parecer, la situación continuará como hasta ahora, pese al cambio de gobierno, tal como sugieren los activistas del Grupo Frontera. Así lo demuestran las políticas de la Unión Europea. Resulta que a menudo el progresismo significa un costado más amable, pero también un mayor rechazo de los inmigrantes. Esto puede verse no sólo en Polonia, sino también, por ejemplo, en Lituania, donde se acaban de aprobar enmiendas a la ley sobre la frontera estatal y su protección, que indican un mayor bloqueo de las fronteras.
Krzysztof Katkowski, desde Varsovia.