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Estadio Beira-Rio inundado, el 7 de mayo, en Porto Alegre,

Foto: Anselmo Cunha, AFP

Mientras siguen las inundaciones en Rio Grande do Sul, preocupa el abastecimiento de energía eléctrica, agua y alimentos

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La catástrofe climática causó 90 muertes, hay 131 desaparecidos y fueron afectadas en alguna medida más de un millón de personas.

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Leído por Andrés Alba.
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Si bien las lluvias cesaron en la mayor parte del estado en las últimas horas, la situación actualmente en Rio Grande Do Sul sigue siendo calamitosa, debido a la peor catástrofe climática de su historia.

Según el último balance difundido este martes por la Defensa Civil estadual, los muertos por causa de las inundaciones por el desbordamiento de muchos ríos y sus derivaciones ya son 90 y hay 131 personas desaparecidas.

Además, 156.000 personas tuvieron que dejar sus hogares, casi 50.000 están viviendo en refugios y más de un millón de los 11,2 que viven en el estado se vieron afectados en mayor o menor medida. Los municipios del estado impactados por la catástrofe son 397 sobre un total de 497.

Militares, bomberos y voluntarios siguen trabajando sin pausa en las tareas de rescate con helicópteros, lanchas o botes, mientras las autoridades están preocupadas por tres cuestiones centrales: el abastecimiento de agua potable, el de energía eléctrica y el de alimentos, que se está viendo afectado porque más de 200 autopistas y carreteras en el estado están intransitables o total o parcialmente destruidas por la rotura de numerosos puentes que cedieron ante la fuerza del agua.

De acuerdo con lo que informó el diario portoalegrense Zero Hora, las plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la capital estadual, Porto Alegre y su área metropolitana se inundaron y por eso no pueden trabajar de manera normal, a lo que se suma la falta de energía por la rotura de cableados.

En la capital, donde viven aproximadamente un millón y medio de habitantes, la situación es grave en muchos barrios, incluyendo la zona céntrica. El río Guaíba, que atraviesa la ciudad, está en su nivel más alto de la historia, arriba de los cinco metros, superando al que alcanzó en las históricas inundaciones de 1941. Según lo que informó en las últimas horas el Servicio Geológico de Brasil, al menos hasta la semana que viene el Guaíba se mantendrá por encima de la cota de inundación.

Además, otro factor que agrava la situación general en la capital gaúcha es que está fuera de funcionamiento hasta nuevo aviso el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, donde el agua llegó hasta las escaleras mecánicas que están dentro del edificio.

El domingo, el gobernador del estado, Eduardo Leite, integrante del centro derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), definió la situación como “un escenario de guerra”.

La catástrofe en el estado más sureño del país llevó a que este martes la administración que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendiera los pagos mensuales de Rio Grande do Sul al gobierno central. Según informó el portal Metrópoles, la suspensión se va a extender hasta el fin del estado de calamidad decretado en la zona, que va hasta el 31 de diciembre de este año.

La decisión de exonerar de los pagos momentáneamente a Rio Grande do Sul, el cuarto estado en importancia económica en Brasil, únicamente superado por San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, fue adoptada por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, luego de una serie de reuniones. Una de ellas se realizó en la mañana de este martes con el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, y con el líder de la bancada del gobierno en el Senado, el petista Jaques Wagner.

Paralelamente, el diputado federal por Rio Grande do Sul, Luciano Lorenzini Zucco, integrante del bolsonarista Partido Liberal, presentó un proyecto de ley para amnistiar las deudas de los agricultores del estado por créditos de financiación. Este tipo de crédito es una de las modalidades que existen para cubrir los costos de producción y parte de estos recursos están subvencionados por el gobierno federal.

La propuesta presentada por el legislador gaúcho también prevé la suspensión, por un período de dos años, del pago de las deudas crediticias contraídas por los productores para inversiones y comercialización de insumos rurales.

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