Una iniciativa que allana el camino a futuras reformas constitucionales en El Salvador fue votada el lunes en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, Nuevas Ideas, y reavivó las advertencias sobre la concentración de poder en torno al presidente Nayib Bukele.
El proyecto fue aprobado con 66 votos oficialistas y recibió el rechazo de 16 parlamentarios opositores. Sin embargo, debe pasar por otra votación.
El artículo 248 de la Constitución, que es justamente el que el gobierno quiere cambiar, establece que los parlamentarios pueden modificar la carta magna pero esos cambios deben ser aprobados en dos períodos legislativos consecutivos: en el primero, con mayoría simple, y en el segundo, con el voto de dos tercios de los parlamentarios.
La reforma impulsada por Nuevas Ideas busca que no haya que esperar a una próxima legislatura, sino que la Constitución pueda ser reformada en una sola instancia por el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Para acelerar este cambio, el oficialismo votó la reforma el lunes, cuando terminaba una legislatura, y sin que fuera debatida en una comisión parlamentaria. Lo hizo, además, sabiendo que dos días después, el miércoles, asumirían los nuevos legisladores y el gobierno contaría con la mayoría de dos tercios que le permitirá aprobar esta enmienda constitucional.
En la nueva Asamblea Legislativa, que redujo su número de integrantes de 84 a 60, Nuevas Ideas cuenta con 54 bancas. Otras tres las ocupan sus aliados –dos pertenecen al Partido de Concertación Nacional y una al Partido Demócrata Cristiano– y la oposición queda relegada a sólo tres escaños –dos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y uno del centroderechista Vamos–. El histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, quedó fuera del Parlamento en las últimas elecciones.
Límites al poder
El oficialismo argumenta que necesita “tener las herramientas necesarias para enfrentar las realidades sociales que demandan los salvadoreños ante los cambios constantes que el mundo enfrenta de manera veloz”, y para eso se requiere una Constitución más fácil de modificar.
Para Marcela Villatoro, legisladora por Arena, lo que el oficialismo busca es abrir paso a “reformas exprés” de la Constitución. Otra diputada opositora, Claudia Ortiz, de Vamos, advirtió: “Nos rige el antojo y capricho de un grupo que está en el poder” y que quiere eliminar “cualquier límite” a ese poder.
Ortiz argumentó que existen resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia según las cuales las reformas a la Constitución deben votarse antes de las elecciones legislativas, informó la agencia Efe. De esa manera, señaló la legisladora, la población puede decidir si votar o no a quien promueve esos cambios, algo que no se cumplió en este caso.
El secretario general del FMLN, el exvicepresidente Óscar Ortiz, manifestó su “más profundo rechazo a este nuevo golpe a la Constitución”. Dijo que con esta iniciativa “ilegal” se “sigue desmontando el Estado de derecho, los pesos y contrapesos, para institucionalizar un régimen autoritario”.
La oposición ya había cuestionado que Bukele se presentara a la reelección amparado por un fallo judicial pese a que la Constitución lo prohíbe para el presidente y el vicepresidente. Ahora señala que el gobernante, una vez que apruebe la reforma, podría modificar esas reglas para mantenerse en el poder.
Bukele, que llegó a la presidencia en 2019 y que comenzará un nuevo mandato el 1° de junio, dijo en enero, en la red social X, que no buscará una “reelección indefinida”. A lo largo de su gobierno, el oficialismo también ha sido acusado de concentrar el poder por haber destituido a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 2021, y designar a otros magistrados en su lugar.
La organización civil Acción Ciudadana manifestó que el artículo constitucional que el gobierno busca modificar ahora es “uno de los frenos y contrapesos que existen en el sistema político” para “preservar a la misma Constitución y proteger los derechos de la población ante abusos de mayorías legislativas coyunturales”.
Otra organización civil, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, dijo en un comunicado que esta reforma “abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso del poder, buscando fortalecer el poder absoluto”. Agregó que “violenta el mecanismo de reforma establecido actualmente y por ende resta poder a la población electoral”. Esta enmienda “lo que busca en la realidad es tener un camino ágil y expedito de reforma constitucional ¿al servicio de quién?”, se preguntó.
También Celia Medrano, defensora de los derechos humanos y excandidata a la vicepresidencia por el partido Nuestro Tiempo, opinó que esta reforma “elimina todo contrapeso al poder actual, lo que abre las puertas para perpetuarse”. Señaló que el artículo 248 de la Constitución es uno de los considerados “pétreos”, es decir, “que no deben ser modificados porque hacerlo violenta la esencia de la norma constitucional”.
Régimen de excepción
Ernesto Castro, exsecretario privado de Bukele que el miércoles fue reelecto presidente de la Asamblea Legislativa, defendió la reforma en una entrevista televisiva diciendo que es necesaria para agilizar los cambios. “Nosotros venimos aquí a cambiar las cosas, a refundar este país, y es lo que se necesita y eso vamos a hacer”, agregó.
Dijo que el oficialismo respetó la Constitución, la “sigue respetando hasta el día de hoy” y “todo lo que la Asamblea Legislativa hace es constitucional”.
En setiembre de 2020, Bukele le encargó al vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, que coordinara una propuesta de reforma constitucional, informó Efe. Un año después, el presidente recibió un anteproyecto que modifica más de 200 artículos y que todavía no fue presentado al Parlamento. De acuerdo con Castro, una vez que el artículo 284 sea modificado, se verá “qué artículos de la Constitución necesitan una reforma”.
Por otra parte, el dirigente de Nuevas Ideas también defendió el régimen de excepción que ha sido emblemático del gobierno y de su política de seguridad. “Fue algo histórico para el país”, dijo.
Sin embargo, la marcha del Día de los Trabajadores en San Salvador, en la que participaron algunos cientos de manifestantes, estuvo marcada por el reclamo de que sean liberadas las personas inocentes que fueron detenidas bajo este régimen y que se respeten los derechos humanos y la Constitución. Desde que Bukele implementó su política de combate a las pandillas, fueron detenidas 79.200 personas y se presentaron unas 6.000 denuncias de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos.
“El régimen ya no es un régimen de excepción para seguridad, sino que es un régimen de represión para amedrentar a la población salvadoreña”, dijo Alfredo Mejía, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, cuya hija fue detenida. “En años anteriores muchos se manifestaban para pedir beneficios en su trabajo y exponer demandas laborales, ahora nos unimos y manifestamos para visibilizar a las víctimas”, agregó. Sobre la propuesta de modificar el artículo 248 de la Constitución, señaló: “Jamás en la historia del país se habían aprobado leyes sin discusión previa, eso es un retroceso”.