El último reporte oficial difundido este domingo reveló que ya son 143 las personas fallecidas como consecuencia de los temporales y las inundaciones que están afectando desde hace más de dos semanas al estado brasileño Rio Grande do Sul.
Según el boletín, también hay otros 131 desaparecidos y 806 heridos por las consecuencias de las tormentas en la zona, situación agravada porque durante el fin de semana volvieron a caer abundantes precipitaciones, por lo que en algunos lugares hay alertas por el riesgo de deslizamientos de tierras y nuevas inundaciones. El balance también actualizó el número de afectados en mayor o menor medida por la catástrofe climática: 2.115.704.
Este número da cuenta de que, de acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles con base en un relevamiento de datos del Sistema Integrado de Información de Desastres del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional y de Defensa Civil, la que está en curso en Rio Grande do Sul es la mayor catástrofe causada por la lluvia en los últimos diez años.
El diario gaúcho Zero Hora informó, consignando los datos oficiales, que 538.284 personas perdieron sus hogares y más de 80.000 están viviendo actualmente en albergues. En total, la situación afectó a 446 de los 497 municipios de todo el estado.
En este momento, están trabajando 27.500 personas en las tareas de rescate y atención de las víctimas. Este personal, en el que se cuentan militares, civiles y voluntarios, dispone de más de 4.000 vehículos, 41 aviones y 340 embarcaciones para poder llevar a cabo su tarea.
En la capital estadual, Porto Alegre, la situación sigue siendo compleja en muchos barrios y las vías de comunicación de acceso a la ciudad están limitadas. De hecho, el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, la principal terminal aérea portoalegrense, estará cerrado, al menos, hasta fin de mes.
En este marco de catástrofe, cada vez son más intensas las críticas hacia el gobernador Eduardo Leite, integrante del centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña, a quien desde varios frentes se acusa de negligencia, de haber ignorado advertencias y de no haber adoptado medidas de planeamiento y prevención.
En el contexto de catástrofe también surgió otro problema cada vez más frecuente: el de la difusión de noticias falsas. Fue por ello que la Secretaría de Comunicación Social del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, encabezada por el ministro Paulo Pimenta, solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Policía Federal que dos médicos sean investigados por sospecha de difundir noticias falsas sobre la actuación de las autoridades para mitigar los daños causados en Rio Grande do Sul.
Según informó Agencia Brasil, los médicos Roberta Zaffari Townsend y Víctor Sorrentino afirmaron en las redes sociales que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) estaba dificultando el envío de medicamentos, obtenidos mediante donaciones, a los gaúchos afectados por las lluvias. Pero, desde la Anvisa, inmediatamente se salió al cruce de estas versiones.
“La Anvisa aclara que no ha impuesto ninguna restricción al transporte de medicamentos con destino a Rio Grande do Sul. Anvisa también remarca que cumple con su compromiso de trabajar por la seguridad sanitaria y sigue de cerca la situación de emergencia, en directo contacto con las autoridades federales, estatales y municipales. De esta manera se actúa para atender las circunstancias excepcionales necesarias para mitigar los daños causados por la inundación”, expresó la entidad en un comunicado.