Las manifestaciones que habían comenzado la semana pasada en Kenia, cuando el Parlamento comenzó a debatir un proyecto de ley que crea y aumenta varios impuestos, escalaron este martes. En la capital, Nairobi, la represión policial dejó 14 muertos y otros tres manifestantes murieron en otras zonas del país.
El motivo de las movilizaciones, que fueron convocadas sobre todo por jóvenes mediante redes sociales, es el rechazo a un proyecto de ley que crea nuevos impuestos, entre ellos el IVA de 16% al pan y un gravamen de 2,5% sobre los vehículos con motor, y además aumenta otros, como el que se aplica a las transferencias de dinero, informó la agencia Efe.
Si bien esa iniciativa del gobierno sufrió modificaciones, y se eliminó el cuestionado impuesto al pan, los manifestantes consideran que la ley va a empobrecer a la población. El gobierno, por su parte, la considera necesaria para recaudar 2.700 millones de dólares adicionales.
Este martes, la ley fue aprobada por los diputados, con 195 votos a favor y 106 en contra, aunque todavía está pendiente otra instancia de votación. Al conocer su aprobación, algunos de los manifestantes, que se habían congregado de a miles frente al Parlamento, ingresaron y causaron destrozos en el edificio. Ante ello, la Policía, que ya había intentado dispersar a la multitud con gases lacrimógenos y carros hidrantes, comenzó a disparar con munición.
El Grupo de Trabajo sobre Reformas Policiales de Kenia, que incluye a organizaciones civiles como Amnistía Internacional, informó a Efe que 17 personas murieron, 86 fueron heridas, 52 detenidas, y hubo 21 “secuestros y desapariciones de activistas”, dos de los cuales finalmente fueron liberados.
“A pesar de las garantías dadas por el gobierno de que se protegería y facilitaría el derecho de reunión, las protestas de hoy han degenerado en violencia. Observadores de derechos humanos y trabajadores médicos han informado de varios incidentes de violaciones de derechos humanos”, manifestó el grupo.
La semana pasada, una protesta pacífica contra esta ley terminó con 300 detenidos, y dos días después, en otra manifestación similar, hubo más de un centenar de arrestos y cerca de 200 heridos. Desde entonces, las protestas se han repetido en 29 de los 47 territorios en los que se divide el país, situado en el oeste africano, con manifestantes que reclaman la renuncia del presidente William Ruto.
Ante las manifestaciones, el gobierno decidió este martes desplegar militares en las calles. “Las Fuerzas de Defensa de Kenia se despliegan el 25 de junio de 2024 en apoyo del Servicio de Policía Nacional”, manifestó en un decreto el ministro de Defensa, Aden Duale. Agregó que la decisión se adoptó “en respuesta a la emergencia de seguridad causada por las protestas violentas en curso en varias partes de la República de Kenia que resultaron en destrucción y violación de infraestructura crítica”.
El presidente Ruto, por su parte, dijo que era necesario frustrar “cualquier intento de criminales peligrosos de socavar la seguridad y la estabilidad” del país. Afirmó que “elementos criminales” se infiltraron en las “protestas pacíficas” y que su país “experimentó un ataque sin precedentes a su democracia, el Estado de derecho y la integridad de sus instituciones constitucionales”.
El líder opositor y ex primer ministro Raila Odinga acusó al gobierno de desplegar una “violenta y mortal represión de jóvenes manifestantes pacíficos” y llamó a frenar el proyecto que motivó las protestas. Dijo que la ley “no es ni una emergencia ni un asunto de vida o muerte para el gobierno y los kenianos”, y agregó que “las voces discrepantes están siendo silenciadas mediante la brutalidad y el asesinato”. El dirigente, además, pidió la intervención de la Comunidad Africana Oriental, la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas para “salvar vidas y salvar el país”.
También se pronunció el expresidente Uhuru Kenyatta: “En este difícil momento para el país, quiero recordar a todos los líderes que fueron elegidos por el pueblo. Escuchar al pueblo no es una elección, sino un mandato consagrado en los principios de nuestra Constitución”, dijo.
A su vez, la titular del Poder Judicial, Martha Koome, manifestó su “profunda preocupación” por los secuestros de manifestantes y pidió que “cualquier acción criminal” se “procese de manera legal”.
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que pertenece a la Unión Africana, manifestó la semana pasada su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad de Kenia, en particular porque “las protestas del 18 de junio hayan llevado al arresto de más de 300 personas”, y señaló que el derecho a manifestarse en forma pacífica está protegido por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.