Javier Milei logró la aprobación de una ley de leyes; amplia trama que comprende ejes laborales, impositivos, comerciales y de inversiones. Parte sustancial del marco jurídico en el que se desenvuelve la economía será diferente de ahora en más y, si el país efectivamente entra en ese cauce, el retorno no será sencillo.
El presidente ultra puede presumir de que los diputados y senadores le votaron todos los proyectos relevantes enviados en su primer semestre de mandato (uno, el único, la Ley Bases), pese a haber calificado a los legisladores de “ratas” y de haber proclamado a los cuatro vientos que un eventual rechazo le importaba “un carajo”.
El impacto inmediato de la aprobación se verá reflejado en la baja del riesgo país y alguna otra expresión de júbilo en los mercados, la reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, y un comunicado de satisfacción del Fondo Monetario Internacional, que seguirá “valorando los notables progresos de la economía argentina”. Papers con prosa anodina transitarán entre bancos e inversores, la prensa oficialista proclamará que Milei es una combinación entre Nelson Mandela y Margaret Thatcher, que lo ve “en su eje”, y algún editorialista anglo elogiará el liderazgo excéntrico en el sur del mundo.
El presidente tuiteará “fenómeno barrial”, Rodrigo de Loredo advertirá que su acompañamiento no será infinito. Lucila Crexell, senadora por Neuquén, pasó de una postura crítica de Milei a apoyar la Ley Bases; el giro coincidió con su nominación como embajadora ante la Unesco. La esperan los negocios de rue Saint-Honoré.
El traspié final en la eliminación del impuesto a la riqueza (bienes personales) y la restitución del gravamen a los altos ingresos (ganancias) moderará el ánimo festivo.
Durante un trámite legislativo que tuvo giros rocambolescos, a los siete senadores y unos 40 diputados de La Libertad Avanza, el oficialismo sumó al PRO –disciplina soviética para levantar la mano–, a gran parte de la Unión Cívica Radical (UCR) –disciplina circense– y a un conjunto de sellos provinciales, varios de ellos franquicias del peronismo, que ratificaron su adscripción al mayor chiquitaje de la política. Los representantes de los oficialismos de las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro, Misiones, Santa Cruz y Salta perpetraron un toma y daca sin alma, mal explicado y peor disimulado, y, además, barato.
La victoria de Milei fue rotunda, sin revés alguno en los títulos que componían la Ley Bases, pero chocó en el paquete fiscal. Es cierto que, en el proceso de negociación, el Ejecutivo concedió modificaciones y redujo el proyecto a menos de la mitad de su versión original. Milei resignó alguna cuestión ornamental, como la toga de los jueces (un capricho de Federico Sturzenegger), y otras medulares para los estudios jurídicos privados que redactaron el proyecto para sus clientes, como ciertas privatizaciones y partes de las reformas previsional, impositiva y laboral.
Abrazo de los mercados
Los mercados hablarán con ruido, se verá si por horas, días o semanas, pero el efecto de la aprobación en la economía real no tendrá lugar en el corto plazo. Luis Caputo, probablemente fortalecido ante la sombra de Sturzenegger, debe resolver temas acuciantes, como la escasez de dólares en el Banco Central –acentuada por la retención de exportaciones por parte del agronegocio–, la recaudación aplastada por la recesión y la inflación de junio, impactada por los aumentos de tarifas, que recién empezaron.
Esa agenda coloca al gobierno ante la necesidad de ensayar nuevas alquimias sobre la combinación de motosierra, multiplicación de la deuda, licuación y la sombra de una nueva devaluación. En ese sentido, la renovación del swap con China, al menos por un año, representa más claramente una buena noticia para los hermanos Milei y Caputo que la norma aprobada.
La discusión por la Ley Bases dejó claro que la calidad del debate parlamentario tocó un piso desde 1983.
Hace ya un tiempo que no abundan capacidades retóricas como las de José Luis Manzano, Raúl Baglini o Carlos Auyero, y que, entre las voces del montón, predomina una medianía poco inspiradora. La nueva temporada alberga la particularidad de que el oficialismo, sobre el que inexorablemente se posan los focos, está compuesto en un alto porcentaje por recién llegados, o marginales de algún grupúsculo conservador, o arribistas sin ninguna aspiración retórica. Así se da que diputados y senadores oficialistas rehúyen de hacer uso de la palabra, incentivados además porque fueron incluidos marginados de la negociación real del proyecto.
El bajo vuelo del debate se complementa con un rasgo ideológico también particular: las cámaras legislativas están muy corridas a la derecha.
Ese lugar está dado o bien por fundamentos ideológicos, o por una mirada lateral sobre “el cambio que votó la gente”, “lo que quiere la sociedad”, lo que expresan las redes, y esa puede ser la mejor conclusión para Milei sobre la viabilidad pragmática con la que podría contar un tiempo más.
En el PRO se habló hasta hace no mucho de halcones y palomas, macristas puros, bullrichistas, larretistas, conservadores, liberales, algún socialdemócrata y alguna feminista. Esos matices parecen evaporados. Quienes toman la palabra se vuelcan a dar letra a un gobierno ultra, otros optan por el silencio y todos votan lo que pide Milei.
La UCR se divide entre diputados y senadores que apelan a alguna cita a Raúl Alfonsín, alaban la República y juran que nunca votarán facultades especiales, pero deciden “darle las herramientas al presidente” que “ama –en sus palabras– destruir al Estado desde adentro”, “el topo”, y otros, en especial los aportados por las provincias de Corrientes, Córdoba y Mendoza, que levantan una voz conservadora sin inhibiciones.
Un caso extraño fue el del fueguino Pablo Blanco. El 7 de mayo dijo que nunca había votado facultades delegadas “y no se las pienso votar a este gobierno porque no me genera confianza”. Un mes más tarde, se traicionó. Blanco se mostró desafiante ante las voces en su provincia que lo acusan de haber vendido su voto y ensayó la promesa de que caminará con la frente alta.
En la vereda de enfrente, Martín Lousteau, consecuente de principio a fin del trámite parlamentario y uno de los senadores que demostraron mayor conocimiento del texto que se debatía, quedó en soledad en la UCR, el partido que preside. Con su rechazo a La ley Bases y al DNU 70, y su choque frontal con Milei, emprendió un tránsito por Siberia, al quedar desmarcado, no sólo de la dirigencia de la alianza por la que fue electo, sino también del grueso de sus votantes y las terminales mediáticas que se muestran impiadosas con los díscolos del proyecto Macri-Milei, que por ahora es uno. El camino es de riesgo, porque Lousteau ya carga con fluctuaciones y la reinvención no es sencilla, pero el tiempo dirimirá si tiene la constancia suficiente para reencontrar a un electorado progresista que alguna vez se sintió atraído por el partido de Alfonsín, en un hito en el que la centroizquierda atraviesa un limbo, sin líderes definidos.
Los 33
Que los 33 senadores de Unión por la Patria hayan permanecido mayormente en el mismo barco –excepto para el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), votado por tres senadores peronistas del norte– es otra conclusión saliente del trámite por la Ley Bases. El intento de atracción de la voluntad de un senador peronista por Catamarca y otro por Tucumán por parte del Ejecutivo fue ostensible, con la ayuda de los respectivos gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
El número 33, a sólo cuatro de la mayoría de la cámara alta, seguirá siendo clave en los próximos meses.
Voces kirchneristas –más afuera que adentro del Senado– le achacaron a Lousteau no haberse ausentado en el inicio de la sesión, que se habría caído por falta de quórum dada la deserción a último momento de los dos representantes del oficialismo de Santa Cruz y la previsible ausencia de Unión por la Patria. La crítica es inválida si se tiene en cuenta que los senadores por las disidencias filoperonistas de Misiones y Salta, más los borocotizados Carlos Espínola (Corrientes) y Eduardo Kueider (Entre Ríos), no sólo dieron quórum sino que votaron la ley completa.
Mucho antes que un movimiento táctico de Lousteau para frustrar la sesión, el peronismo debería haberse asegurado su propia disciplina.
El aval de Alberto Fernández y Wado de Pedro a la candidatura de Espínola en 2021 para el Senado fue coronado en su momento con la bendición de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que había motivos de sobra para intuir que el exremero olímpico se sentía más cómodo en otro lado.
Kueider, por su parte, se presentó un tiempo como el primer y casi único “albertista”, hasta que se sintió defraudado y prefirió cotizar como autónomo, para beneplácito de Milei. El presunto pago a este renador por Entre Ríos salió publicado en el boletín oficial, con cargos en la comisión binacional del Río Uruguay, que se pagan en miles de dólares.
El debate en el Congreso volvió a demostrar que el presidente congrega multitudes en su contra. Esta vez, la CGT y varios referentes le quitaron el cuerpo a la manifestación y, sin embargo, la plaza estaba muy poblada, con las marchas sindicales, de derechos humanos, universitaria y feminista que sucedieron en los últimos cinco meses.
Patricia Bullrich se repitió a sí misma. Como en las manifestaciones contra Macri de 2017 y 2018, la ministra de Seguridad –entonces y ahora– anegó las calles de policías y gendarmes. La desmesura del despliegue no sólo resulta intimidante en sí misma, sino que genera conflictos donde no los hay, sea por abusos policiales o por desinteligencias con quienes pretenden circular.
La excusa del protocolo antipiquetes le sirve a Bullrich para mandar a sus efectivos a provocar. El miércoles, la premeditada intervención de policías con gas pimienta contra diputados evidenció la intención de “romper” la manifestación multitudinaria y, hasta entonces, pacífica.
Una vez encendida la chispa, aparecieron los misteriosos de siempre, con rostro tapado, dueños de una ira infinita, que deben tener buena relación con la Policía, porque nunca los detiene. Sí, en cambio, los disturbios marcaron la campana de largada para decenas de arrestos y los disturbios lograron desviar la atención durante algunas horas.
Avanzada la noche, las policías se dedicaron a amedrentar a quienes se congregaron en esquinas de los barrios para cacerolear contra la ley aprobada.
Un gobierno con severas dificultades para tan sólo poder ver en su cabal dimensión al terrorismo de Estado se precipitó ayer a denunciar un “golpe de Estado” perpetrado por “terroristas”, malversando las palabras y preparando el terreno para concretar las amenazas que Milei, por ahora, verbaliza.
La pregunta que surge es si sigue existiendo el derecho a la protesta en Argentina.
Nota publicada originalmente por eldiarioar.com.