La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Valentina Ballesta, brindó una entrevista a La mañana de la diaria en la que abordó la situación humanitaria en Venezuela, a pocas semanas del doble terremoto que afectó dicho país el 24 de junio y que, según las últimas cifras oficiales, costó la vida de unas 4.333 personas.
Ballesta tildó la cifra de fallecimientos proporcionada por el gobierno venezolano como “bastante conservadora” con respecto a “la magnitud de los eventos” que afectaron al país caribeño. La integrante de AI recordó que existen estimaciones extraoficiales que refieren que hay entre 50.000 y 60.000 personas de las que se desconoce su paradero, mientras que otras 17.000 perdieron su hogar.
Consultada sobre la atención brindada a este último grupo, Ballesta recordó que el gobierno venezolano dispuso la instalación de varios campamentos transitorios en diferentes lugares, pero acusó que tienen “capacidades muy limitadas”, que estimó en los cientos de personas, en contraste con las miles que requieren apoyo. También dijo que AI recibió información que da cuenta de problemas de coordinación, así como de “preocupaciones serias sobre la seguridad de las personas que están en esos lugares”. Asimismo, acotó que una buena cantidad de niños, niñas y adolescentes se encuentran “en grave situación de vulnerabilidad” y habitan esos espacios por sí mismas, sin referentes familiares cercanos, quienes aún no fueron ubicados o “están también sumergidos en la catástrofe”.
Ballesta recordó que la situación en sí “no solo está ocurriendo encima de una situación de emergencia humanitaria compleja”, bajo la que “los accesos a derechos económicos y sociales estaban severamente mermados”, sino que el país es sitio de “una política represiva con fines políticos”, una dificultad que “ha trascendido a las ayudas humanitarias en el pasado”, se lamentó. Por ello, reiteró la necesidad de llevar adelante una respuesta que “sea totalmente neutral, imparcial, [sin] discriminación y humana, sobre todo”.
En ese sentido, y consultada por la atención brindada, Ballesta dijo que existe información que da cuenta de casos de obstaculización a la ayuda, entre otras situaciones. Así, caracterizó la situación como “vecinos, personas [y] familiares solas buscando entre los escombros, tratando todavía de recuperar los cuerpos de sus seres queridos y con un altísimo abandono por parte de las autoridades”.
Igualmente, y luego de ser consultada al respecto, expresó su preocupación por el adecuado funcionamiento de la atención en salud. La directora adjunta recordó que Venezuela ya “venía experimentando desde hacía muchos años [...] una emergencia humanitaria compleja”, algo que dijo se da por “múltiples causas” y “ha puesto una presión extrema en los centros hospitalarios”.
La directora adjunta dijo que si bien se desplegaron hospitales de campaña, a largo plazo estos suponen “una gran preocupación”. A eso le agregó dificultades en el acceso, sumado al hecho de que a personas “que han perdido todo” se les solicita “una cantidad de insumos” de costos inaccesibles, que dijo que rondan los 1.000 dólares. Es así que interpretó que la situación supone “uno de los fenómenos más dramáticos en términos de atención en salud”, algo que excede al colapso de los hospitales y obedece también a “la falta de insumos [y] la falta de capacidad del Estado de responder en toda su expresión”, denunció.
Consultada por las donaciones efectuadas por diferentes estados de la comunidad internacional –entre los que se encuentra Uruguay– y cómo se distribuyen, la integrante de AI dijo que eso forma parte de “un gran debate”, y acusó que hoy en día varios insumos deben ser canalizados a través de agencias internacionales bajo el control de la Organización de las Naciones Unidas, dado el “problema de confianza que existe respecto de las autoridades”. Aun así, tomó oportunidad para destacar “la movilización de la solidaridad internacional” como una cosa “abrumadora y esperanzadora”, así como el hecho de que diferentes personas lleven adelante esfuerzos para “apoyar directamente a las personas en Venezuela” a través de “organizaciones pequeñas de base”, más allá de las “interferencias” impuestas por el gobierno.