En 2015 y 2016, cuando el presidente español era Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), varios policías intercambiaron consultas sobre 55 diputados nacionales o regionales de Podemos sobre los que hacían averiguaciones. Estos seguimientos ilegales consistieron sobre todo en búsquedas en bases de información policiales para indagar sobre viajes y lugares de alojamiento de los dirigentes, entre otros movimientos.
Según informaron los periódicos Público, El País y eldiario.es, esos registros de la actividad policial están ahora en manos de la Audiencia Nacional, un tribunal con jurisdicción en toda España. Esa institución investiga quién dio la orden de realizar esta vigilancia y hasta qué punto fue una acción coordinada.
Entre los espiados figuran uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, uno de los principales dirigentes de esa organización en sus comienzos, Íñigo Errejón, la exmistra de Igualdad Irene Montero, la actual líder del partido, Ione Belarra, y la ahora vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.
Las indagaciones sobre estos dirigentes surgían de dependencias centrales de la Policía, de comisarías locales o de funcionarios que custodian el Parlamento. En el caso de Pablo Iglesias, informó eldiario.es, se hicieron 122 consultas en 2015 y 2016 desde distintas instituciones policiales, incluida la Brigada de Información, que investiga los extremismos políticos y que quiso saber sobre “joyas” vinculadas al dirigente de Podemos.
Para Iglesias, “los mandos policiales y sus jefes políticos responsables de esto deberían ir a prisión”. A su vez, tanto Belarra como Díaz –que ya no pertenece a Podemos sino a Sumar– atribuyeron esta vigilancia a una intención de impedir cambios políticos en España.
La líder de Podemos le pidió al actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que revea el acuerdo al que llegó con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la luz de esta nueva información. Le dijo que rompa ese pacto porque de lo contrario enviaría un “mensaje peligroso” de que se protege la “guerra sucia judicial” y el “espionaje a diputados electos”, informó la agencia Europa Press.
Patxi López, portavoz parlamentario del gobernante Partido Socialista Obrero Español, dijo las prácticas de “utilizar los aparatos del Estado de manera absolutamente impresentable e irracional” son una muestra de la “corrupción sistémica” del PP. Sin embargo, llamó a no mezclar esto con la situación del CGPJ y recordó que hay un acuerdo para renovarlo “después de cinco años de no cumplir la Constitución” al respecto.
Lo que hizo el PP es “utilizar los resortes del poder para vigilar, espiar a rivales políticos”, dijo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Exigió “una investigación profunda” para que esto se aclare y pidió que, si “se termina comprobando”, se “produzcan cortes de cabezas políticas, porque esto es inadmisible”.