El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó el viernes un llamado de la dirigente opositora María Corina Machado a negociar las condiciones para una transición y el reconocimiento de la Plataforma Unitaria Democrática como ganadora de las elecciones del 28 de julio. Para Maduro, que se considera reelecto en esa votación, “el único que tiene que negociar en este país con Machado es el fiscal general”.
“Que se entregue ante la Justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió”, dijo. En cambio, sí manifestó su voluntad de “convocar a los 38 partidos que están inscriptos” ante el Consejo Nacional Electoral.
Maduro también dejó abierta la posibilidad de dialogar con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, México, Andrés Manuel López Obrador, y Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis política en Venezuela. Los tres gobernantes emitieron un comunicado el miércoles en el que reclamaron a las autoridades electorales que publiquen los datos detallados de los resultados de los comicios.
“Está pendiente una conversación con los tres presidentes, esperemos que se dé”, manifestó Maduro este viernes. “Respeto profundamente a estos tres presidentes y con ellos me comunicaré en su momento preciso”, dijo.
Maduro hizo esas declaraciones al salir del Tribunal Supremo de Justicia, que a instancias suyas llamó a todos los candidatos a entregar las actas electorales con las que contaran. Las actas oficiales todavía no se hicieron públicas, pese a los numerosos llamados internacionales a divulgarlas.
La alianza liderada por Machado, la Plataforma Unitaria Democrática, que postuló a la presidencia a Edmundo González Urrutia, comunicó que no llevaría sus actas al tribunal porque ya las publicó en una página web para demostrar que ganó las elecciones. El gobierno, por su parte, afirma que esos datos son falsos.
De acuerdo con el diario El Nacional, Machado había propuesto incluir en las conversaciones con el oficialismo “garantías, salvoconductos e incentivos para las partes involucradas, en este caso para el régimen que fue derrotado en esa elección presidencial” para que accediera a una “transición democrática”.
La dirigente hizo su propuesta desde la clandestinidad, en momentos en que la oposición, periodistas y organizaciones sociales denuncian detenciones irregulares y más de una veintena de muertes.
Amnistía Internacional reclama a CPI que actúe
“Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, una cárcel, y “máximo castigo”, advirtió el jueves a sus opositores el presidente venezolano. Informó que 2.400 personas fueron detenidas en el país desde las elecciones.
La organización Foro Penal identificó 1.263 casos de personas detenidas en este contexto político, de las cuales 114 son adolescentes. Otra organización, Provea, estima que hay “2.500 presos políticos”, en su mayoría detenidos a partir del 29 de julio, y afirma que a “todos se les está aplicando la ley antiterrorismo”, con penas de hasta 30 años de cárcel, informó la agencia Efe.
Esos delitos se les imputaron también a cuatro periodistas detenidos mientras cubrían las manifestaciones, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. De acuerdo con France 24, a todos ellos se les negó acceder a abogados defensores privados.
“Denunciamos el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo en Venezuela, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales en el país”, manifestó el sindicato.
Fueron denunciadas también otras acciones del gobierno que apuntan a restringir libertades. Por ejemplo, la organización social Espacio Público registró 16 casos en los que las autoridades invalidaron los pasaportes de periodistas y activistas.
El propio Maduro ha anunciado otras medidas, como la de bloquear por diez días la red social X. “[Elon] Musk es el dueño de X, y ha violado todas las normas. Todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X, incitan al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos. Y en Venezuela hay ley, y vamos a hacer respetar la ley”, manifestó el jueves.
El viernes, Amnistía Internacional le reprochó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, su “silencio” ante la situación que atraviesa Venezuela. “Su fiscalía ha sido testigo de la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad y de grupos armados progubernamentales, así como de la detención arbitraria de más de 2.000 personas en escasos días, sólo por oponerse o ser percibidas como opositoras al gobierno”, afirmó en una carta la directora de investigación de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. En el texto pidió a Khan que “emita una declaración preventiva que ponga sobre aviso a los que perpetran posibles crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos”.
Dirigentes detenidos
El jueves, cientos de venezolanos participaron en una manifestación en Caracas en la que denunciaron la represión de las protestas y reclamaron la liberación de lo que definen como presos políticos. También allí hubo detenidos.
“A esa vigilia asistió el exgobernador Williams Dávila, también parlamentario en el año 2015, y saliendo de allí lo abordó una camioneta sin placas y dos motorizados”, dijo a Efe el abogado Rafael Narváez, militante del partido Acción Democrática. Señaló que se trató de una detención irregular en la que los funcionarios no se identificaron. Según Narváez, en el país se está aplicando un “esquema de persecución política sin garantías”.
También Machado denunció ese caso. “Este 8 de agosto, nuestro amigo y compañero, el exgobernador de Mérida, Williams Dávila, fue secuestrado por el régimen”, publicó en sus redes sociales.
Una situación similar fue denunciada por María de Grazia, hija del diputado opositor Américo de Grazia, que fue detenido. “Después de más de 24 horas sin saber de su paradero [...] nos enteramos de que lo tienen en El Helicoide”, como se le llama al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. “No sabemos qué cargos se le imputan. No tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen”, agregó.
El partido del diputado, La Causa R, señaló que antes de su detención el dirigente había denunciado el arresto de otro político, el exalcalde de Tumeremo Carlos Chancellor. “La integridad de ambos recae sobre el régimen de Maduro”, afirmó el partido en su cuenta de X.
También otra organización política, Voluntad Popular, denunció la detención de dos de sus integrantes, Freddy Superlano y Roland Carreño.
Denuncias y testimonios
El representante del gobierno de Maduro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez Ayestarán, denunció ante el organismo que Venezuela fue víctima de “golpes cibernéticos”. Dijo que sufrió “30 millones de ciberataques por minuto” y que la ofensiva abarcó a “todos los portales gubernamentales”, en una “clara operación de desestabilización” para “consolidar un golpe de Estado”.
A su vez, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció que investigará la página web en la que se publicaron las actas electorales que brindó la oposición por “usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración”.
El funcionario también se refirió ayer a la situación del opositor detenido, Superlano: “Está cooperando. Aparte de admitir algunas de las cosas que aquí hemos ido narrando, [...] él está aportando datos más interesantes, porque ya tenemos identificado un grupo más grande de quienes han participado en este ataque al sistema de actualización de datos del Consejo Nacional Electoral”.
“Está en buen estado de salud, visitado por fiscales adscritos a la división general de derechos humanos, protegido en su lugar de reclusión, pero cooperando, dando elementos importantes que poco a poco vamos a ir revelando”, agregó el fiscal.
Pero la esposa del dirigente, Aurora Silva, afirmó, de acuerdo con Efe, que “lo han estado torturando” para que “salga, posiblemente, a declarar” en contra de Machado y González Urrutia.
Las autoridades anunciaron días atrás su decisión de investigar penalmente a la líder opositora y al excandidato a la presidencia por “incitación a la insurrección”. El anuncio fue hecho poco después de que Machado llamara a militares y policías a “ponerse del lado del pueblo” e impedir “un golpe” de parte de Maduro, un llamado que fue rechazado por esas fuerzas.
La misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, conformada por la ONU, manifestó el miércoles en un comunicado su preocupación por la situación de Superlano. Afirmó también que recibió “información creíble sobre detenciones, personas heridas y fallecidas, así como sobre violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno (llamados colectivos) en el marco de las protestas que han seguido a los comicios”.
Una de las integrantes de la misión, Patricia Tappatá, dijo que “estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada”.