La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela certificó este jueves “de forma inobjetable” los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio que proclamaron reelecto al presidente Nicolás Maduro para el período 2025-2031.
Además de validar el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, la sentencia da por concluida de forma “inequívoca e irrestricta” la revisión de las elecciones celebradas 22 días antes. Así lo manifestó la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez.
Dijo que el fallo se apoya en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales “altamente calificados e idóneos”, pero cuya identidad no difundió. Tampoco se dieron a conocer todavía los resultados de las elecciones de forma desagregada ni se difundieron las actas de escrutinio mesa por mesa, como reclamaron diversos países, al igual que la oposición.
Sin embargo, Rodríguez afirmó, sin dar más detalles, que “los boletines de resultados del Consejo Nacional Electoral son congruentes con los informes de las máquinas electorales y los centros de totalización de resultados”. Según citó Telesur, la presidenta del tribunal también afirmó que en Venezuela hubo un intento de golpe de Estado acompañado de un ciberataque a gran escala, como había afirmado Maduro.
Antes de que se comunicara el fallo del TSJ, el candidato de la coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, había advertido en su cuenta de X: “Señores del TSJ: ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión sólo agravará la crisis”.
También había difundido, al igual que la líder de esa coalición, María Corina Machado, un video publicado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con citas de un pronunciamiento de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, perteneciente a ese organismo internacional, en el que se afirma que el TSJ es controlado por el gobierno de Maduro.
“Alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, afirma Marta Valiñas, presidenta de la comisión. “El gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente” y de Diosdado Cabello, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, agrega.
Otro integrante de la misión, Francisco Cox Vial, señala que, mediante reglas modificadas en 2022, el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, “eligió a los actuales 20 magistrados y magistradas del TSJ”, cuya actual presidenta, Caryslia Rodríguez, “es militante del partido del gobierno y ha ejercido cargos de elección popular”.
La plataforma opositora, que publicó 83% de las actas electorales con la intención de demostrar que el ganador de las elecciones fue González Urrutia, rechazó el fallo del TSJ. “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad”, manifestó el excandidato en su cuenta de X.
Para el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, la sentencia del TSJ “cierra un capítulo”. Consideró que “es muy importante que el mundo lo sepa, que ha triunfado la Constitución, el Estado de derecho, las instituciones”, y pidió respeto y “no injerencia en los asuntos internos venezolanos”.
Según fiscal venezolano, las fuerzas del Estado no mataron a nadie
El fallo del TSJ fue precedido por otro pronunciamiento de un jerarca venezolano favorable al gobierno de Maduro. El fiscal general, Tarek William Saab, concluyó el miércoles que el Estado no es responsable de ninguna de las 25 muertes ocurridas durante las protestas que siguieron a las elecciones, a diferencia de lo que afirman la oposición y organizaciones sociales.
“De todas las víctimas, el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales” vinculados a la extrema derecha, dijo el funcionario. “Voy a decir la primera gran conclusión. Ninguno [de los fallecimientos es] atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Porque no tenemos una sola denuncia”, dijo. No aclaró, sin embargo, a quién atribuye el otro 30% de las muertes ni las heridas causadas a manifestantes. Saab se limitó a decir que la Fiscalía registró 190 heridos en las protestas, de los cuales cerca de un centenar son policías y militares.