En una Argentina que llegó al mayor porcentaje de pobreza en dos décadas, 52,9%, varios sectores preparan movilizaciones contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Uno de ellos es el de los transportistas, que convocaron a un paro para el 17 de octubre. La medida, que fue dispuesta esta semana por la Mesa Nacional del Transporte, que reúne a distintos sindicatos del sector, responde a la situación de Aerolíneas Argentinas.
Meses atrás, cuando se trató la ley bases, el gobierno había intentado incluir esta empresa estatal en la lista de las compañías a privatizar, pero no logró el apoyo legislativo necesario. Sin embargo, la discusión se reactivó porque el diputado macrista Hernán Lombardi presentó al Congreso una nueva iniciativa de privatización para la aerolínea.
Mientras está en marcha este debate y los trabajadores de la empresa impulsan reclamos y movilizaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el viernes que se dará otro paso hacia la venta de la empresa. Anunció que Milei firmará un decreto que declara a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización”, lo que allanará el camino para el trámite parlamentario y lo acelerará.
“El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo noveno de la Ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado”, dijo Adorni, en referencia a una norma del gobierno de Carlos Menem.
Argumentó que la compañía aérea “arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
Según informó eldiarioar.com, el decreto, enmarcado en la Ley 23.696, implicaría que el Ejecutivo puede excluir a una empresa de todos los “privilegios”, “cláusulas monopólicas” y “prohibiciones discriminatorias” que impidan su privatización.
De acuerdo con Página12, no sólo la oposición rechaza la venta de la empresa, sino también diputados que responden a gobernadores y que están preocupados porque esta venta deje a sus provincias sin conectividad.
Para reducir la tensión con el movimiento sindical, el lunes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo, una central en la que tienen un peso importante los transportistas, en particular, el poderoso gremio de los camioneros.
Movilización universitaria
Las políticas del gobierno también movilizaron a las universidades estatales, que ratificaron la convocatoria a una protesta para el miércoles en rechazo al veto que el presidente decidió aplicar contra la ley de financiamiento universitario. Esa norma, surgida del Congreso, busca otorgarles a las universidades estatales más recursos que los que el presidente está dispuesto a asignar.
El Poder Ejecutivo afirma que las reuniones que mantuvo con gremios y rectores universitarios demuestran su voluntad de diálogo, pero Milei ya anunció el “veto total” a esa norma, apenas fue aprobada.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dijo en un comunicado que adhiere y convoca a la marcha del miércoles. Pidió al presidente que no vete la ley, y llamó a los legisladores a que si Milei ejerce el poder de veto, el Congreso “sostenga” la norma así como “las modificaciones correspondientes en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025”.
También el Consejo Interuniversitario Nacional convocó a la población a participar en la protesta y manifestó su “preocupación” ante una “profundización del desfinanciamiento”, que deja al sistema científico y universitario “al límite de sus posibilidades”.
Reforma laboral y despidos
Otro golpe para los trabajadores es la puesta en marcha de la reforma laboral comprendida en la ley bases. El jueves fue publicado en el Boletín Oficial el nuevo Sistema de Cese Laboral. Uno de sus puntos destacados es que las empresas y las organizaciones de trabajadores pueden optar por el sistema que rige actualmente para las indemnizaciones por despido o por un fondo de cese laboral acordado entre las dos partes. Según informó el diario Perfil, esta opción permite cambiar las condiciones que hoy están establecidas por ley, por ejemplo, decidir si tener en cuenta o no la antigüedad del trabajador al indemnizarlo.
Además, el período de prueba durante el cual un trabajador no tiene derecho a indemnización por despido pasa de tres meses a seis en las empresas grandes, y puede extenderse hasta un año en las más chicas.
A todo esto, se agregó la noticia de que el Estado despidió durante la noche del jueves, por mail, a un número indeterminado de trabajadores. De acuerdo con Página12, esas personas recibieron la notificación de que no se renovará su contrato, que vence a fin de mes, y se les pidió que no concurran a sus lugares de trabajo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó a movilizarse ante edificios públicos en los que se desempeñaban esas personas y a organizar asambleas mientras se desconocía el alcance de la medida. Algunos datos conocidos el viernes son el despido de 120 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y el cese de otros 70 en la Secretaría de la Niñez, en el Ministerio de Capital Humano.
Todo esto ocurre mientras el índice de pobreza pasó de 41,7% a finales de 2023 a 52,9% en el primer semestre de 2024. En una población de 46 millones de personas, casi 25 millones son pobres, incluidas 8,3 millones que no cuentan con recursos para acceder a la comida diaria que necesitan.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina, citado por Perfil, señala entre las causas de esta situación se encuentran el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, una reducción de 29,5% de los salarios con respecto al año anterior y una caída en la jubilación mínima de 19,7% en relación con los seis primeros meses de 2023.