Miles de personas se movilizaron el sábado en Ciudad de México, en Guadalajara y en decenas de ciudades del país en reclamo de justicia luego del hallazgo de numerosos restos óseos en un centro de entrenamiento que también era empleado como campo de exterminio por la organización narco Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El lugar, conocido como Rancho Izaguirre, está ubicado en la localidad de Teuchitlán, situada a 50 kilómetros de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Allí, luego de recibir denuncias, en setiembre del año pasado se llevó adelante un operativo policial en el que los agentes reportaron la localización de diez personas privadas de libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas por estos hechos, recordó el portal mexicano Animal Político.
Si bien el rancho, de 10.000 metros cuadrados de extensión, quedó luego de dichos sucesos bajo custodia de la Fiscalía y se hicieron algunas excavaciones, las autoridades no reportaron más hallazgos.
No fue hasta los primeros días de este mes cuando lograron ingresar al lugar con una orden judicial los integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización civil conformada por familiares de desaparecidos por la violencia, que encontraron decenas de objetos personales, entre ellos muchas prendas, restos óseos en fosas clandestinas e indicios de que los cuerpos habían sido calcinados, informó la BBC.
Tanto Guerreros Buscadores de Jalisco como otras entidades similares recibieron numerosas denuncias de que el Rancho Izaguirre era empleado por los narcos como lugar de reclutamiento forzoso y entrenamiento de jóvenes que se encuentran desaparecidos. Además, en el lugar se ejecutaban y enterraban a enemigos o simplemente a personas que de una manera u otra interferían en las actividades de la organización delictiva.
Imágenes satelitales a las que accedió el portal Aristegui Noticias dan cuenta del aumento de operaciones en el Rancho Izaguirre, de algunas pequeñas construcciones y de muchos movimientos de tierra, sobre todo en las tomas de mayo de 2023 respecto a las anteriores.
Por su crudeza, el caso puso nuevamente en el debate público el drama de las desapariciones en México.
“No son casos aislados, son muchísimos”, expresó en una de las movilizaciones la madre de una persona desaparecida en Jalisco, que tiene el triste récord de ser el estado mexicano con mayor número de personas desaparecidas: 15.348, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los estados del país que le siguen son el Estado de México, con 13.625, y Tamaulipas, con 13.307.
Testimonios de sobrevivientes que estuvieron en el Rancho Izaguirre indican que allí hubo asesinatos, tortura y desapariciones forzadas al menos desde 2018. Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de desaparecidos denunciaron la inoperancia de las autoridades, que fueron incapaces de investigar y dar respuestas y se limitaron a señalarse unas a otras.
La presidenta Claudia Sheinbaum se expresó sobre el caso en una conferencia de prensa la semana pasada y dijo que quiere esperar a información “basada en evidencia científica” para dar alguna postura oficial respecto al Rancho Izaguirre.
“Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información y a partir de esa investigación, pues, ya todo lo que tengan que hacer la Fiscalía”, expresó la mandataria.
Sheinbaum adelantó que esta semana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudirá a la conferencia presidencial para dar detalles de lo que ha ocurrido desde setiembre, cuando se registraron detenciones en el sitio, informó el semanario mexicano Proceso.
Sobre si se llamaría a declarar al exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, la presidenta apuntó: “Nuestro interés no es político en este caso, sino que tiene que ver con la verdad y la justicia. Antes que nada, la verdad y el deslinde de responsabilidades”.
El fiscal Gertz Manero también habló en los últimos días sobre el caso y precisó que, antes de que se decida tratar desde la fiscalía general, se hará una investigación sobre la actuación de las autoridades municipales, estatales y los antecedentes de lo que ocurrió en el predio.
“Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso, es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, expresó Gertz Manero.