Los jubilados, uno de los sectores más afectados por las políticas del presidente Javier Milei, se manifestaron esta semana, como cada miércoles, frente al Congreso argentino contra la pérdida de ingresos y la cancelación de la política de acceso gratuito a medicamentos.
De los cerca de 7,5 millones de jubilados que tiene Argentina, más de 63% reciben la jubilación mínima, 366.000 pesos, unos 321 dólares.
En cada manifestación se repite la represión policial con gases irritantes, muchas veces lanzados directamente a la cara de los manifestantes. Esta semana la protesta terminó con más de 80 heridos y cuatro detenidos, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Las imágenes de la represión mostraron la violencia que desplegaron las fuerzas de seguridad. Se pudo ver policías lanzando gases desde muy cerca a la cara de los manifestantes, y varios ataques contra periodistas que cubrían la movilización.
El canal La Nación+ transmitía en vivo cuando su camarógrafo Diego Pérez Mendoza fue golpeado y derribado por policías. Según informó el canal, a Pérez Mendoza le tiraron gas pimienta en la cara. Otro trabajador que cubría la movilización para ese medio, Pablo Corso, “fue alcanzado por una bala de goma”.
Un fotógrafo, Tomás Cuesta, que colabora con agencias internacionales de noticias, con Amnistía Internacional y con el diario La Nación, fue atacado por varios policías que lo tiraron al suelo y después de inmovilizarlo le retorcieron el brazo. “¡Me estás lastimando, hijo de puta!”, se lo escucha decir en un video que registró ese momento. Este jueves, Cuesta relató al programa Industria nacional, del canal de streaming Gelatina que, antes de derribarlo, le bajaron la cámara cuatro veces para que no tomara imágenes de la detención irregular de un jubilado por parte de policías sin uniforme, cuando la marcha ya casi se había dispersado.
“Lo que me pasó era evitable; tenía la credencial colgada y nunca solté la cámara”, dijo Cuesta a la radio Urbana Play, y afirmó que les “tiraron gas pimienta en la cara” a los reporteros gráficos para evitar que registraran el accionar de los policías.
“Los gases y las balas contra trabajadorxs de prensa no son excesos, tienen un objetivo: castigar a los que visibilizan la violencia policial”, publicó el CELS en su cuenta de X. Recordó que el fotógrafo Pablo Grillo, que en una manifestación similar recibió el impacto de una lata de gas en el cráneo y sufrió pérdida de masa encefálica, “sigue luchando por recuperarse”.
El CELS señaló que los “jubilados y jubiladas vienen reclamando una jubilación que alcance para comer todo el mes”, y que esta vez se encontraron no sólo con “la represión ordenada por el Ministerio de Seguridad”, sino con que “el Congreso volvió a darles la espalda: no dieron quórum para tratar el aumento” de sus ingresos.
Límites al derecho de huelga
Además de reprimir las manifestaciones, el gobierno de Milei busca restringir el derecho de huelga. Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el 340, declaró esenciales nuevas ramas de la actividad.
La legislación argentina considera esenciales sólo aquellos servicios que si se interrumpen pueden poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. El nuevo DNU dispone que en caso de conflicto gremial, los servicios de salud, transporte, medicamentos, insumos hospitalarios, servicios farmacéuticos, los vinculados con los servicios de agua potable, gas y otros combustibles, así como de energía eléctrica y telecomunicaciones deben garantizar entre 50% y 75% del servicio.
A su vez, agrega nuevos sectores que deberán mantenerse en funcionamiento parcial. Según informó EldiarioAR, entre otros, figuran la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, los servicios migratorios y de aduanas, la educación, desde preescolar hasta secundaria, el cuidado de niños, el transporte de carga y el transporte marítimo y fluvial de personas.
“Otra vez Milei con un decreto quiere llevarse puesto el derecho de huelga, a pesar de que la justicia laboral ya lo declaró inconstitucional. Quieren a los trabajadores sometidos y sin derecho a defenderse. No lo vamos a permitir”, manifestó en la red X Hugo Yasky, el titular de una de las vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Este jueves, las dos CTA convocaron a marchar hacia el Ministerio de Economía contra los recortes del gobierno y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en reclamo de salarios dignos.
Otra de las grandes centrales sindicales argentinas, la Confederación General del Trabajo, decidió recurrir a la Justicia para impugnar el decreto de Milei, según anunció su secretario general adjunto, Andrés Rodríguez. “El derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora”, afirmó.