El Parlamento israelí dispuso que se cree una comisión presidida por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para determinar si el gobierno que él mismo encabezaba cometió errores de seguridad que hicieron posibles los ataques del 7 de octubre de 2023. Ese día, más de un millar de milicianos de Hamas y la Yihad Islámica ingresaron a Israel, mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a otras 250.
Por mucho tiempo se postergó la investigación sobre las fallas de seguridad bajo el argumento de que el país estaba “en guerra”. Finalmente, se llevará adelante, pero bajo un formato cuestionado por la oposición y por los familiares de las víctimas.
La propuesta, que recibió 53 votos a favor y 48 en contra, se votó en una sesión en la que algunos diputados prefirieron no entrar a sala, otros protestaron durante la sesión y algunos fueron expulsados del recinto. El siguiente paso será el nombramiento de los seis integrantes de la comisión por parte del Parlamento. Si no hay consenso político, tres serán nombrados por el gobierno y tres por la oposición.
El principal dirigente opositor, Yair Lapid, dijo que con este formato, Netanyahu “está eludiendo la responsabilidad” que le puede caber, porque manejará los tiempos y los asuntos a indagar, y consideró que “esto no es una comisión de investigación, es un certificado de defunción de la verdad”. Señaló que lo habitual es crear una comisión estatal independiente integrada por personas que designa la Corte Suprema.
Antes de la votación, Netanyahu defendió su proyecto y dijo que los integrantes de la comisión serán nombrados por el Parlamento, pero no serán políticos, sino académicos o expertos de seguridad, y que familiares de víctimas actuarán como observadores.
La opacidad del gobierno de Netanyahu tiene varios antecedentes, como la decisión de no permitir que periodistas extranjeros ingresen a la Franja de Gaza o el reciente anuncio de que prohibirá a 37 organizaciones humanitarias, como Médicos sin Fronteras, operar en ese terrritorio palestino. Esta decisión fue repudiada por varios gobiernos y por Naciones Unidas. La Autoridad Nacional Palestina afirmó que el verdadero objetivo es impedir que haya testigos “en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, algo que Israel ha utilizado como arma de guerra”.
Amnistía Internacional denuncia crímenes de guerra de Hamas
Así como el gobierno de Israel ha rechazado reportes sobre sus violaciones a los derechos humanos, el movimiento islamista palestino Hamas condenó “enérgicamente” un informe publicado en diciembre por Amnistía Internacional sobre los ataques del 7 de octubre de 2023, en el que acusa a los milicianos de esa y otras organizaciones palestinas de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Amnistía Internacional señala que “la paz sostenible requiere justicia internacional para todas las víctimas de todos los crímenes cometidos en Israel y el territorio palestino ocupado”.
Afirma que, aunque transcurrieron más de dos años desde aquellos ataques, “todavía siguen apareciendo relatos sobre las atrocidades que los grupos armados palestinos cometieron ese día y sobre el trato que dispensaron después a quienes mantuvieron en cautiverio en Gaza”.
Señala que de las 1.200 personas asesinadas el 7 de octubre, más de 800 eran civiles y 36 eran niños o niñas, que hubo 4.000 heridos y “centenares de viviendas y estructuras civiles fueron destruidas o quedaron inhabitables”.
Concluye que se trató “de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil”, y que los milicianos tenían la orden de atacar “específicamente” a civiles. Los actos de violencia cometidos ese día y también después, contra los rehenes, “constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la secretaria general de la organización Agnès Callamard. Entre esos crímenes, el informe menciona “asesinato”, “exterminio”, “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, “desaparición forzada”, “tortura”, “violación [...] o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” y “otros actos inhumanos”.
“Hamas y otros grupos armados palestinos dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana. Atacaron deliberada y sistemáticamente a civiles en lugares como sus viviendas o un festival de música con el fin evidente de tomar rehenes, lo que constituía crímenes de guerra”, dijo Callamard.
“Mataron deliberadamente a centenares de civiles, incluso efectuando disparos y lanzando granadas para obligar a personas aterrorizadas, incluidas familias con niños y niñas pequeños, a salir de sus habitaciones de seguridad y sus escondites o atacándolas cuando huían”, agregó.
Señaló que “los combatientes palestinos, incluidas las fuerzas de Hamas, fueron también responsables de secuestrar a civiles en numerosos lugares y someter a abusos físicos, sexuales y psicológicos a personas capturadas”.
La organización señala que “el alarmante historial de violaciones de derechos cometidos por Israel contra la población palestina, incluidos los decenios de ocupación ilegal, el apartheid y el persistente genocidio de Gaza, no puede justificar en absoluto esos crímenes ni tampoco exime a los grupos armados palestinos de sus obligaciones según el derecho internacional”.