El gobierno brasileño expresó formalmente al de Estados Unidos su oposición a la propuesta de clasificar a entidades criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas.
Esta postura fue comunicada directamente por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
“Hablé por teléfono con el secretario Marco Rubio y le dije que el gobierno brasileño se opone a esta clasificación”, expresó el ministro en declaraciones consignadas por la cadena Globo.
Según explicó Vieira, el desacuerdo se basa en una distinción legal: las organizaciones criminales tienen una finalidad económica, mientras que el terrorismo está asociado con motivaciones políticas.
La evaluación de Itamaraty es que el cambio de clasificación podría tener importantes efectos prácticos, que no están en consonancia con la legislación brasileña, informó el portal InfoMoney.
La Ley Antiterrorista que actualmente está vigente en Brasil no alcanza al crimen organizado, lo que crea una incompatibilidad entre ambos ordenamientos jurídicos y limita la adopción de medidas conjuntas basadas en esta clasificación.
Más allá de la divergencia en los conceptos, el gobierno brasileño está buscando reorientar la cooperación bilateral. En su conversación con Rubio, Vieira abogó por una mayor acción conjunta en la lucha contra el tráfico internacional de armas.
“La gran mayoría, casi todas las armas en manos de organizaciones criminales en Brasil provienen de Estados Unidos. Necesitamos trabajar juntos para combatir este tipo de delito y el contrabando de armas”, afirmó el canciller brasileño.
El tema surge en el contexto de una iniciativa más amplia del gobierno estadounidense en su acercamiento con los países de la región.
La clasificación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas podría allanar el camino para sanciones financieras más severas y ampliar los instrumentos de cooperación judicial, como las extradiciones, incluso si enfrenta obstáculos legales en Brasil. Pero desde la cancillería brasileña se considera que el cambio podría abrir una laguna legal que podría dar paso, en un caso extremo, a una eventual intervención externa en el país.
El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que, si bien reconoce el interés de Estados Unidos en adoptar la clasificación, Brasil no tiene intención de seguir la misma línea.
La estrategia del gobierno es mantener la distinción legal y concentrar la cooperación en medidas operativas para combatir el crimen transnacional.