Una nueva ley de “unidad étnica” entró en vigor en China el miércoles bajo severas críticas internacionales, ante la preocupación de que promoverá la “asimilación forzada” de las minorías en el país.
La Ley de Promoción de Unidad y Progreso Étnico busca forjar una identidad nacional “compartida” y formaliza políticas para promover el lenguaje mandarín como el “idioma nacional común”.
El texto tipifica como delito la participación en “actividades terroristas violentas, actividades de separatismo étnico o actividades de extremismo religioso”, lo cual abre un enorme paraguas bajo el cual el Estado tiene la potestad de perseguir a quienes manifiesten cualquier tipo de disidencia, de acuerdo con lo que informó AFP.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional señaló que la legislación “presiona a grupos étnicos como los uigures, tibetanos y mongoles a adoptar una única identidad nacional definida por el Estado y dominada por la cultura china (de la etnia dominante) han”.
Los han constituyen aproximadamente el 90% de la población total del país, pero en el vasto territorio chino viven además decenas de minorías étnicas, entre ellas 55 que son reconocidas por las autoridades de Pekín, pero el gobierno estableció el mandarín como la lengua de enseñanza oficial en regiones con una gran población de etnias minoritarias, como es el caso del Tíbet.
Los tibetanos son cerca de siete millones y en su enorme mayoría viven en China, aunque hay pequeñas minorías en India y también en Nepal.
Otro grupo étnico muy importante en China son los uigures, que cuentan con una población de aproximadamente 20 millones. Son un pueblo de origen túrquico que profesa el islam y que vive principalmente en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, en el noroeste del territorio.
Según lo que expresó en un comunicado la subdirectora regional de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, la ley que entró en vigencia este miércoles busca un “alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino” e “institucionaliza aún más las políticas de asimilación forzada” de grupos minoritarios, que el gobierno central de Pekín promueve desde hace décadas.
La nueva legislación también generó reacciones en agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
El jefe de derechos humanos de la entidad, el austríaco Volker Türk, llamó a anular la ley, mientras que representantes tibetanos y uigures declararon la semana pasada que la legislación criminaliza su identidad cultural, religiosa y lingüística.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó el miércoles su “fuerte condena” de la ley, que a su juicio amplía las “amenazas y la intimidación contra el pueblo de nuestro país y otras naciones”.
“En el futuro, individuos de cualquier país cuyas palabras o acciones no sean aceptables para China podrán ser perseguidos” bajo la ley, agregó el ministerio taiwanés.
China considera a Taiwán parte integral de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla, que de facto funciona como un país independiente.
Igualmente, el gobierno de Alemania expresó en el comienzo de esta semana su “gran preocupación” por la normativa, al considerar que “representa un gran riesgo de debilitar más la enseñanza de lenguas minoritarias, al igual que derechos como la libertad religiosa”.
