Para el presidente estadounidense, Donald Trump, “el Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento”, algo que consideró “una práctica costosa e injusta” para su país. Manifestó en su red Truth Social que los congresistas que impulsen esa medida contarán con su “apoyo total y absoluto”.
Así reaccionó Trump ante un pronunciamiento de la Corte Suprema este martes, que declaró ilegal una orden ejecutiva que negaba la ciudadanía estadounidense a quienes nacieran en Estados Unidos pero fueran hijos de personas que no tuvieran regularizada su situación migratoria o que se encontraran en el país de manera temporal. Esto último abarcaba desde turistas hasta personas con visas de trabajo o de estudiante.
Según distintos institutos demográficos, la orden ejecutiva de Trump podía afectar cada año a unas 250.000 niñas y niños. Un estudio del Pew Research Center concluye que en 2023 cerca de 9% de los nacimientos registrados en Estados Unidos entraban en esta categoría, y un total de unos seis millones de personas de todas las edades que vivían ese año en el país habían nacido en esas circunstancias.
El pronunciamiento de la Corte Suprema deja sin efecto la restricción aprobada por Trump y reconoce que “los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'” del país y por lo tanto “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.
Trump ha argumentado que esa enmienda se malinterpretó y que cuando fue aprobada, en 1868, solo buscaba darles la ciudadanía “a los hijos de los esclavos”. Para los magistrados del tribunal hay “escasas pruebas” de que haya sido así. El presidente también afirmó que su país es el único del mundo en otorgar ciudadanía en forma automática, pero en realidad decenas de estados tienen leyes similares.
Seis jueces de nueve aprobaron el fallo. Cinco consideraron que la orden ejecutiva de Trump viola la Decimocuarta Enmienda y otro concluyó que va en contra de la ley federal, aunque no de la Constitución. Los seis manifestaron en su pronunciamiento que tanto en 1868 como hoy la enmienda consagra “el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”. Agregaron que la norma fue redactada para ampliar “esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’” y manifestaron: “Hoy mantenemos esa promesa”.
En el Congreso, varios legisladores republicanos cuestionaron el pronunciamiento de la Corte Suprema. Según informó The Guardian, uno de ellos fue el senador Lindsey Graham, que dijo que él lleva años impulsando un cambio de ley y una enmienda constitucional que modifique el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Después de conocer el fallo se manifestó “decepcionado”, pero “más decidido que nunca a poner fin a este importante factor de atracción para la inmigración ilegal y el turismo de nacimiento”.
Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, un centro de estudios alineado con la derecha que representa Trump, manifestó que el pronunciamiento de la Corte Suprema es “una tremenda traición a la república” que resta valor a la ciudadanía estadounidense, según citó The New York Times. Al igual que el presidente, Roberts llamó a legislar para cambiar las normas actuales.
Trump manifestó que no es necesaria “ninguna enmienda constitucional larga y engorrosa”, sino que basta con una legislación que se debería comenzar a elaborar de inmediato, tras el “lamentable” fallo de la Corte Suprema.
De acuerdo con The Guardian, una organización que promueve la participación política de los estadounidenses de origen latinoamericano, Voto Latino, consideró que “el tribunal trazó una línea definitiva, que derrotó un intento radical de dividir a nuestras familias y disipó cualquier duda de que nuestra comunidad pertenece aquí”.
Pese a que la actual Corte Suprema tiene un perfil claramente conservador y está integrada por varios magistrados que fueron designados por Trump, varias veces puso freno a iniciativas del presidente, entre ellas, su guerra arancelaria.
Sin embargo, también le dio triunfos judiciales como el de la semana pasada, cuando el tribunal habilitó al gobierno a terminar con las protecciones humanitarias temporales para personas que no pueden regresar a sus países. Esto afecta a 350.000 haitianos y 6.000 sirios.