El análisis del Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dedicado al impacto del uso de drogas en la seguridad, llega en un momento especialmente sensible para América Latina. La región sigue atrapada entre mercados ilegales en expansión, cárceles saturadas, barrios sometidos a economías criminales, estados debilitados y gobiernos que prometen recuperar el control con más policías, más militares, más operativos y más cárcel.
Este análisis tiene un mérito indudable: reconoce que la relación entre drogas, delito y violencia no es simple ni automática. Se aleja, al menos parcialmente, de la vieja idea de que el consumo conduce inevitablemente al crimen. Acepta que intervienen factores individuales, sociales, económicos, territoriales y políticos, más allá de los efectos de algunas sustancias sobre la conducta, la violencia para sostener consumos problemáticos o la generada por los mercados ilegales. Este matiz importa. Durante décadas la política de drogas se ha construido sobre simplificaciones peligrosas, ancladas en el miedo y en el control social.
Sin embargo, el problema aparece desde el propio encuadre, el “impacto del uso de drogas” sobre la seguridad. Esa formulación parece técnica, pero no es inocente. Coloca el foco principal en el usuario y no en las condiciones que hacen que ciertos consumos se conviertan en escenarios de daño, explotación o violencia. En América Latina, esa diferencia es fundamental. Buena parte de la inseguridad asociada a las drogas no proviene del consumo, sino de la ilegalidad del mercado, la criminalización de usuarios pobres, la ausencia de servicios, la desigualdad urbana, la violencia policial, la corrupción institucional y la disputa territorial entre actores armados.
No basta con preguntarse cómo las drogas afectan la seguridad. Hay que preguntarse cómo las políticas de drogas producen inseguridad.
La imagen del consumidor trabado, violento y peligroso ha servido más para alimentar pánicos morales que para diseñar políticas eficaces. La violencia más letal suele estar en otro lugar: en el control de rutas, puertos, barrios, cárceles, fronteras y economías ilegales; en la disputa por rentas creadas por la prohibición; en la captura de instituciones; en la extorsión; en el reclutamiento de jóvenes sin oportunidades; en los pactos entre crimen organizado, política y fuerzas de seguridad.
Por eso resulta insuficiente analizar la inseguridad como consecuencia directa del uso. Las drogas no operan en el vacío. Generan más problemas en territorios marcados por segregación, informalidad, pobreza, racismo, falta de vivienda, desempleo, abandono escolar, trauma, violencia familiar, ausencia de atención y debilidad institucional. Allí donde hay redes de cuidado, vivienda, tratamiento, reducción de daños, empleo, presencia comunitaria y confianza institucional, las drogas siguen presentes, pero los riesgos disminuyen. Donde solo llegan la Policía, el castigo o el abandono, los daños se multiplican. Desplazar personas mediante operativos policiales solo mueve el problema de una calle a otra, de un barrio a otro, de una estadística a otra.
América Latina conoce demasiado bien esta lógica. Las “recuperaciones” de territorios duran lo que dura la presencia mediática y “justifican” enormes abusos, como los ocurridos en octubre en las comunidades de Alemão y Penha, en Río de Janeiro. Los decomisos son presentados como victorias, aunque el mercado se recomponga instantáneamente; las detenciones masivas alimentan cárceles donde el Estado pierde control y las organizaciones criminales ganan reclutamiento.
Ahora, bajo supervisión militar hay tres veces más muertos en las cárceles ecuatorianas que en los peores años de motines. Las campañas contra el “microtráfico” terminan persiguiendo a los eslabones más débiles: jóvenes pobres, mujeres usadas como correos, consumidores problemáticos o vendedores de supervivencia. Mientras tanto, las estructuras financieras, logísticas, institucionales y políticas que sostienen el negocio permanecen mucho más protegidas.
El informe reconoce que el encarcelamiento de personas que usan drogas, cuando no va acompañado de tratamiento, apoyo social y alternativas reales, puede agravar los problemas que pretende resolver. Pero ese reconocimiento debería ser el centro de la discusión, no una advertencia lateral. Las cárceles son una fotografía nítida del fracaso prohibicionista: no rehabilitan; profundizan trayectorias criminales, rompen vínculos familiares, destruyen oportunidades, exponen a violencia extrema y fortalecen el gobierno criminal intramuros.
Por eso, una agenda seria de seguridad y drogas debería cambiar radicalmente sus indicadores de éxito. Cambiar toneladas incautadas, hectáreas erradicadas, personas detenidas o años de condena acumulados, por cuántas personas acceden a tratamiento voluntario, evitan la cárcel mediante alternativas, reducen riesgos y daños, recuperan vivienda, empleo o redes familiares; cuántas comunidades reducen homicidios, extorsiones y violencia policial; cuántos jóvenes dejan de ser reclutados; y cuántos recursos criminales son reutilizados con fines sociales.
El desafío para América Latina no es incorporar la salud pública al viejo paradigma de guerra contra las drogas. Es superar ese paradigma. La pregunta ya no es cómo reducimos el impacto del uso de drogas sobre la seguridad, sino cómo reducimos el impacto de las políticas fallidas sobre la vida, la democracia y el desarrollo.
Después de décadas de prohibición, América Latina no necesita más diagnósticos que confundan síntomas con causas. Necesita una política de drogas que se atreva a mirar donde más incomoda: no solo al consumo, sino al daño producido por la ilegalidad, la exclusión y el propio Estado cuando responde tarde, mal y con violencia.
Una versión más extensa de este artículo se publicó originalmente en Latinoamérica21.
