“A mí no me van a echar porque tengo un derecho. Voy a seguir luchando. Mi casa no solo son las paredes, mi casa es mi vida, mis padres han muerto en esta casa”, decía días atrás María del Carmen Abascal, una vecina de Madrid, de 87 años, frente a su casa, ante una multitud de manifestantes. Su nombre no es conocido, pero su sobrenombre, Maricamen, se convirtió en las últimas semanas en España en sinónimo de lucha contra los fondos inmobiliarios especuladores y las autoridades que no les pusieron freno.
La situación de Maricarmen convocó movilizaciones, que continuaban el viernes en distintas ciudades de España para evitar un desalojo que la amenazó por siete años y que el miércoles se concretó.
Hace 70 años, su familia alquiló el apartamento en el que Maricarmen vivió desde entonces. En aquel momento, en 1956, las leyes del franquismo dejaban en manos del “jefe de familia” la potestad de firmar un contrato de alquiler y así se hizo también en este caso. Cuando él murió, se permitió que la esposa sobreviviente heredara el derecho a continuar con el contrato. Pero esa regla se aplica una sola vez. En 2005, cuando la madre de Maricarmen falleció, esos derechos no se extendieron a ella. “Hay que pensar que en la época en que mi papá alquiló este piso, las mujeres no teníamos ni voz ni voto, entonces solo pudo firmar él, como ocurría con las cuentas corrientes”, dijo Maricarmen a elDiario.es, que hizo público su caso y generó una ola de reacciones.
A esta desprotección se agregaron varias otras. El edificio en el que está su apartamento fue comprado por una gran empresa inmobiliaria, Renta Corporación Real Estate, que le ofreció a Maricarmen la oportunidad de que adquiriera su vivienda por 247.000 euros, un valor menor al de mercado. Como no contaba con esa cantidad, no pudo. Así que la empresa se la vendió a quienes hoy son dueños del apartamento, Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL.
En Madrid las viviendas aumentaron su precio y, en particular en ese barrio, Ibiza, que se convirtió en una zona residencial cara y un centro gastronómico. Urbagestión le transmitió a Maricarmen que le aumentaría el alquiler de 580 a 2.650 euros. Con su jubilación de 1.400 euros, no podía pagar esa cantidad ni tampoco la última oferta que le hicieron, de 1.650. Por eso, Urbagestión activó el proceso de desalojo.
Maricarmen vivió los últimos siete años con la amenaza de ser expulsada de su casa, entre intentos de negociar un precio más bajo y con una salud en deterioro. Hasta hace poco podía caminar. Ahora está diagnosticada con una discapacidad de 50% de su cuerpo y se traslada en silla de ruedas. Cuenta en entrevistas que en su casa conoce las paredes, los muebles, cada lugar, y cuida todo eso porque es su hogar. Cuenta que esperaba terminar su vida allí, al igual que sus padres.
Otra protección que tenía, una moratoria contra los desalojos que se había aprobado durante la pandemia de covid-19, quedó sin efecto. Según informó elDiario.es, los partidos de derecha Junts, Vox y Partido Popular (PP) la dejaron sin efecto bajo el argumento de que esa ley protegía a los “ocupas”.
Sin otro lugar
Maricarmen no tiene hijos ni hermanos. Un primo que vive en otra zona de España se ofreció a alojarla en su apartamento y el gobierno de la Comunidad de Madrid le ofreció una residencia de emergencia lejos del lugar en el que vivió toda su vida y con un alquiler más caro que el que solía pagar.
El caso pasó por la Justicia con distintos resultados. Un juzgado de Madrid le dio la razón a Maricarmen y consideró que, cuando los propietarios del apartamento lo compraron, tácitamente aceptaron su condición de inquilina en las condiciones pactadas. Pero un tribunal de segunda instancia consideró que el propietario tiene la razón y el Tribunal Supremo ratificó este fallo. En 2024, se le notificó a Maricarmen que debía dejar su casa.
Una multitud coreó: “No estás sola”. Hubo manifestaciones en varias ciudades. Algunas, varios días consecutivos, frente al apartamento de lujo de 485 metros cuadrados que compró la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros para instalar sus oficinas. Otra se congregó el miércoles afuera del apartamento de Maricarmen, y también adentro, para intentar disuadir a las autoridades de desalojarla. Sin embargo, la vecina de 87 años fue retirada de su casa en una camilla y trasladada a un hospital cercano.
Maricarmen culpa a la alcaldía de Madrid, al gobierno de la Comunidad Autónoma, los dos en manos del PP, y también al gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Se pregunta si el presidente Pedro Sánchez no está enterado de que todos los días personas como ella son echadas de sus casas, según una entrevista de RTVE. Dice que Madrid ya no es Madrid ni es de los madrileños, sino de la industria turística y de los “fondos buitre”. Dice que a las personas mayores “se las avasalla, se las acosa”.
“Seguir peleando”
El Ministerio de Vivienda pidió a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento que intervengan cuando los desalojos afecten a personas vulnerables como Maricarmen. La secretaria de Vivienda, Leire Iglesias, incluso hizo gestiones para comprar el apartamento y después alquilárselo, pero encontró impedimentos legales para elegir una propiedad en forma directa.
Los manifestantes le reclaman al gobierno una legislación que proteja a las personas en situaciones similares. Con ese objetivo, las autoridades de Vivienda negocian con Junts para reunir los votos que permitan cambiar las normas. A su vez, Sumar, socio del PSOE en el gobierno, propuso recurrir a alguna vía para la expropiación de esa vivienda. También se informó que una persona cuyo nombre no trascendió se ofreció a pagar el alquiler de 2.600 euros para que Maricarmen siga viviendo allí, pero la empresa no aceptó.
En un comunicado, el viernes, Urbagestión aclaró que es una empresa pequeña y no un gran fondo de inversión y que solo compró en ese edificio el apartamento de Maricarmen. Aclaró que no lo tiene a la venta. La empresa, además, propuso llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid sobre este apartamento, pero la administración del alcalde José Luis Martínez-Almeida alegó que hay requisitos de procedimiento que lo impiden. En su lugar, ofreció una instancia de mediación, el lunes, entre representantes de Maricarmen y de la empresa.
La divulgación del caso y las protestas que generó llevaron a que autoridades que no habían reaccionado hasta esta semana tomaran conciencia de que el problema de la vivienda no deja indiferente a la población. Incluso, el Ayuntamiento, que no había contemplado otra solución, ofreció el viernes por primera vez “un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno” para Maricarmen.
En un video difundido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la madrileña de 87 años dice desde el hospital Marañón, donde está internada: “No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, y afirma que aunque deba dejar su hogar, “no significa que no vaya a seguir peleando”.
