El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación del visado del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y de los integrantes de su familia, por su presunta “participación en actos de corrupción significativa”. La administración de Donald Trump acusa al jerarca de “facilitar el narcotráfico” mediante sobornos y también de “ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, de acuerdo con una declaración de prensa del Departamento de Estado.
De acuerdo con el comunicado, la decisión se enmarca en “los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral”, que dieron origen al Escudo de las Américas, la alianza que Estados Unidos propicia con varios países de América Latina y en cuyo último encuentro se acordó trabajar en “defender la gobernanza democrática” en la región “frente a la corrupción y el narcotráfico”. “Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, advierte la misiva.
El documento enumera una larga serie de funcionarios y jerarcas políticos presuntamente corruptos provenientes de países que integran la iniciativa: la mayoría de ellos (10) son integrantes o exintegrantes de la Justicia boliviana, a los que se les suman un coronel de la Policía, un empresario privado y otros nueve ciudadanos de ese país. También se nombra a dos colombianos –entre ellos, la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta– y dos ecuatorianos, sobre los que no se proporcionaron nombres. En último lugar figura el nombre de Juan Carlos Núñez Matos, un magistrado peruano que facilitó la operativa de la compañía naviera china Cosco Shipping en el puerto de Chancay, luego de revocar un fallo a principios de año, según consignaron diferentes medios del país andino.
Con todo, Mariaca es el único individuo sobre el que ahonda el comunicado del Departamento de Estado. En su caso, la oficina explica que fue elegido fiscal general “durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce”, y lo acusa de llevar adelante acciones contrarias a “los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, que además “socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo [de las Américas], trabaja para fortalecer”. “El mensaje del presidente Trump y del secretario [Marco] Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”, resume la declaración.
Mariaca: “No retrocederé ni un centímetro en las investigaciones”
La medida impuesta por el gobierno de Trump en su contra fue repudiada por Mariaca, quien en una conferencia de prensa en respuesta a la declaración del Departamento de Estado apeló a los conceptos de soberanía, autodeterminación y no injerencia, y consideró inaceptables los cuestionamientos a las tareas que lleva adelante. También rechazó que el cargo que ocupa “sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”.
Mariaca lidera una serie de investigaciones de relevancia, en particular el caso contra el asesor de la ultraderecha Fernando Cerimedo, detenido como el principal sospechoso del intento de femicidio contra quien era su pareja, la activista y abogada Nadia Beller, y que también es investigado por tráfico de influencias y encubrimiento de narcotráfico. El jerarca dijo que, aunque esto “no ha sido del agrado de determinados sectores políticos” y puede llegar a tener “implicaciones que trascienden las fronteras nacionales”, afirmó que su obligación es “investigar”.
En esa línea, el fiscal general dijo que “no está para agradar a personas, grupos económicos ni dirigentes políticos”, y manifestó: “No retrocederé ni un centímetro en las investigaciones que corresponden a mi gestión”. “Si cumplir mi deber, defender la independencia de nuestras instituciones y sostener ahora la soberanía de Bolivia significa enfrentar presiones o represalias, asumiré esa responsabilidad; porque la función pública no puede estar condicionada por el temor. Mi compromiso es con la Constitución, con la justicia, con la verdad y con cada uno de los bolivianos”, concluyó.
Por su parte, el gobierno boliviano anunció que solicitaría mayor información a las autoridades estadounidenses, de manera de iniciar las investigaciones pertinentes. En una conferencia de prensa que reunió a varios jerarcas, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, llamó a resguardar la institucionalidad del país y sostuvo que las acusaciones efectuadas por el Departamento de Estado “son bastante graves”, por lo que “corresponde que sean esclarecidas con evidencia, con cooperación internacional y con debido proceso”.
El jerarca, que remarcó que el gobierno mantiene una postura de respeto hacia “la acción independiente de los órganos del poder público”, sostuvo que las investigaciones que lleva adelante Mariaca “tienen que llevarse de acuerdo con lo que dicta la normativa” y “deben continuar”. Asimismo, y consultado sobre si entiende que las acusaciones podrían perjudicar la labor del Ministerio Público, advirtió que “no corresponde politizar el tema”. “Creo que en este momento necesitamos ser objetivos, necesitamos tener evidencias [y] necesitamos tener información”, remarcó.
