La llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023 obligó a todas las familias argentinas a reubicarse. Su programa no solo propuso administrar el Estado hasta su casi desmantelamiento, sino modificar las relaciones entre mercado, trabajo y capital. Las privatizaciones y la motosierra al gasto público han provocado una economía interna paralizada, deudas crecientes y falta de empleo. Para empeorar las cosas, Milei convirtió al sindicalismo, el feminismo, las redes de apoyo social y cualquier mediación colectiva en sus enemigos “culturales”, casi tan denostados como el periodismo que busca revelar estas prácticas. Las familias quedan vulnerables y sin posibilidades de planificar su futuro, socavando el ideal de la movilidad social ascendente, caro al peronismo, lo que deja a la principal oposición ante un desafío sin respuesta. Hay algunas orientaciones en debate que podrían guiar una “salida” del modelo actual: la persistencia de un modelo neodesarrollista, la reivindicación de un nacionalismo defensivo, la base de las decisiones políticas en la movilización popular y el histórico clivaje territorial federal. Estos temas forman parte de la memoria colectiva y del repertorio simbólico del primer peronismo. Sin embargo, el “campo nacional y popular” no ha logrado elaborar una respuesta unificada que supere al mileísmo.
Las tensiones que atraviesan al peronismo tornan aún más inescrutable a esta fuerza que, para el observador uruguayo, siempre fue una anomalía inclasificable. Como movimiento de masas, el peronismo se gestó alrededor de la incorporación de los trabajadores a la vida pública, la ampliación de los derechos sociales, la sindicalización, el desarrollo industrial y una concepción fuerte de la soberanía nacional. No fue, ni es hoy, solo un partido, aunque el Partido Justicialista sea su principal instrumento electoral; tampoco una coalición estable ni una corriente ideológica invariable. A lo largo de ocho décadas albergó posiciones revolucionarias, conservadoras, neoliberales, nacionalistas, sindicalistas, empresariales y un largo etcétera. Esa plasticidad es el motor de su historia: por eso la pregunta acerca de si el peronismo es de izquierda o de derecha resulta inútil. El pensamiento de Juan Domingo Perón combinaba nacionalismo económico, doctrina social católica, conducción vertical y organización corporativa. La “tercera posición” pretendía ser una alternativa al capitalismo liberal y al comunismo soviético, lo bastante amplia para justificar rumbos diversos según las circunstancias.
La “comunidad organizada” peronista no proponía abolir el capital privado, sino encauzar el conflicto entre capital y trabajo bajo una conducción que preservara el interés colectivo. En vez de concebir la sociedad como una suma de individuos que compiten en el mercado, entendía al individuo como parte de una comunidad compuesta por trabajadores, sindicatos, empresarios, asociaciones profesionales y el Estado. Esa concepción explica parte de la confrontación actual con Javier Milei. El libertarismo imagina el mercado como el principal coordinador social y considera que las organizaciones colectivas tienden a distorsionar la libertad individual. La tradición peronista parte casi del supuesto inverso: sin organización, protección laboral y capacidad estatal, la libertad popular se vuelve puramente formal. El conflicto no se limita a decidir el déficit fiscal o la velocidad de una apertura comercial, sino que enfrenta, o debería enfrentar, dos concepciones acerca de qué es una sociedad, qué significa trabajar y qué responsabilidades tiene el Estado ante las desigualdades.
La primera experiencia peronista redistribuyó el ingreso, fortaleció los sindicatos y produjo una identidad obrera que sobrevivió al derrocamiento de Perón en 1955 y a los 18 años de proscripción. Pero el trabajador argentino de hoy no coincide con el obrero industrial sindicalizado de mediados del siglo XX: la informalidad, el cuentapropismo y las plataformas digitales transformaron el mundo laboral. Representar a quienes trabajan sin patrón estable, convenio colectivo ni obra social es hoy una interrogante central del peronismo. Frente a la extranjerización y la apertura libertarias, reaparece la defensa de la industria nacional. La propuesta no busca replicar la industria del siglo pasado, sino exigir que la explotación de gas, petróleo, litio y alimentos genere encadenamientos locales y empleo calificado, en lugar de confinar al país al rol de exportador primario. Axel Kicillof encarna ese contramodelo desde la gobernación bonaerense: intenta blindar la obra pública, favorecer al comercio de proximidad y sostener el ingreso de los hogares, para preservar el tejido social municipal. Esa experiencia tiene, no obstante, sus límites. Los problemas estructurales bonaerenses –vivienda, seguridad, transporte, infraestructura– no nacieron con Milei, aunque este los haya agravado fatalmente, y la defensa de un “Estado presente” exige una autocrítica frente a déficits heredados, años de inflación y pérdida salarial, interpelando a una dirigencia que debe demostrar capacidad de planificación y rendición de cuentas a escala nacional y no solo provincial.
La sintonía económica con Estados Unidos parece haber resuelto estos problemas para los libertarios mediante salvavidas financieros. Aunque, en contrapartida, ha implicado una alineación automática a su política exterior y a la doctrina Donroe, la actualización del “América para los americanos” en que la Casa Blanca vuelve a tutelar el continente como su “patio trasero”. La reciente cadena nacional en la que Milei recuperó la “causa Malvinas” ante el clamor popular y la visibilidad global que le dio la selección de fútbol no es más que una pieza de esa partida de ajedrez. Sintoniza con la posición de Donald Trump en la llamada “guerra de los estrechos” en que las grandes potencias se disputan los pasos marítimos del planeta (desde Ormuz a Panamá), que devuelve hoy la centralidad estratégica a las tierras argentinas en el Atlántico Sur. Sin embargo, la importancia de Malvinas abrió un cisma en la oposición entre quienes analizan los riesgos geopolíticos de este alineamiento y quienes entienden que la causa antiimperialista sobre el territorio debe defenderse a toda costa, más allá de las contradicciones de un presidente que pocos meses antes se mostraba “fan” de Margaret Thatcher. Parecen haber quedado atrás los tiempos en que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015) promovían un nacionalismo independiente de las potencias extranjeras con una fuerte vocación de integración sudamericana. Aquella postura contrastaba con los años 90, cuando el menemismo demostró que una conducción peronista puede romper con su doctrina fundacional en política exterior y abrazar el alineamiento incondicional con Estados Unidos sin perder el apoyo de su electorado. Esa flexibilidad del votante peronista, hoy sin anclaje doctrinario firme, explica el desconcierto general frente al uso político del discurso “malvinero” por parte de Milei.
Esto redujo la capacidad opositora para organizar la protesta popular. La calle, donde el peronismo disputa sentido y construye poder, solo se ha visto movilizada bajo convocatorias puntuales de colectivos perjudicados por el gobierno o frente a la sanción de leyes como las de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. Una gran movilización general se ve debilitada por dos cuestiones: la falta de una consigna clara que identifique a gran parte de la sociedad, unificando el malestar y su reacción, y la ausencia de un liderazgo capaz de articularla como alternativa. El tejido popular no está inerte ante el repliegue partidario. Son las organizaciones sociales de base –cooperativas, grupos de jubilados, personas con discapacidad, movimientos de la economía popular y trabajadores de aplicación–, junto con parroquias, comedores y clubes sociales, las que siguen sosteniendo tanto la asistencia material a los más vulnerables como la “chispa” de la protesta. Los dirigentes de la izquierda independiente y figuras del campo popular, como Juan Grabois, son quienes operan como puente parcial entre el activismo y la política formal. Sin embargo, esta resistencia no encuentra correlato en la CGT, histórico músculo movilizador peronista, que prefiere una actitud de muy baja confrontación en temas de su estricto interés. La organización del descontento recae en los gremios más combativos, las dos CTA y colectivos específicos, como los médicos del hospital Garrahan.
El activismo de trinchera tuvo su fuerte en la participación juvenil, motor de las estructuras militantes como La Cámpora, que no solo sirvió de sostén a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino que fue una vía de regreso de la juventud a la vida partidaria. Sin embargo, sus principales referentes ya arrastran década y media de gestión pública. Para la juventud que creció entre la inflación, la pandemia y el malogrado gobierno de Alberto Fernández, la épica de 2003 puede resultar tan lejana como la del primer peronismo. El ascenso libertario expuso con crudeza esa distancia: Milei ofreció a muchos jóvenes precarizados una identidad rebelde contra el statu quo, mientras el peronismo aparecía atrapado en la defensa del orden establecido. A eso se suma la tensión por el liderazgo, agudizada desde que la Corte Suprema dejó firme una condena, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que es denunciado como una evidente muestra de lawfare. ¿Qué escenario queda? La Cámpora insiste en la centralidad de Cristina, que mantiene poder político pero carece de futuro electoral. Kicillof, que posee futuro electoral, no condensa la representación del movimiento. Máximo Kirchner dispone de organización, pero no de una mayoría nacional que lo respalde. La sucesión no es solo generacional: exige transferir una legitimidad carismática, condición que siempre ha sido central en el liderazgo peronista, y que no se hereda ni se cede.
Cristina conserva la presidencia del Partido Justicialista que, aunque no representa la totalidad del peronismo ni a sectores como el Frente Renovador de Sergio Massa, tiene el potencial para coordinar una base territorial amplia. Sin embargo, la fragmentación política, con gobernadores dialoguistas e intendentes ocupados en “su metro cuadrado”, deja muchas veces a la bancada peronista como espectadora en el Congreso: las autonomías locales se han hecho sentir en los pactos con el oficialismo. Son negociados para garantizar la supervivencia financiera provincial, ante restricciones de la Coparticipación, dinero que debería retornar a las provincias pero se retiene para aparentar equilibrio fiscal. Desde el kirchnerismo se acusa a los representantes provinciales de funcionar como aliados de Milei, intercambiando derechos por recursos; la respuesta es que la pureza doctrinaria no paga salarios ni rutas. Este panorama condiciona qué causas logran una lectura nacional y cuáles quedan regionalizadas. El desentendimiento ha beneficiado a la administración mileísta, que ha podido aprobar reformas que afectan al país. La modificación de la Ley de Glaciares lo muestra: la reforma, que deja en manos de cada provincia la restricción a la explotación minera en zonas periglaciares, avanzó sin que se lograra generar una verdadera resistencia nacional. Por el contrario, la reacción de la población frente al capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue contundente y obligó al gobierno a retirarlo. La amplia movilización pudo responder a la toma de conciencia frente a la ferocidad de los últimos incendios forestales intencionales o a que la extranjerización del suelo resuena con un repertorio simbólico de la causa Malvinas.
Más allá de los motivos, cabe preguntar si el peronismo ha logrado actualizar su marco teórico y sus prácticas a los problemas del territorio contemporáneo. Esta parece ser una de las claves que le permitirían constituirse en una alternativa frente a los embates geopolíticos para el próximo cuarto de siglo, en la medida en que su base popular se articule tras esas consignas, no en decidir si es de izquierda o de derecha, tal como puede plantearse la discusión con la fuerza progresista en el Uruguay de hoy. Regiones claves para el siglo XXI, como Tierra del Fuego, la Antártida o la Patagonia, requieren una respuesta ciudadana radical para enfrentar las recientes intervenciones colonialistas. Para eso hay que actualizar el clivaje territorial que le permita sostener su soberanía ante una emergente generación de actores globales interesados en sus recursos y reconstruir una propuesta hacia una clase trabajadora que no logra reconocerse como tal. La pregunta abierta bajo Milei es si este peronismo diverso y contradictorio será capaz de “hablar a las nuevas generaciones” sobre “los nuevos problemas” y recuperar el control de la agenda pública.
