Desde hace un año, estoy encerrado en una celda de una prisión y veo el cielo a través de sus barrotes. Desde hace un año, he visto a mi hijo de 18 meses unas pocas horas por mes. Desde hace un año, no tengo teléfono móvil ni acceso a internet. Desde hace un año, sigo lo que ocurre en mi empresa desde la distancia. Desde hace un año, estoy retenido sin fianza y sin fecha para un juicio por haber defendido derechos básicos en cualquier democracia, como la libertad de expresión y el derecho a manifestación. Desde hace un año, soy un preso político, un rehén en manos del gobierno español.
Si España es una democracia, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber presos políticos si se supone que la dictadura de Francisco Franco acabó hace más de 40 años? No hay una respuesta fácil. España tiene un enorme problema político con Cataluña y es incapaz de enfrentarse a un problema de la única forma que es posible hacerlo en democracias modernas: una solución política. En lugar de apostar por esta vía, España está intentando resolver el problema con policías y jueces sin darse cuenta de que esto lo hace crecer.
Si 80% de la población dice que quiere votar su futuro político en un referéndum, como es el caso de Cataluña, no puedes fingir que no oyes esta petición. Cuando Canadá y Reino Unido escucharon tal demanda, decidieron negociar un referéndum con Quebec y Escocia, respectivamente. Cuando más de dos millones de catalanes acuden a votar, como ocurrió el 1º de octubre del año pasado, no puedes enviar a la Policía a pegarles a los ciudadanos pacíficos. Si quieres ser un país que respeta el estado de derecho, no puedes enviar gente inocente a la prisión o forzarla a exiliarse, como pasa en España actualmente.
Cuando fui arrestado, hace un año, me acusaron de sedición por subirme encima de un coche de la Policía española (con permiso de los agentes). Dicen que incité a los manifestantes a la violencia cuando lo único que hice fue intentar dispersarlos pacíficamente. Cuando aparecieron vídeos de ese día que mostraban que pedía a los manifestantes que volvieran a casa, el gobierno español cambió el delito de sedición por el de rebelión. Ahora estoy acusado de incitar a la gente a participar en el referéndum del 1º de octubre y de instarla a bloquear a la Policía española cuando entró violentamente en los colegios electorales para detener la votación.
Ambos cargos son falsos y sin pruebas. Es una farsa. Cuando mi juicio empiece, será muy difícil que mantengan la acusación de rebelión, que implica el uso de armas. Si soy declarado culpable, apelaremos al sistema judicial de la Unión Europea (UE). España ya ha comprobado que Alemania y Bélgica no han accedido a extraditar a los miembros del gobierno de Cataluña que se refugiaron en estos países en busca de protección legal, porque los jueces de estos estados comprobaron que los cargos no tenían fundamento bajo la ley española. ¿Es España el único país que no quiere ver que la única violencia que tuvo lugar en Cataluña fue la de sus policías pegándoles a votantes pacíficos, algo que mostraron televisiones y portadas de periódicos de todo el mundo? ¿Tan difícil es entender que las papeletas y las urnas no son armas peligrosas en una democracia?
España entró en una peligrosa dinámica hace años: reducir cada vez más los derechos humanos individuales y colectivos hasta el punto de que ahora esto ha alcanzado límites intolerables. La UE se está centrando en Polonia y Hungría en este sentido, pero sería bueno que tuviera también una mirada más crítica del creciente déficit de democracia en España. Desde hace algún tiempo, no sólo los catalanes a favor de la independencia son procesados por ejercer sus derechos básicos: España ha cerrado sitios web y periódicos e incluso ha condenado a cantantes y titiriteros por sus esfuerzos artísticos.
La crisis de Cataluña lleva demasiado tiempo en un callejón sin salida. Es un problema político urgente que necesita una solución política. Hay siete líderes a favor de la independencia que se han ido al exilio, incluido el presidente catalán Carles Puigdemont, y nueve de nosotros estamos encarcelados, sin fianza ni fecha de juicio. Políticos extranjeros de todas las tendencias políticas, ganadores del Premio Nobel de la Paz y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado la situación y pedido negociaciones y que nos liberen. Dado que ningún progreso parece posible con el gobierno español, quizás ha llegado la hora de una mediación internacional. No está bien que en la España del siglo XXI, o en cualquier lugar del mundo, haya presos políticos como yo.
Jordi Cuixart es presidente de Òmnium Cultural.