El miedo es uno de los principales motores de la actividad humana. La gestación del miedo está íntimamente vinculada a factores objetivos y subjetivos que en grado distinto operan en el imaginario social.
Las sociedades contemporáneas, y la uruguaya en particular, están conmocionadas por el tema de la seguridad. Efectivamente, en la actualidad ha emergido con fuerza creciente un conjunto de comportamientos violentos que desencadenan la conformación de este escenario conmocionado.
Por un lado, hay que registrar la presencia altamente perturbadora del narcotráfico. Como es sabido, se trata de un proceso sumamente violento que involucra a un numeroso conjunto de personas: los responsables de la producción, la distribución mayorista y la distribución minorista, que se constituyen en una extendida red en el tejido social, por lo general protagonizada por los propios adictos. Este factor es algo novedoso en nuestra sociedad, pero lo más complejo es que involucra muy distintos actores y que a su vez se trata de una alternativa de vida (y de muerte) con rápido acceso a importante cantidad de dinero.
Un segundo factor social emergente es la violencia de género. En ello convergen varias causalidades. Por un lado, el mayor empoderamiento de las mujeres producto de los avances emancipatorios respecto de la histórica desigualdad ha precipitado una fuerte crisis de la condición masculina, que se expresa en violencia física o simbólica hacia la mujer. A ello hay que agregar que la sociedad ha tomado conciencia de ello y por lo tanto hoy la violencia de género se hace mucho más visible y objeto de repudio.
En tercer término, es factible señalar los tradicionales y conocidos factores de la criminalidad, entre los que destacan el ataque a la propiedad privada u otro tipo de acciones delictivas personales.
Este cuadro es el que ofrece el disparador de las cifras delictivas y, en consecuencia, lo que alimenta la sensación negativa de inseguridad.
Más allá de magnificar el fenómeno o de tratar de negarlo, de lo que se trata es de intentar comprenderlo para su erradicación. Queda absolutamente claro que la sociedad uruguaya no estaba preparada para enfrentar las negativas consecuencias de este escenario, por lo que se trata de encarar una estrategia al respecto.
Situados en este punto, la experiencia reciente indica varios rumbos anotados como claramente inconducentes. Uno de ellos es el clamor represivo en cuanto a incrementar penas, crear nuevos delitos, involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, la cadena perpetua, etcétera. La experiencia indica que este camino, además de ser poco respetuoso de la condición humana, es ineficaz.
En el otro extremo, con frecuencia se escucha una perspectiva enfáticamente garantista a la que solamente le preocupa el efectivo funcionamiento de los derechos. Complementariamente, se suele justificar esta nueva realidad en la estructura social existente, atravesada por desigualdades inaceptables que conducen a los comportamientos delictivos. En estos razonamientos se esconde un componente de acierto, pero su abordaje aislado es totalmente ineficaz como respuesta exitosa al problema.
Los componentes de una estrategia integral
Un problema tan acuciante no puede tener un abordaje único. Se trata de conformar una estrategia integral que sepa combinar un conjunto de intervenciones en materia de prevención, disuasión y represión de todos los comportamientos delictivos. Esa estrategia debe incorporar cuando menos los siguientes factores.
1) La adecuación –reestructura mediante– de los distintos cuerpos represivos del Estado para convertirlos en útiles para la nueva función. Política de reclutamiento del personal, características de la formación profesional, armamento adecuado, organización operativa, inteligencia aplicada, tecnología, entre otros.
La vieja Policía conocida por la sociedad uruguaya no se corresponde con esta nueva realidad, y además enfrenta el reto de ganarse la confianza del común de la gente luego de lo que fuera el triste papel represor que jugara en la época de la dictadura.
2) Reformulación de la propia administración de justicia, tanto en lo referido a la tipificación de los delitos como al abordaje de los procedimientos penales para su investigación y sanción.
Hay aquí una tarea de adecuación de marcos normativos, pero también de mentalizar a los principales protagonistas de la administración de justicia en las nuevas características de la delincuencia conjuntamente con los distintos procedimientos que ello implica. Adicionalmente es indispensable una aceitada coordinación entre jueces, fiscales y policías que permita actuar sincronizadamente.
3) El contexto social. Lo que en primer término surge es la necesidad de mejorar el acceso al empleo y su calidad. Complementariamente, las políticas sociales pueden y deben jugar un papel crucial a nivel del territorio. Educación, salud, vivienda, cultura y recreación son ineludibles para comenzar a consolidar escenarios locales alternativos al horizonte delictivo.
4) La rehabilitación. Es este un factor clave que apunta a eliminar la reincidencia. La ineficacia actual del encierro lo convierte en un paréntesis en la trayectoria delictiva. Cárceles con mucho trabajo y estudio y otros abordajes psicológicos necesarios componen lo sustancial de un encierro rehabilitador.
5) Participación social. La sociedad no puede ser un espectador en el abordaje de la violencia criminal. Es indispensable la conformación de espacios de encuentro entre la comunidad a escala barrial con todas las instancias estatales que operen: la Policía local, el gobierno local, las entidades responsables de los distintos programas sociales y los fiscales, que hoy cumplen una función muy relevante en la investigación de los delitos.
El diálogo permanente entre la comunidad y las distintas expresiones del Estado, muy especialmente la Policía, son fundamentales para construir confianza mutua. Con ello es posible que los servicios de seguridad comprendan mejor las realidades locales y barriales de la delincuencia y sobre todo que escuchen los reclamos y las opiniones de la comunidad.
6) La batalla por la opinión pública. Nada de lo anterior sirve de mucho si no se toma conciencia de las grandes patologías sociales y culturales que caracterizan a la cultura hegemónica del capitalismo contemporáneo.
Las adicciones, el consumo irrefrenable, el dinero como medida de la esencia humana, el egoísmo y el individualismo, y el placer inmediato como proyecto de vida son algunos de los alicientes más fuertes que están operando en la promoción de la delincuencia. Señalarlos y convocar a la discusión colectiva para ir imaginando y conformando una convivencia distinta, que celebre la vida en lugar de arriesgarla por un puñado de dinero, es una tarea ineludible.
Muchas de las cosas aquí mencionadas se están realizando, con diversos niveles de avance. La derecha política solamente reclama castigos y represión, y juega muchas veces con el dolor de las víctimas y su deseo de justicia y reparación.
Tal vez una de las cosas que están más atrasadas en la temática es la participación social y su involucramiento concreto. Ha habido intentos, pero que no se han sostenido. Mientras ello no ocurra, la acción estatal, además de descoordinada, continuará dando respuestas a ciegas con una débil influencia en la prevención y la disuasión.
Álvaro Portillo es sociólogo.