Esta semana, la primera reunión de los presidentes Mauricio Macri y Jair Bolsonaro motivó numerosos comentarios y especulaciones acerca del futuro del Mercosur. Muchos esperan –y otros tantos temen– consecuencias rápidas y directas de que los dos mayores países del bloque tengan gobiernos de derecha, pero la cosa no es tan simple.
La retórica acerca de la integración latinoamericana ha florecido en los partidos más diversos, y las prácticas que obstaculizan o dificultan esa integración no han sido patrimonio exclusivo de ninguno de ellos. El Mercosur, tan asociado en este siglo con el progresismo sudamericano, fue creado en 1991 por el argentino Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Mello, el paraguayo Andrés Rodríguez y el uruguayo Luis Alberto Lacalle, a quienes nadie podría considerar integrantes de esa familia ideológica. Tampoco se puede afirmar que los ritmos y la potencia del avance hacia la integración hayan dependido mucho de que los presidentes fueran considerados de izquierda o de derecha.
Mercosur proviene de Mercado Común del Sur, pero el nombre largo casi no se usa, y eso nos ayuda a eludir la evidencia de que, cuando van a cumplirse 38 años del acuerdo fundacional, su estadio dista muchísimo de ser un mercado común.
Hubo en la región gobiernos de derecha, de izquierda y de centro, en distintas combinaciones, sin que hayamos llegado a constituir una real zona de libre comercio (para comprobarlo, basta con cruzar de un Estado miembro a otro), ni una real unión aduanera. Hay, formalmente, un arancel externo común para el comercio entre el bloque y el resto del mundo, pero con muy numerosas excepciones de distintos tipos. No es libre la movilidad del trabajo y el capital dentro del Mercosur, que tampoco desarrolla una política comercial común, ni coordina sus decisiones macroeconómicas o sectoriales, ni ha considerado seriamente el establecimiento de una moneda común.
Durante el auge regional del progresismo se habló mucho de integración más allá de lo económico, pero el Parlamento del Mercosur tiene funciones simbólicas, los mecanismos de solución de controversias no sirvieron de nada ante situaciones como la del corte de puentes entre Argentina y Uruguay, y en materia social y cultural ni siquiera se puede decir que nos conozcamos a fondo.
Los gobiernos frenteamplistas buscan, desde hace años, negociar por su cuenta tratados de libre comercio con otros países o bloques. Lo venían impidiendo otros gobiernos de la región considerados progresistas, y quizá lo faciliten ahora Bolsonaro y Macri. O quizá no, porque el brasileño es sin duda derechista, pero todavía está por verse en qué desembocará su coqueteo simultáneo, dentro de la derecha, con el nacionalismo proteccionista y con los partidarios a ultranza del libre comercio.
En 1991, Uruguay se subió al carro de los acuerdos entre Argentina y Brasil. Por obvios motivos de ubicación y tamaño, no tenía realmente mejores opciones, y sigue sin tenerlas. Quienes queremos de verdad la integración y quienes no la quieren seguiremos trabajando; los gobiernos de otros países no van a resolver nuestros problemas.