“Uruguay seguro, transparente y de oportunidades” se titula el borrador de la Ley de Urgente Consideración divulgado por primera vez el miércoles desde las redes sociales de Luis Lacalle Pou. Las reacciones fueron inmediatas y la discusión del anteproyecto seguramente marcará la agenda política de los próximos meses. Hay mucha tela para cortar y ya hay algunos análisis de sus contenidos.
Pero también vale la pena situar la iniciativa en un contexto político y electoral. 13 meses atrás, en diciembre de 2018, Lacalle Pou ya tenía definido apelar a este instrumento legal si le tocaba ser presidente. En un debate con Julio María Sanguinetti organizado por Búsqueda, el líder blanco definía a la ley de urgencia como un “contrato sobre el cual se va a jurar la coalición”. También anunciaba cuáles serían los ejes: recuperación del “ejercicio de la autoridad”, cambios en el gobierno de la educación, regla fiscal y políticas de vivienda, entre otros puntos.
Aparecieron luego otros titulares, vinculados a temas como ley de derribos, la no obligatoriedad de la inclusión financiera y la prohibición de las ocupaciones, pero no había detalles sobre la redacción del articulado o la implementación.
En la campaña las preguntas para profundizar en estos asuntos se respondían con evasivas o generalidades: la cantidad de artículos que tendría, los plazos para su aprobación o los aportes que harían luego los socios de la coalición para mejorarla. “Hacemos las cosas por etapas”, argumentó a mediados de noviembre Beatriz Argimón para confirmar que el texto completo se pondría a disposición de la ciudadanía recién después las elecciones nacionales.
Alguien podría argumentar, si quisiera ejercer el rol de abogado defensor de las nuevas autoridades, que el anteproyecto que se divulgó esta semana no contiene ningún “cangrejo abajo de la piedra”. Sin embargo, sería una verdad a medias, porque el articulado que se presentó el miércoles incluye propuestas que no habían sido manejadas antes (no hay que perder de vista que son 457 artículos).
Además, en la esfera pública una fundamentación jurídica plasmada en un documento (lo que se dice, negro sobre blanco) tiene consecuencias diferentes que las que puede generar la declaración de un dirigente político en campaña.
Dicho de otra manera, ¿qué pasaba si este mismo borrador se presentaba ante la ciudadanía antes del 27 de octubre o en las semanas previas al balotaje? Nadie tiene la respuesta, pero no es descabellado pensar que habría tenido un fuerte impacto en la campaña. ¿Será por esa razón que se entendió que no era conveniente someterlo al juicio de la opinión pública en su globalidad?
Si así fuera, sería una estrategia polémica pero que puede tener una explicación: no hay que perder de vista que un acuerdo central entre los socios de la coalición fue la voluntad de ganar las elecciones y desplazar al Frente Amplio del gobierno.
Quizás fue una táctica efectiva para alcanzar ese objetivo, pero la contrapartida es que no contribuyó al debate. Por eso resulta poco justificable que las nuevas autoridades presenten este borrador como si fuera un aporte a la transparencia y a la calidad democrática. Si en la campaña se tomó el camino de la opacidad por especulación electoral, no parece atinado que, apenas 60 días después de ganar el balotaje, se intente presentar este anteproyecto como si se tratara de un aporte republicano a la participación ciudadana. Las tácticas, las estrategias y los cálculos electorales son una parte de la actividad política. También el decoro.