Hace un año escribí una columna de opinión donde me refería a la doctrina del shock, allí manejé el concepto desarrollado por la periodista y escritora Naomi Klein, incluido en su obra La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Una obra que demuestra cómo los mentores del neoliberalismo y la Escuela de Chicago ‒inspirados en Milton Friedman‒ han aprovechado y manipulado las realidades y las coyunturas para lograr imponer sus recetas económicas. La autora se refiere a estas como medidas de “shock” o “choque” económico, las cuales, a pesar de su impopularidad o impertinencia, logran imponerse por diferentes medios.
Una de las principales características del denominado “shock” de medidas impopulares es la rapidez y la contundencia a la hora de implementarse. En su oportunidad, lo ejemplificaba a través de la experiencia argentina durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Previo a asumir la presidencia, el equipo de Macri se refería a la implementación de un shock de medidas para los primeros días del gobierno, las cuales terminaron marcando la esencia del programa neoliberal que terminó fracasando en la Argentina. Pero más allá de la referencia argentina, lo destacable es la forma en que se plantean ciertas discusiones políticas. Como veremos a continuación, este modus operandi no resulta ajeno para el futuro gobierno.
El miércoles 22, luego de algunos meses de incertidumbres, se dio a conocer el anteproyecto de ley con declaratoria de urgente consideración del gobierno que asumirá el 1º de marzo. Un borrador compuesto por 457 artículos, que abarca los temas más diversos y seguramente, con diferentes niveles de urgencia. Un anteproyecto cuya esencia es refundacional y además rehúye a la discusión parlamentaria, pretendiendo su aprobación sin contar con los tiempos necesarios. Pero desgraciadamente parece que se viene la época de las imposiciones.
Cabe aclarar que no le tenemos miedo a las pretensiones refundacionales, porque tenemos la convicción de que si algo no funciona debe ser cambiado. Vaya si el Frente Amplio en el gobierno ha hecho reformas profundas. El problema surge cuando se pretende hacer de manera expedita, casi soterrada e imponiendo tiempos políticos inadecuados. Pero eso no es lo más grave; los aspectos más negativos quedan a la luz cuando el proyecto refundacional termina por imponer una reforma regresiva, que vulnera los derechos de los ciudadanos y que retoma la agenda neoliberal que tantos dolores nos trajo en décadas pasadas. Un verdadero “shock” de medidas.
Una ley “ómnibus” de rápida aprobación
Suelen denominarse leyes “ómnibus” a los cuerpos normativos que abarcan dentro de sí los temas más diversos. En general, en nuestro Derecho, las leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas han sido utilizadas como leyes “ómnibus”, abarcando un sinfín de temas que terminan excediendo con creces los aspectos meramente presupuestales. Este tipo de leyes terminan impidiendo una discusión profunda, ya que la variedad de asuntos atenta contra la profundidad del análisis. Pero, además, si a esto se le agrega el plus de que la ley es de urgente consideración, los tiempos de discusión se vuelven más acotados todavía.
Para entender de lo que estamos hablando, basta recordar que el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración ‒de acuerdo al artículo 168 de la Constitución de la República‒ podría quedar aprobado si en determinado plazo acotado, este no fuera desechado. En definitiva, desde su remisión al Poder Legislativo, la aprobación del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración insumiría un plazo total de 90 días.
90 días es un plazo bastante acotado para poder abarcar con seriedad y responsabilidad la cantidad de temas propuestos en el anteproyecto. Por tanto, debemos afirmar que nos parece desacertado el instrumento jurídico que se pretende utilizar para impulsar estas reformas. Sobre algunos de los aspectos sustanciales nos referiremos a continuación, dejando para futuras columnas, por razones de espacio y tiempo, otros aspectos igualmente relevantes.
Una carta en blanco para la represión
Resulta especialmente preocupante el paquete de medidas represivas que se propone en la ley de urgente consideración. Si bien algunas de ellas no resultan novedosas ya que habían sido anunciadas durante la campaña electoral, otras han quedado en evidencia a través del texto proyectado. En los tiempos venideros, iremos analizando en profundidad lo que se propone en esta materia, en más de 90 artículos que incluyen reformas al procedimiento policial, al Derecho penal sustancial y procesal penal.
Algunas medidas ya habían sido anunciadas en la campaña electoral, cuando manifestamos nuestras profundas discrepancias. Expresamos nuestro rechazo a la implementación de la legítima defensa policial, porque iba a terminar desencadenando el “gatillo fácil” e incrementando los niveles de inseguridad pública. El anteproyecto suma dicha prerrogativa a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y a quienes administren establecimientos rurales. Ya lo anunciamos, pero corresponde que lo reafirmemos: este tipo de medidas en nada contribuyen a solucionar los problemas de seguridad. Lejos de eso, terminarán incrementándolos. Como estas, se proyectan varias medidas de similar característica.
Pero estas medidas aisladas no ameritarían per se la afirmación de que este anteproyecto representa una carta en blanco para la represión. Porque, como sabemos, la represión puede manifestarse en diferentes aspectos de la vida social. Pensar la represión como una simple respuesta ante la inseguridad y el delito implica no entender verdaderamente su magnitud y finalidad. Por ejemplo, tipificar como delito la resistencia al arresto le otorga a la policía facultades exorbitantes que pueden terminar vulnerando los derechos de las personas, independientemente de que hayan cometido o no un acto delictivo. Lo mismo sucede a la hora de tipificar como delito la desobediencia al funcionario policial, lo cual termina ubicándolo en una situación de superioridad con respecto al resto de la población. Nadie puede negar que existe un solo paso entre el uso y el abuso de las herramientas jurídicas por parte del agente del Estado.
Otro aspecto a destacar y que hace a la represión de la protesta social es lo relativo a las normas sobre huelgas y piquetes. El anteproyecto propone establecer que debe asegurarse la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa. Para ello, el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones, cuando estas no reúnan las mencionadas condiciones. Dicho con otras palabras, lo que se busca es ilegalizar la ocupación como medida de lucha. A pesar de que parte importante de la cátedra de Derecho Laboral entiende que la ocupación es una manifestación del derecho de huelga, esta igualmente se pretende ilegalizar, reprimiéndola en consecuencia.
Lo mismo sucede con las normas que se proponen para declarar ilegítimos los piquetes en espacios públicos. En cuanto a esto, la norma no define qué es un piquete y simplemente afirma que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza. Claramente, lo que hay detrás de todo esto es la intención de instaurar la represión social en el Uruguay. Y ante esto, cabría preguntarse: ¿por qué?, ¿por qué en un país que no tiene mayores niveles de conflictividad se pretende aprobar una norma de esta envergadura? Tal vez la razón esté dada por algunos de los puntos de la ley de urgente consideración que mencionaremos a continuación.
La madre del borrego: una agenda política restauradora del modelo neoliberal
En política no existen las casualidades y, por tanto, todo tiene su razón de ser. Resulta evidente que ciertas medidas propuestas podrían llegar a cosechar el rechazo de importantes sectores de la ciudadanía. Digo “podrían” porque todo está por verse, pero con base en lo que se plantea, todo haría suponerlo. Por tanto, se plantea una agenda represiva ‒que incluye limitaciones al derecho de huelga y al derecho de manifestarse en la calle‒ que no tiene otro trasfondo que la restauración del modelo neoliberal.
Entre otras medidas, se propone el establecimiento de una regla fiscal que abarcará a la Administración Central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución de la República (el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los entes autónomos y los servicios descentralizados). Este tipo de políticas, donde los gastos se encuentran acotados a una regla fiscal, han sido implementadas por otros países, como Chile, por ejemplo. Se trata de medidas que priorizan el ajuste fiscal por encima de las políticas que apuestan al crecimiento de la economía. Finalmente, son los sectores más vulnerables de la población los que terminan pagando los costos del ajuste fiscal.
Pero no sólo eso: el anteproyecto de ley va más allá de la implementación de un ajuste fiscal (que se terminará de manifestar mediante la próxima ley de presupuesto) para atacar aspectos de fondo. En este sentido, se propone la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por ANCAP. Esto sí que no resulta novedoso, ya que durante el gobierno de Jorge Batlle se aprobó una ley exactamente igual, que finalmente fue derogada a través de un referéndum revocatorio que contó con el apoyo de 60% de la población. Evidentemente, poco importa al futuro gobierno la voluntad de un amplio sector de la ciudadanía.
Otro aspecto destacable es la derogación de ciertos artículos fundamentales de la ley de medios, en particular aquel que establece la incompatibilidad para prestadores servicios de comunicación audiovisual de brindar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta norma es una de las que blindan el monopolio de Antel en el desarrollo de la fibra óptica, cuya red es reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Tanto la medida referida a ANCAP como la referida Antel pretenden el debilitamiento y la privatización de las empresas públicas, algo que ya fue intentado durante la década del 90.
En materia educativa, el futuro gobierno propone reducir la participación de los sindicatos de la educación en varios ámbitos de decisión. En este sentido, se eliminan los consejos de enseñanza (Primaria, Secundaria y UTU) que se sustituyen por consejos “unipersonales”, integrados sólo por un director general. Además, se incrementan las competencias del Ministerio de Educación y Cultura, dejando sin efecto el Sistema Nacional de Educación Pública.
Otros aspectos del anteproyecto requieren un análisis más profundo y sobre ello nos iremos expidiendo. Los desafíos impuestos a través de esta nueva agenda nos obligan a militar fuertemente en defensa de las conquistas alcanzadas no sólo durante estos 15 años. Como Frente Amplio, esa es nuestra principal obligación. Estaremos movilizados para que sigamos sintiendo que vivimos en un país solidario, equitativo y con justicia social.
Charles Carrera Leal es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.
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