En estos días, el Congreso de México discute un proyecto de regulación del cannabis para uso adulto que, de aprobarse finalmente, puede convertir a ese país en el tercero del mundo, después de Uruguay y Canadá, en crear un mercado legal de marihuana para uso adulto. 100 años después de la prohibición inicial en México de las drogas psicotrópicas que “envenenan al individuo y degeneran la raza”, finalmente puede concretarse un sistema que regule desde la producción hasta la venta al menudeo del cannabis, al tiempo que se abren posibilidades para la explotación industrial de la fibra del cáñamo, víctima colateral de la prohibición de sus flores psicoactivas.
Se cumple un siglo de una prohibición que no ha cumplido ninguno de sus pretendidos objetivos, pues no sólo no logró sacar la marihuana del mercado, sino que aumentó todos los riesgos asociados a su consumo. Al mismo tiempo, convirtió en víctimas de la acción desproporcionada del Estado tanto a los consumidores, que se volvieron objeto de acoso, extorsión y encarcelamiento, como a los campesinos productores, quienes quedaron sometidas al yugo de las organizaciones criminales de tráfico, por un lado, y a la destrucción de sus cultivos, el encarcelamiento y la muerte a manos de los agentes del Estado, mientras que los traficantes controlaban un mercado con jugosas ganancias gracias a la demanda norteamericana.
México fue durante décadas el principal proveedor de marihuana ilegal a Estados Unidos, donde ha estado prohibida desde la Marijuana Tax Act de 1937, pero donde su consumo es muy amplio, sobre todo desde la década de 1960, a pesar de medio siglo de guerra contra las drogas, declarada en 1971 por el presidente Richard Nixon, con una agenda oculta, pues el objetivo no era erradicar el consumo de drogas, sino tener elementos para acosar y encarcelar a sus enemigos políticos. El mercado ilegal de marihuana les permitió a las organizaciones del crimen organizado armarse y reclutar ejércitos, hasta convertirse en un competidor del Estado por el control territorial, en complicidad con diferentes agentes estatales que les brindaban protecciones particulares.
La prohibición de las drogas ha sido un gran desastre para México. Así, la regulación que se está abriendo paso puede significar el punto de partida de un cambio muy relevante, aun cuando la marihuana ya no es importante en el mercado de drogas ilegales hacia Estados Unidos, pues la regulación en diferentes estados ha desplazado a las exportaciones mexicanas por cannabis producido legalmente en territorio norteamericano.
Fue una serie de cinco sentencias de la Suprema Corte de Justicia mexicana, en juicios de amparo, la que conformó una jurisprudencia que, con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, declaró a principios de 2019 inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana para uso personal y mandató al Congreso a legislar en consecuencia.
A pesar de que la regulación del cannabis afectará poco a las redes del crimen organizado, cuyo poder económico está ya en el tráfico de otras sustancias, su efecto sobre la sociedad mexicana puede ser enorme, en primer lugar, porque es el primer paso para desmontar el fallido paradigma prohibicionista en materia de drogas, pero también porque es un paso para dejar de usar al sistema de justicia penal y a las fuerzas de seguridad del Estado contra los consumidores y los productores.
Entre los avances de la regulación que ahora está a discusión en el Congreso mexicano estaría la creación de un mercado regulado desde la producción hasta la venta al menudeo, la posibilidad de cultivo doméstico para el autoconsumo y la creación de asociaciones de consumidores con posibilidades de producir su propio cannabis.
El umbral de posesión individual de marihuana sin penalización pasaría de los cinco gramos actualmente tolerados hasta los 28 y a partir de ahí hasta los 200 gramos se castigaría la posesión con multas. Sin embargo, persistiría el delito de posesión simple, castigado con cárcel a partir de los 200 gramos, incluso si no se acredita la intención de comerciar con la sustancia.
El lado oscuro del proceso es que se trata de un proyecto de ley abigarrado, que sobrerregula y establece barreras de entrada muy altas para el mercado legal. Se exigen requisitos, como el registro legal y la trazabilidad de las semillas y la inversión en medidas de seguridad y vigilancia de los cultivos, que favorecerían a las empresas canadienses que ya cuentan con la biotecnología y las patentes de las simientes, mientras que los campesinos que tradicionalmente produjeron variedades propias de marihuana, algunas con prestigio internacional en la clandestinidad, como la Acapulco Golden o la sinsemilla, no podrían producirlas legalmente. Y aunque en la ley se contempla que 40% de las licencias de producción estarían destinadas a las comunidades campesinas víctimas de la prohibición, el costo de las semillas legales podría significar un obstáculo infranqueable para su entrada al mercado legal.
Por otra parte, el hecho de que el proyecto mantenga al cannabis en el Código Penal y en la lista de sustancias ilícitas de la Ley General de Salud llevaría a que el mercado legal fuera sólo un resquicio aprovechado por grandes empresas y destinado a los consumidores de mayor capacidad económica. Mientras que los consumidores pobres, aquellos que suelen ser las víctimas reiteradas del acoso y la extorsión policial, lo mismo que los campesinos que no puedan franquear las barreras de entrada a la producción regulada, se mantendrían en la ilegalidad, amenazados por la criminalización.
El éxito de un proceso regulatorio de este tipo se mide por el porcentaje del mercado que se logra sustraer de la clandestinidad. Un ejemplo: un año después de que Washington y Colorado regularon el mercado de cannabis para uso adulto, las barreras de entrada y las tasas impositivas del primer estado hicieron que sólo 30% del mercado dejara la clandestinidad, mientras en Colorado, con reglas más liberales, el porcentaje absorbido por el mercado regulado llegó a 70%.
El riesgo es que una legislación compleja y llena de contradicciones lleve a que sólo un porcentaje pequeño del mercado pase a la legalidad, mientras los males de la prohibición, con toda su corrupción e iniquidad, sigan cebándose con los más débiles.
Jorge Javier Romero Vadillo es politólogo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com.