El 28 de julio murió la tercera persona en situación de calle en lo que va del año, hecho trágico que se suma a una persona quemada en calle, que permanece en estado grave, y que esperaba sin suerte a ser contactada para ser trasladada a un refugio al que nunca llegó.
La tercera muerte fue en Leandro Gómez y Timbúes, en una zona donde poco se denuncia si hay o no gente en calle, un barrio de los más humildes de Montevideo. Era una persona en silla de ruedas que andaba en calle habitualmente, que los vecinos conocían y ayudaban pero que según informa la prensa, murió de muerte natural. Y uno se pregunta: ¿qué será la muerte natural?
En la nota del 25 de julio publicada en la diaria se mostró cómo en la concurrencia al Parlamento nacional, la delegación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en un acto de manipulación más o menos evidente, utilizó los números de investigaciones sobre gente en calle para relativizar su responsabilidad, retóricamente asumida pero diluida en el relato, sobre la muerte de Gustavo Castro. Sus pilares argumentativos fueron las ideas de que: 1) siempre hubo gente demandando lugares en refugios y 2) el problema de calle se había duplicado en los últimos tres años sin respuesta del gobierno pasado. Esta línea argumental, que invita a restringir el razonamiento sobre el problema a considerar si la gente declara o no tener cupo en refugio y a cuánta gente hay en situación de intemperie, ambas variables medidas por un relevamiento realizado en una noche, constituyen el cerno de la estrategia de desplazamiento de la discusión para poder sobrellevar la situación y entretener al auditorio. Dicha estrategia se confirma en la presentación del nuevo censo de calle, que abordaremos en detalle en próximas notas, donde dos de las tres afirmaciones que realiza el director general del Mides son que ha bajado el número de gente en intemperie por el aumento de cupos y que ha bajado la gente que declara que no va al refugio por no tener cupos. Todo ello para sugerir que la muerte en calle de un ciudadano que quiso entrar a un refugio y no pudo, hecho sin precedentes hasta el momento, fue simple mala suerte.
En la nota de referencia se mostró, con los mismos datos que usaron las autoridades del Mides en la comparecencia al Parlamento pero leyéndolos correctamente, que ambas afirmaciones que sostenían el fundamento de la mala suerte eran falsas. No fue mala suerte sino mala gestión.
Las nuevas autoridades sostienen que han abierto unos 500 cupos más de lo que había, una cifra engañosa obtenida también manipulando las fechas de comparación, dado que en relación con el invierno pasado no son ni la mitad, a lo que hay que agregar que dichos cupos, según las autoridades actuales, son de mejor calidad y representan en muchos casos una solución definitiva al problema de calle. Dice el ministro Pablo Bartol: “Es evidente que los nuevos dispositivos han sido muy buenos y eso ha generado un contagio, entre aquellas personas que estaban desganadas y descreídas, de que un refugio no es un buen lugar para estar. Ahora, con estos nuevos dispositivos, más personas están apreciando y queriendo estar dentro de un refugio”.
Sin embargo, este no es el relato de muchos que utilizan la mayor cantidad de esos cupos (200), correspondientes a las nuevas instalaciones del refugio de la calle Veracierto. Muchas personas en situación de calle rechazan concurrir a este refugio por sus condiciones generales, y resuelven permanecer en calle, aunque algunas luego son conducidas en ómnibus policiales, ingresando a dicho lugar hasta altas horas de la noche pero teniendo que abandonarlo a las 9.00 y sin plata para el boleto para transportarse a las zonas céntricas, donde obtienen ingresos por sus precarios trabajos. No sólo el diablo vive de los detalles.
Pero las tergiversaciones y exageraciones no terminan allí. El ministro dijo ante dos comisiones parlamentarias que ahora la gente ingresa más a los refugios porque “hemos levantado todas las restricciones que había por intermitencia, porque cuando una persona dejaba de ir a un refugio durante una semana o un mes perdía su lugar fijo, tenía que volver a la puerta de entrada y demostrar la situación de calle, repitiendo la presencia en el lugar durante dos o tres días. De esa manera, necesariamente quedaban en la calle porque el sistema así lo indicaba. De igual modo, aquellos que tenían mal comportamiento quedaban suspendidos por varios días. Es así que levantamos esas restricciones para que pudieran ir a otro centro y volvieran a intentarlo [...] siempre estaremos dispuestos a dar una nueva oportunidad”.
Respecto de esta afirmación, me he tomado el trabajo de averiguar con operadores de calle de varias épocas para confirmar lo que ya sabía y que no dista del sentido común vulgar. No hay en los actuales procedimientos una coma de innovación respecto de las formas de proceder anteriores; nunca se practicó una penalización excluyente como criterio de gestión de refugios, y la exclusión fue una medida sólo aplicada ante la intervención de la Justicia por asuntos graves. No quedó gente fuera de refugios en forma sistemática por asuntos de criterios, como sugiere engañosamente el ministro en el Parlamento. Por el contrario, las únicas innovaciones en el funcionamiento existentes provienen de la eliminación apresurada del sistema de puerta de entrada, error que costó la vida de un ciudadano.
Estamos asistiendo a un mecanismo de limpieza urbana que saca a la gente de las zonas centrales de la ciudad y las sitúa en un lugar alejado.
“Sería una hipocresía pensar que lo de Gustavo es un caso aislado, que pasó sólo ese día. Han faltado cupos históricamente en nuestro país, lo dicen todas las encuestas y los censos que se han hecho a las personas que están a la intemperie. [...] Por lo tanto, siempre existió gente que no tuvo cupo. [...] Entonces, sería una hipocresía pretender centrar en este caso concreto la problemática, porque es mucho más amplia, es de todo el Estado, es de protección, y a eso es a lo que nos queremos comprometer –con todas estas organizaciones del Estado–, a darles una solución a todas estas personas”. Como vimos, el ministro no agota sus fábulas sobre las maravillas de la novel administración, que no sólo en 100 días incrementó capacidades en 50%, sino que además ha mejorado sustantivamente la calidad de los servicios al punto tal de convencer a la gente que vive en calle de asistir a ellos, no porque los suba un conjunto de uniformados a un ómnibus de la Policía, sino por la excelente propuesta social y hotelera.
¿Pero qué hay de sustantivo en todo esto? No mucho.
Sin embargo, subyace un elemento sustantivo y estructurante de la nueva política de calle, que día a día se explicita como un dispositivo para retirar a la gente no de “la calle”, sino de algunas calles. Estamos asistiendo a un mecanismo de limpieza urbana que saca a la gente de las zonas centrales de la ciudad, sobre las que se ejerce la vigilancia política del problema, y las sitúa en un lugar alejado de dichas zonas, como es el refugio de la calle Veracierto.
Lo que se televisa con lujo de detalles es la entrega de dos casas, para dos personas –sí, dos casas para dos personas–, que quizá en el año lleguen a diez, según las propias palabras del gobierno, y estas son las “soluciones definitivas”, junto a la promesa de un par de cientos de lugares en los barrios más alejados, organizadas en contenedores, mientras se limpia el centro llevando gente lejos, dejándola a entre ocho y diez kilómetros de su hábitat, sin plata para el boleto de retorno y sin que nadie conozca mucho los detalles del asunto.
Mientras, en otro barrio también alejado, muere otra persona en calle, donde no pasa el ómnibus a buscar a nadie, pero como no está en los registros del Mides como población de programa, no es asunto de recibo y mucho menos si la autopsia dice que murió de muerte natural.
Las verdaderas causas del fenómeno calle son todos asuntos sociales que reclaman políticas activas de protección social anticipatorias al propio fenómeno. Mientras las agencias de publicidad del gobierno ensayan salidas para acostumbrarnos a la muerte natural de una parte de la sociedad, el gobierno propone, un día sí y otro también, nuevos ajustes que irán empujando a más gente a la calle, y a la muerte, en forma terriblemente natural.
Juan Pablo Labat fue director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides.