Como era esperable, la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, titular de la cartera de Interior, terminó en un intercambio sin demasiadas consecuencias: el oficialismo respaldó calurosamente su actuación y la oposición declaró insatisfactorias las respuestas que dio a los asuntos planteados, y reclamó su renuncia. En el medio, varias horas de un diálogo de sordos, numerosos datos interpretados según quién tuviera la palabra y algunas cosas en las que vale la pena detenerse porque probablemente no serán las que llamen la atención de una opinión pública ya bastante polarizada.
El ministro admitió, durante la larga jornada en Diputados, que el gobierno no tiene “una guía para poder trabajar” en las cárceles; que el país, tal como afirma el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, no tiene una política carcelaria, y que no se sabe muy bien qué hacer, ni cómo ni para qué. Pero no todo está perdido. El ministro adelantó al menos dos cosas: que habrá más plazas para ocupar (se dijo que hay planes de construir “tres nuevas cárceles y tres barracones en el interior del país”) y que se espera un informe solicitado al Grupo Multidisciplinario Técnico Científico Honorario (el “GACH carcelario”) para empezar a diseñar un plan de mejoramiento de las cárceles.
Me interesa observar el lugar que los grupos multidisciplinarios pasaron a tener en el discurso público a partir de su irrupción en la escena mediática en medio de la pandemia de coronavirus. Instalados desde un primer momento como la voz autorizada en materia de medidas y protocolos, no importó mucho que se desoyeran sus recomendaciones en más de una oportunidad y que las cosas terminaran en un acto solemne de reconocimiento con el que se dio por cerrado el capítulo de su actuación, que ya venía bastante deslucida desde hacía meses. El GACH, más allá de cuánto se hayan seguido o ignorado sus advertencias, fue la garantía de seriedad que la población reclamaba en momentos de incertidumbre y miedo, la sólida figura de la ciencia y de la academia ocupando el viejo lugar del hombre medicina, del chamán, del sabio de la tribu. Los expertos blindaron la imagen del presidente de la República y le permitieron poner cara de circunstancia incluso cuando ajustaba las perillas del gasto social y lanzaba sobre la ciudadanía la responsabilidad de los contagios.
Ahora, nuevamente, el gobierno confiesa estar ante una circunstancia que no sabe cómo manejar, pero ataja las críticas blandiendo la promesa de un informe técnico. El saber técnico es el fetiche perfecto para el intercambio entre un Estado que tiende a minimizar sus competencias y una parte de la ciudadanía que parece haber aceptado esa retirada como inevitable y hasta necesaria. Y a fin de cuentas, hablamos de cárceles. Habiendo tanta cosa que arreglar, mire si alguien se va a poner exigente con las condiciones de reclusión de un montón de gente que por algo fue a dar ahí.
Porque un día es una emergencia sanitaria, otro día es una crisis carcelaria y cuando queremos ver, la vida en común se transformó en un asunto de expertos y burócratas.
Sin embargo, para poder hamacarnos entre la confianza ingenua en el saber técnico y la desconfianza radical en sus manejos tuvimos que transitar un buen trecho de alejamiento de la participación política, de desinterés en la cosa pública y de abandono al buen hacer de los conductores y gestores de turno. Un distanciamiento que entre otras cosas hace posible que afirmaciones como algunas del ministro Heber pasen cómodamente bajo el radar. Dice el ministro, sin ir más lejos, que la política de seguridad del gobierno fue “plebiscitada tres veces” en 2019, y enumera: en las elecciones internas, en la primera vuelta de las elecciones nacionales y en el balotaje.
En las elecciones internas, recordemos, el senador Jorge Larrañaga, a quien el gobierno confió en primer lugar el ministerio del Interior, quedó en el tercer puesto entre los candidatos de su partido. Y cuatro meses después, la reforma constitucional que él mismo impulsaba resultó derrotada en las urnas. En el balotaje del mes siguiente, la coalición que le disputaba el gobierno al Frente Amplio logró la victoria por un margen de apenas 1,5%, y sin que las modificaciones legislativas que introduciría meses más tarde la ley de urgente consideración hubieran sido siquiera explicadas a los votantes. Así que no es cierto que la política de seguridad del gobierno haya sido acompañada por los votos, ni literal ni metafóricamente, y en la única oportunidad en que efectivamente una política de seguridad fue plebiscitada, perdió, como había perdido antes la iniciativa que buscaba bajar la edad de imputabilidad penal. El consenso en torno a las políticas punitivas no está probado, aunque buena parte de los medios de comunicación y de los actores políticos insistan en jugar a que sí.
Por otro lado, es obvio que no hay nada de malo en que un gobierno consulte a especialistas antes de tomar decisiones. Todos los gobiernos, quiero creer, aprovechan esa ventaja que les da tener asesores en casi cuanta cosa les toca encarar. Lo que es sintomático de los días que vivimos es que baste decir que hay un informe técnico en marcha para poder sacar tranquilamente las posaderas de la jeringa y bicicletear medidas que, como se ha visto, son de vida o muerte. Los informes técnicos que elaborará el “GACH carcelario” serán muy buenos o no tan buenos, serán exhaustivos o no, referirán a aspectos de fondo o de superficie, de estructura o de dinámicas, pero la concepción filosófica que orienta las políticas de privación de libertad debería ser un asunto de interés de toda la sociedad. Porque un día es una emergencia sanitaria, otro día es una crisis carcelaria y cuando queremos ver, la vida en común se transformó en un asunto de expertos y burócratas y la ciudadanía se volvió una audiencia más o menos indignada o eufórica que la mira por tevé.