Ninguna persona bien intencionada debería discutir el hecho de que los asuntos de seguridad requieren políticas meditadas, serias y elaboradas con base en el conocimiento del problema. Lo demás es el discurso fácil con el que se pretende dar a entender que los problemas de seguridad se solucionan mediante vulneraciones a las garantías individuales, hasta que un día nos toca ser quienes vemos afectados nuestros derechos. Lamentablemente, así se viene desarrollando el debate de cara a la consulta popular para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).
En el proceso de discusión parlamentaria de esta norma, el doctor Germán Aller, especialista en derecho penal, decía que el capítulo de Seguridad tiene un corte más político que técnico. A más de un año de promulgada la LUC, el gobierno de coalición sigue haciendo de la seguridad un tema de cálculo electoral. Hace pocos días, el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, decía: “lo que está en juego es el derecho a gobernar”. Y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó: “No queremos retroceder a [Eduardo] Bonomi”, “no queremos volver a la política del Frente Amplio, preferimos estar más seguros”. El propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al salir de una reunión de su sector, declaró que “el Herrerismo está pronto para dar batalla en defensa de la LUC”.
La seguridad, en realidad, es apenas un capítulo dentro de un amplio grupo de medidas regresivas que están dentro de la LUC, pero a pesar de eso no eludimos el debate y queremos darlo con altura, seriedad y sobre todo con sensibilidad. Hablemos de seguridad, pero hablemos en serio. Veamos el problema de manera directa, en toda su extensión, y sobre todo, discutamos cuáles están siendo las consecuencias reales de la LUC. Lo que efectivamente ha venido sucediendo desde que se aprobó esta norma. El gobierno miente cuando dice, por ejemplo, que “si cae la LUC se liquidará el llamado ‘registro de violadores’” o de “personas que cometieron delitos sexuales”. Sabido es que este artículo fue votado por unanimidad y que no está dentro de los 135 artículos que proponemos a la ciudadanía para que sean derogados.
En los últimos días el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, realizó afirmaciones absolutamente falsas sobre las consecuencias de la eventual derogación de los artículos recurridos, diciendo que se tendrán que “abrir las cárceles para liberar presos”. El inciso segundo del artículo 15 del Código Penal dispone que la modificación de una pena por cambios legislativos más benignos para el condenado sólo puede ocurrir en los casos en que no exista sentencia firme al respecto. De manera que cualquier afirmación que se diga respecto de reducción o liberación de privados de libertad es absolutamente falsa.
Es la estrategia del miedo, la misma que intentaron practicar una y mil veces. S>La LUC: La seguridad desde la raíz de la gestión
La LUC: la seguridad desde la raíz de la gestión
Es falso afirmar que la institución policial se fortalece exclusivamente con reformas legislativas. Además, tampoco se fortalece con declaraciones públicas de respaldo a la fuerza, que obviamente van a tener, sea cual sea el gobierno desde la autoridad política. Desde la reapertura democrática ha habido decenas de reformas legislativas en materia de seguridad. Y la realidad es que el delito no ha parado de crecer y, a medida que cede la pandemia, se aprecia un aumento de los eventos delictivos, preocupantemente más violentos. El mismo fenómeno que se ha dado a nivel mundial con el aumento de la movilidad social conlleva a un aumento de la delincuencia. Lamentablemente, no somos ni seremos la excepción en ese sentido.
¿Qué es lo que está logrando la LUC? Nada más ni nada menos que restar garantías a los habitantes y exponer de manera indigna a los trabajadores policiales a que terminen teniendo problemas con la sociedad y con la Justicia.
Pero lo que necesita la Policía Nacional, y todos los policías, es un sistema que funcione armónicamente bien entre los distintos actores intervinientes; continuar mejorando sus salarios; que se continúe avanzando en su profesionalización y su formación, además de seguir optimizando su dotación tecnológica y su equipamiento. Sin embargo, desde la LUC se apostó a otra cosa: a aumentar el nivel de discrecionalidad en los procedimientos, como si eso fuera a mejorar la seguridad pública. O sea, mientras se recorta el presupuesto en materia de seguridad, se aumenta la arbitrariedad y la discrecionalidad, contribuyendo, en consecuencia, a tener una Policía menos preparada y con un peligroso mensaje de que puede sobrepasar ciertos límites.
Entonces, ¿qué es lo que está logrando la LUC? Nada más ni nada menos que restar garantías a los habitantes y exponer de manera indigna a los trabajadores policiales a que terminen teniendo problemas con la sociedad y con la Justicia.
Otro aspecto preocupante es la ampliación del concepto de legítima defensa. En la legislación vigente ya estaba prevista la aplicación de ese instituto para el personal policial. El funcionario policial que actúa dentro de la legalidad no tiene ninguna limitación a su actuación, como erróneamente sostienen algunos sectores políticos, con propósitos demagógicos.
Por tal motivo, no es necesario el agregado de ninguna presunción de legítima defensa respecto de estos agentes públicos, pues además su cometido, instrucción y preparación tienen por objetivo enfrentar el riesgo y conjurarlo. Son las personas de la sociedad que han escogido cumplir una tarea ‒asumida voluntariamente‒ cuyo objetivo es el mantenimiento del orden y la seguridad públicos, asumiendo los riesgos que ello implica y teniendo perfectamente regulados los parámetros para el uso de la fuerza. Como afirmara con suma claridad Jiménez de Asúa respecto del policía: “[...] La serenidad y la prudencia son en él obligaciones y no virtudes [...]. Si no saben tener el valor para afrontar los peligros de su oficio, en vez de guardianes del orden público se transforman en sus perturbadores principales”.
El artículo que refiere al agravio a la autoridad policial incursiona en el mismo laberinto. Hace un gesto que pretende dar una señal de apoyo a la autoridad policial pero deja un margen muy discrecional cuando se refiere a que insulten o agredan a la Policía, porque no da garantías sobre los criterios para su aplicación. Modifica procedimientos policiales y, lejos de contribuir a un acercamiento y confluencia entre lo civil y lo policial, alejan. Algunos episodios dan cuenta de este riesgo, al que parece que, desde algunos ámbitos, se quiere incentivar. Veremos, pasada una pandemia que redujo la movilidad social y por tanto la posibilidad de manifestarse, cómo se aplica este mecanismo en las manifestaciones y protestas ciudadanas.
Desde el Frente Amplio tenemos la plena convicción de que los 33 artículos de seguridad de la LUC que proponemos derogar van en contra de las garantías individuales, no contribuyen a bajar los niveles de criminalidad, no favorecen la convivencia y no mejoran la actuación de la Policía. El tiempo lo dirá.
Charles Carrera es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.