En los primeros meses de 2021 el frío, la lluvia y los fuertes vientos se entrelazan con las miradas perdidas, el cansancio, las tiendas de acampar, los cantos religiosos y los bolsos de los migrantes llenos de ilusiones que se amontonan a unos cuantos metros de El Chaparral. Así se conoce a la garita que separa a México y Estados Unidos, dos países tan diferentes como sus ciudades fronterizas, Tijuana y San Diego. Los habitantes de este campamento improvisado han sido empujados a emprender el viaje por la falta de oportunidades y la violencia en sus países de origen. Adultos, familias y cada vez más niños solos engrosan la población de unas 2.000 personas provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, y en menor medida de Haití, Cuba o el mismo México.
Con la victoria de Joe Biden, un nuevo flujo migratorio comenzó a avanzar hacia el norte atraído por los posibles cambios en la política migratoria. Pero rápidamente quedó claro que las promesas demócratas de la campaña no dejarían de ser promesas, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones fronterizas en plena pandemia.
Anclados en Tijuana, un lugar enigmático que, dependiendo del punto de vista, puede ser donde “comienza la patria” o donde “termina América Latina”, los migrantes permanecen a la espera de alcanzar su objetivo: el “sueño americano”. Un sueño que de momento es una pesadilla.
Perspectivas diferentes
Desde el punto de vista de los migrantes, los factores que motivan su desplazamiento son muy diversos. Desde conflictos políticos, necesidades económicas y violencia hasta las más recientes catástrofes ambientales, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.
Estados Unidos, sin embargo, tiene una perspectiva diferente. A partir de los ataques terroristas de 2001, las políticas migratorias se fortalecieron y se convirtieron en un instrumento de seguridad nacional. Esto se tradujo en el aumento de las restricciones a la movilidad entre fronteras y una criminalización de la migración irregular.
Durante la administración de Donald Trump la situación de los migrantes, tanto al interior como al exterior del territorio estadounidense, se complicó aún más. Entre la construcción de un muro fronterizo y la cancelación del programa Deferred Action for Childhood Arrivals, que beneficiaba a millones de “soñadores”, las políticas migratorias tomaron un giro excluyente.
Vendedores de sueños
Como si fuera poco, en los países emisores de migrantes abundan los “coyotes”. Se trata de personas que conocen la ruta migratoria y lucran con la necesidad de la gente. Amparadas en el anonimato de las redes sociales, engañan a sus futuros clientes ofreciéndoles nuevas oportunidades, un aparente cruce “seguro” o documentos falsos para transitar libremente por territorio mexicano. Incluso ofrecen facilidades a la hora de cobrar por los servicios prestados, que pueden ir desde 1.000 hasta 5.000 dólares por persona, dependiendo de la ruta, el tiempo, las comodidades en el camino y el tipo de cruce.
La crisis migratoria actual demuestra que el cambio de gobierno en Estados Unidos no ha significado una transformación sustancial en temas migratorios.
Muchas familias, alentadas por la falsa promesa del “sueño americano” e impulsadas por rumores de que a los menores no acompañados no los deportan, envían a sus niños solos con la ilusión de un mejor futuro. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), hasta febrero se habían contabilizado 29.010 casos de niños no acompañados.
Fuera del mito
La crisis migratoria actual demuestra que el cambio de gobierno en Estados Unidos no ha significado una transformación sustancial en temas migratorios. La sobrepoblación en centros de detención para migrantes se ha incrementado, a pesar de que el nuevo gobierno ha afirmado que protegería a los niños migrantes. El número de niños detenidos y deportados es alarmante.
La criminalización actual de la migración se ampara en la coyuntura sanitaria. Los migrantes que llegan a Estados Unidos son detenidos y procesados bajo el código implementado por Trump que determina que debido a la presencia de covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de una mayor introducción de la enfermedad en Estados Unidos.
Según datos de la CBP, de noviembre a febrero se realizaron 317.590 expulsiones a los estados del norte de México y su traslado, por parte del Instituto Nacional de Migración, a albergues que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que no cuentan con las condiciones básicas.
Las injusticias a las que se ven sometidos los migrantes a lo largo de sus travesías son innumerables: detenciones a ambos lados de la frontera, deportaciones, violencia policial, extorsiones, violaciones y hasta el asesinato. Por ello, en un acto de resiliencia, los migrantes han implementado mecanismos colectivos de defensa, como avanzar en caravanas para protegerse en grupo o formar campamentos para mantenerse unidos en su paso por ciudades como Tijuana, considerada una de las más violentas de México.
¿Qué pasará con los niños detenidos en los centros de detención estadounidenses o con aquellos que se encuentran solos en los albergues mexicanos? Ante esta desoladora realidad, el futuro de los niños, que representan más de 60% del flujo migratorio actual, es una incógnita.
María del Carmen Miranda es licenciada y máster en Relaciones Internacionales. Hugo Regalado es catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en Estudios del Desarrollo Global. Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com.