Es natural y legítimo que la presidencia de la República se pueda ejercer con estilos muy distintos. En Uruguay, desde la salida de la dictadura, hubo una considerable diversidad en esta materia, e incluso cambios de importancia con la misma persona, entre los primeros y los segundos períodos de Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Luis Lacalle Pou tiene su manera propia, caracterizada por la centralización y la verticalidad, bajo el lema “la autoridad no se comparte”. Esto tiene consecuencias problemáticas en por lo menos tres terrenos.
El primero es la perspectiva electoral del Partido Nacional (PN) para 2024. Como Lacalle Pou concentra en sí mismo los reflectores, les quita posibilidades de destaque y proyección a otros dirigentes. Este año, cuando eligió a los sucesores de Pablo Bartol, Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber en los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Transporte y Obras Públicas, amplió el peso de las personas ubicadas en su entorno más cercano (Martín Lema, Heber y José Luis Falero, respectivamente), con quienes tiene establecido un vínculo de liderazgo indiscutido. Así va a ser difícil que el PN llegue al fin de este período con un elenco amplio y prestigioso de posibles recambios.
El segundo problema se produce en la relación con otros partidos. A los que le hicieron ganar el balotaje no les concede siquiera la formalidad de una reunión periódica para dialogar sobre la marcha del gobierno y su rumbo futuro, pese a que el Partido Colorado y Cabildo Abierto lo reclaman desde antes de que Lacalle Pou asumiera. Por otra parte, en varias ocasiones el presidente ha enviado al Parlamento iniciativas sobre cuestiones relevantes a sabiendas de que esos dos socios indispensables no estaban dispuestos a votarlas, y que por lo tanto no iban a ser aprobadas. Hay algo de menosprecio en esa conducta, que puede tener consecuencias complicadas para la gobernabilidad en los próximos años.
El vínculo con el Frente Amplio, principal fuerza opositora y el partido más votado del país, se desarrolla en la misma línea pero con menos consideraciones. Lacalle Pou se ha permitido dialogar poco, no responder a propuestas presentadas por escrito, elegir a su gusto con quiénes se reúne sin dirigirse a las autoridades partidarias, e incluso realizar comentarios despectivos a medios de comunicación extranjeros. Nada de esto contribuye a la existencia de políticas de Estado, o a la coordinación de esfuerzos para hacerles frente a problemas tan acuciantes como la covid-19 y la crisis económica y social.
La tercera cuestión, muy ligada a la anterior, se refiere a la calidad de las decisiones. Por un lado, a su calidad democrática: ninguna norma establece que los presidentes deban dialogar en forma fluida con el sistema partidario, pero al país le conviene que lo hagan, entre otras cosas para civilizar los conflictos. Por otro lado, debería ser obvio que nadie tiene siempre la mejor información y las mejores ideas en todas las áreas. Asumir esto no muestra debilidad e ignorancia, sino fortaleza y sabiduría.