Durante la semana pasada, por decisión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en los refugios de madres con hijos e hijas que forman parte del programa Hilar1 se sustituyeron los tickets de alimentación, que se otorgan en función de la composición de cada núcleo familiar, por “canastas” que se armaron, en el marco de la campaña Unidos para Ayudar, en galpones de la Fuerza Aérea.
Este hecho es gravísimo porque disminuyó notoriamente las posibilidades de alimentación de estas mujeres y sus hijos a cargo, cambiando una asignación que permitía, con sus limitaciones, cierta autonomía en la adquisición de alimentos, e imponiendo en la dieta de las familias alimentos poco saludables, dado que el contenido de estas canastas consiste en aceite, harina, arroz y cocoa.2
Pero es gravísimo también porque el gobierno muestra con este tipo de acciones su intención de “desafectarse” de sus obligaciones, en este caso, garantizar la alimentación de una población que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad; con esta decisión, el Estado dejó de ser garante de una política social para constituirse en correa de transmisión de la “responsabilidad empresarial”, al distribuir la beneficencia de las empresas, eliminando la calidad de sujetas de derechos a las destinatarias de la política y colocándolas, de un día para otro, a merced del voluntarismo y la caridad.
En una carta del 26 de abril de 2020, dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou y a los entonces ministros de Desarrollo Social, Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República manifestó su especial preocupación por el riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional en que se encuentran particularmente “las y los niños, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, las minorías étnicas en condición de pobreza y exclusión social, las que están en situación de calle, quienes tienen ingreso limitado o irregular; quienes poseen escasa capacidad de ahorro de dinero, alimentos o suministros; aquellas cuya salud se ve afectada por la malnutrición, enfermedades crónicas o inmunodeficiencias; las encargadas de cuidar a otros”. En la misiva manifestaban de forma categórica: “El derecho a la alimentación es más que el derecho de la persona a no padecer hambre, o a ejercer un consumo alimentario mínimo diario indispensable para la supervivencia. Este derecho incluye un estándar de alimentación ‘adecuada’ en términos de cantidad, pero también de calidad y aceptación cultural”.
De acuerdo con el “Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020” (FAO, FIDA, OPS, WFP y Unicef, 2020) en Uruguay, 6,4% de la población padece inseguridad alimentaria grave y 23,2% inseguridad alimentaria moderada. Además de ello, la malnutrición que afecta a niños, niñas y adolescentes, y que se expresa tanto por bajo peso como por obesidad, constituye un factor de riesgo que predispone a enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.
Al escuchar las expresiones de las madres afectadas y preocupadas por la incertidumbre generada, se eriza la piel, se estruja el alma: “¿Cómo puede alguien imaginar que le voy a dar de comer aceite con cocoa a mi bebé, que tiene ocho meses?”; “me gustaría darle una manzana, poder rallarla a mi niño”; “¿qué pasó con la leche en polvo?”; “¿dónde está la pulpa de tomate?”. No puedo dejar de pensar en el cinismo de las autoridades, en particular del flamante ministro Martín Lema; cuesta imaginar que alguien con aspiraciones presidenciales comulgue con esta forma de entender “lo que comen los pobres”.
Todavía con las imágenes de las raquíticas “canastas” en la mente, resulta dramático ver las imágenes, videos y declaraciones en torno al “movimiento” Unidos para Ayudar, que se promociona como si fuera el resultado de una labor titánica de responsabilidad empresarial y de políticos amigos, destinada a erradicar el hambre de los y las más “vulnerables”.
Hay un video en el que Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, en una entrevista, tal como consigna El País, mira a la cámara y luce entusiasta, aunque algo agotada por la labor: “Lo que se hizo fue unir voluntades: productores, empresarios, personas con voluntad de ayudar, y lo que hicimos fue hacer el enlace para poder consolidar este movimiento y darle de comer a gente que lo está necesitando”.3
Darles de comer a los que están necesitando.
¿Saben estas empresas que en algunos casos sus donaciones están siendo utilizadas para sustituir directamente políticas sociales?
¿Qué mensaje dan empresas como Château Group, Tienda Inglesa, Aeropuerto de Carrasco, Agronegocios del Plata, Alliance Uruguay, Ancap, Arcor, Colgate, Conaprole, Cousa, Darnel, Imprimex, Mondelez, Molino Dolores, Molinos San José, Luanfer, Nestlé, PAM, Pantanal, Saman, Sapolio, Terminal de Cargas Uruguay, Tierrasur Crea y Unilever con este tipo de “ayuda”? ¿Saben estas empresas que en algunos casos sus donaciones están siendo utilizadas para sustituir directamente políticas sociales, “achicar costos” y poner en riesgo la salud de quienes ya de por sí se encuentran en situación de inseguridad alimentaria?
La historia popular francesa cuenta que en octubre de 1789 María Antonieta, molesta por las movilizaciones frente a su residencia en Versalles y ante el comentario que manifestaba que el reclamo popular se debía al hambre del pueblo, manifestó: “Qu’ils mangent de la brioche!”.
Más allá del mito o la realidad, esta anécdota de la historia ilustra que la negación sistemática del derecho a la alimentación puede y tendría que erosionar la legitimidad y estabilidad de cualquier gobierno. El desprecio y la discriminación que se materializan en este tipo de decisiones gubernamentales profundizan la grieta de quienes aspiran a que seamos súbditos y clientes y no ejerzamos plenamente nuestra ciudadanía.
Hay urgencias que duelen, que atraviesan el cuerpo y la mente: la falta de pan, de techo, de trabajo. En las fotos y videos compartidos en el Instagram de Unidos para Ayudar, junto a voluntarios “anónimos”, Lorena Ponce de León, Álvaro Delgado y Beatriz Argimón llenan bolsas animosamente.
¿Qué comen los hijos de Luis, Lorena, Beatriz, Álvaro y Martín? ¿No es un crimen que en un país como Uruguay casi 30% de la población se encuentre en situación de inseguridad alimentaria?
Por lo pronto, sabemos que en los paquetes de Unidos para Ayudar no faltan la harina y el aceite, y que los voluntarios comieron chorizos.
Valeria España es abogada, magíster y doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús.
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El Programa de Atención a Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes atiende a familias con jefaturas femeninas que se encuentran en situación de extrema vulneración de derechos, que no cuentan con la posibilidad de desarrollar/sostener un espacio familiar autónomo y vienen de vivir a la intemperie. Ver https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/proyecto-hilar ↩
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No tendría que ser necesario decir que dicho contenido está lejos, muy lejos, de satisfacer los mínimos nutrientes de una dieta saludable. La nutrición para niños se basa en los mismos principios que la nutrición para adultos. Todos necesitan los mismos tipos de nutrientes, como vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas y grasa. Sin embargo, los niños necesitan diferentes cantidades de nutrientes específicos según las diferentes edades. Como base, todas las dietas deben contener alimentos con alto valor nutricional, o sea que contengan todos los nutrimentos. Ver https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/el-plato-para-comer-saludable-para-ninos/ ↩
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https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/unidos-ayudar-empresas-arman-canastas-colaborar-emergencia-sanitaria.html ↩