Para una adecuada lectura de la realidad, la teoría de los escenarios aparece como muy precisa. Se trata, con la metáfora de un escenario teatral, de intentar comprender la realidad y su posible evolución. Para ello el escenario es el contexto histórico en el que se actúa, y dentro de este se ubican los diversos actores con sus propias características.
Esta metáfora permite identificar las condicionantes históricas existentes, identificando límites dentro de los cuales la acción es posible. A vía de ejemplo, la comprensión de una coyuntura determinada en el siglo XIX no permite concebir acciones posibles más allá del tipo de comunicaciones en esa época existentes, es un límite infranqueable.
Pero dentro del escenario identificado se puede reflexionar acerca de las posibilidades de los distintos actores. Ello es una correcta lectura de la realidad.
En el Uruguay de hoy, entiendo que el progresismo y la izquierda en general no han estado haciendo una completa lectura de la realidad.
La derecha, encarnada en la coalición de gobierno, tuvo una consideración durante la campaña electoral muy identificada con la imagen y el pensamiento de Lacalle Pou, pero asociándolo a lo que fue el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera con todos sus componentes de derecha ultramontana, neoliberalismo privatizador, autoritarismo, falta de democracia, ausencia de transparencia, alineación plena a Estados Unidos, etcétera.
Fue una forma adecuada de plantearle a la sociedad la índole del gobierno que se venía, apelando a la memoria de una gestión anterior que supo finalizar con un gran desprestigio.
El inicio del nuevo gobierno se caracterizó por ofrecer muchas más novedades que continuidades con la gestión de Lacalle Herrera. Algunos ejemplos al respecto:
- Permanente rescate del liberalismo político y económico y el conjunto de derechos que de ellos emanan: derecho de huelga, derecho al trabajo, derecho a la libre expresión, derecho de asociación, etcétera.
- Reconocimiento de la nueva agenda de derechos impuesta por el progresismo.
- Apelación permanente al diálogo como estilo de gobernar.
- La transparencia como factor muy importante del gobierno.
- Una comunicación sumamente elaborada en la que se conjuga permanentemente la sobreinformación, la exposición permanente del presidente, minuciosamente estudiada y que se expresa en recalcar la cercanía con la gente en todas sus manifestaciones.
Estas características señaladas obviamente no expresan una absoluta consistencia con la realidad. Se trata en lo fundamental de una estrategia para la construcción de un relato que redefina la gestión de la coalición gobernante y en especial la imagen del presidente.
A ello hay que agregar algunos logros importantes del gobierno, entre los que pueden destacarse:
- Un reconocimiento a la ‒en general‒ buena gestión de la pandemia.
- La construcción de una imagen más positiva de la Policía y todo lo concerniente a la seguridad.
- La asignación de nuevas y viejas funciones a las Fuerzas Armadas, sacándolas de los cuarteles para el cumplimiento de actividades socialmente útiles: atención de ollas populares, ayuda en los desastres naturales, vigilancia de la franja fronteriza, etcétera.
Ello no debe de llevar a engaños. Varios de estos procesos tienen un correlato que en la versión oficial no cuenta y se oculta. A vía de ejemplo, la gestión de la pandemia no hubiera sido posible sin un consistente Sistema Nacional Integrado de Salud, una histórica tradición de vacunación preexistente, y una importante colaboración de la población.
Aún hoy, a dos años de esta gestión gubernamental, no se ha sabido construir una estrategia diferente que convierta a la oposición en un actor retador del gobierno con argumentos y con una nueva credibilidad.
En el tema de la seguridad, los avances (si es que se han producido) no podrían haber ocurrido sin la previa reforma policial realizada, sin la reforma de proceso penal, sin fuerte intervención tecnológica preexistente (las cámaras de vigilancia, por ejemplo), la dignificación de los salarios del personal y su equipamiento, entre otras cosas realizadas en el período anterior.
Los delitos han continuado y algunos de ellos se han incrementado, la realidad en las cárceles se ha transformado en un patético y terrible escenario, y las violencias privadas no dejan de crecer. Todo ello reafirma que el problema no estaba en la gestión del anterior Ministerio del Interior, sino en profundas transformaciones ocurridas en la sociedad que ameritan un debate nacional y una intervención integral, visión diametralmente opuesta a la que se esgrime desde el gobierno, que responsabiliza de todos los males a la anterior gestión.
Lo que es necesario destacar es que el gobierno ha tenido éxito en convencer a parte de la opinión pública de los aspectos señalados, más allá de su veracidad. Este logro en el imaginario social es parte de la realidad y explica los buenos resultados en las encuestas que este gobierno obtiene.
Estos éxitos publicitarios esconden una continuidad con el proyecto histórico de la derecha en cuanto a reorientar el curso del país en un rumbo neoliberal que haga posible la recuperación de la tasa de ganancia en el proceso de acumulación del capital en detrimento del trabajo.
El gran desafío es saber desenmascarar esta estrategia. Ello no es posible solamente argumentando las fallas o relatividades de lo manifiesto en el discurso oficial. Es indispensable operar en otros componentes de la subjetividad social para alterar los estados de ánimo y las falencias del imaginario social.
Tal vez la ley de urgente consideración (LUC) es el mejor exponente del país al que la derecha aspira. El problema es que no hay cambio en las opiniones simplemente a partir de las argumentaciones. Se necesitan otras construcciones subjetivas que potencien los datos de la razón.
Las respuestas del progresismo y la izquierda han quedado atrapadas con frecuencia en la caracterización del interlocutor gubernamental con la apariencia del gobierno de Lacalle Herrera, con lo cual termina siendo leído como algo inconexo e improcedente.
A ello hay que agregar una acción enfáticamente marcada por la denuncia y las demandas. En general todas las denuncias son válidas y tienen consistencia. Por ejemplo, en el campo de la ética gubernamental se ha señalado la comisión de delitos por parte de más de 50 jerarcas multicolores (aunque la enorme mayoría pertenece al Partido Nacional), entre ellos abuso sexual, hurto, abigeato, fraude, cohecho. Este alud de denuncias y delitos, lejos de haber adquirido la relevancia del “caso Sendic”, han pasado totalmente desapercibidos, aunque las denuncias fueron debidamente sustentadas.
Es muy posible que todo ello ocurra porque aún hoy, a dos años de esta gestión gubernamental, no se ha sabido construir una estrategia diferente que convierta a la oposición en un actor retador del gobierno con argumentos y con una nueva credibilidad. Se trata de trascender la lógica de denuncias y demandas específicas (sin dejar de formularlas) para convertirse en un factor de alternativa histórica de este proyecto neoliberal remozado. En este escenario la izquierda y el progresismo tienen que encontrar un perfil y una capacidad de propuesta que los diferencien pero a su vez se constituya en una potente fuente de atracción.
Confiamos plenamente en el liderazgo del compañero Fernando Pereira para conducir estas necesarias transformaciones.
Álvaro Portillo es integrante del Movimiento Alternativa Socialista (MAS) - 959.