Asistimos a una nueva ola de la pandemia en Uruguay. Fenómeno preocupante que nos sorprende por la velocidad de contagio y que sigue teniendo, aun con variantes, un impacto importante en la salud. Asistimos a cifras récord de contagios. Estamos ante una nueva crisis sanitaria con efectos en distintas áreas de la sociedad.
La consideración y la gestión política de esta nueva etapa a nivel global no pueden eludir algo que rompe los ojos: presenciamos inermes una desigualdad brutal en el acceso a las vacunas. Además de la injusticia profunda que pone en evidencia, esta situación es un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de nuevas cepas de coronavirus.
La ola que vivimos en el primer semestre de 2021 dejó más de 6.000 fallecidos en un contexto de gran tensión entre los planteos de la academia, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), organizaciones sociales y sociedades científicas que reclamaban medidas que “blindaran” los peores meses, y la decisión contraria del gobierno.
Hoy el escenario es diferente en algunos aspectos respecto de la situación anterior: hay una vacunación amplia de la población. La variante ómicron es mucho más contagiosa y presenta en general menos cuadros graves.
A ello se suma la falta, hasta el momento, de una comunicación fluida, preventiva, que responda a la gran incertidumbre de la población ante el surgimiento de nuevas variantes. Presenciamos azorados la velocidad y las noticias de contagios de familiares, amigos, vecinos.
Las vacunas han demostrado ser eficaces y sin grandes riesgos. Su eficacia se confirma hoy, cuando la mayor parte de las personas internadas en CTI no estaban vacunadas. Al mismo tiempo, hay que resaltar que son una protección relativa incluso para casos graves, porque hay una parte importante de la población no vacunada (más de 20%) y también otra gran parte de la población con una o dos dosis desde hace más de 180 días. Por otro lado, son una protección relativa ante la nueva ola por las comorbilidades presentes en gran parte de la población, que pueden derivar en cuadros graves.
Es importante evitar pánicos inconducentes y también subestimaciones irresponsables. Ambos extremos son muy perjudiciales para las políticas de salud. El nivel de comunicación del gobierno debe estar a la altura de una conducta preventiva y de liderazgo evitando las dualidades entre Presidencia y el Ministerio de Salud Pública. Cabe insistir en que el liderazgo en marcar un rumbo debe ser compatible con una concepción de la comunicación en la que concurran diferentes voces de la comunidad, la academia y el sistema político.
Es importante evitar pánicos inconducentes y también subestimaciones irresponsables. Ambos extremos son muy perjudiciales para las políticas de salud.
La situación actual presenta un conjunto de vulnerabilidades que requieren respuestas:
- Falta de medidas claras para afrontar la crisis sanitaria provocada por la segunda ola de la pandemia. Entre ellas destacan el incremento de la vacunación, la mitigación de puntos críticos para evitar supercontagios y mayor énfasis en la prevención (mascarillas e higiene de manos) en lugares cerrados.
- Saturación del sistema de salud. Esto afecta la atención adecuada de la pandemia (personas que no logran hacerse los test en tiempos razonables, que no son seguidas en su evolución, que no reciben orientación y cuidados). Los recursos de orientación y seguimiento no dan abasto. Los teléfonos de las mutualistas se ven desbordados. Hay que invertir con urgencia en recursos humanos que, a nivel central y a nivel local, informen, prevengan, orienten frente a los riesgos, las angustias y ansiedades que genera esta situación. No puede volver a subestimarse la afectación en materia de salud mental de estos procesos.
- En el primer nivel de atención en salud venimos de una postergación de controles de otras patologías prevalentes, debilitamiento de las redes territoriales, ausencia deliberada de convocatorias a espacios de participación de los usuarios, trabajadores y comunidades. La reorganización de la atención ante la coyuntura crítica no puede hacerse sin contar con la voz de los usuarios y los trabajadores, sin involucrar a las comunidades y redes de salud.
- Sin previsiones apocalípticas en cuanto a la saturación de camas de CTI, debe preverse un incremento de su uso, con los requerimientos de infraestructura, pero también de personal capacitado (con relevos previstos por situaciones de contagio).
- Los protocolos de seguridad para el personal de salud deben repensarse en un escenario de nueva ola de contagios sin producir un retroceso en la atención a la población y en consulta con las organizaciones de trabajadores y la academia.
- Desigualdades en la situación socioeconómica. Sufrir la enfermedad e implementar las cuarentenas no significa lo mismo para personas de distinta condición socioeconómica. Hay grandes sectores de la población que no pueden resolver bien estas situaciones y no tienen un apoyo económico de los mecanismos de protección social para poder hacerlo. En un contexto de crecimiento exponencial de los casos estas situaciones se complican y generan múltiples dificultades a las personas afectadas y sus núcleos familiares. La crisis alimentaria puede agravarse y las acciones solidarias de ollas y merenderos no pueden ser la principal respuesta ante la omisión del Estado.
- Poblaciones especialmente vulnerables: las personas que habitan en residenciales para personas mayores, discapacitados, personas con otras patologías, personas mayores que viven solas, requieren medidas y seguimientos específicos. En un país como Uruguay, con avances relevantes como el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), incluyendo elementos como una historia clínica electrónica común, es posible tener una acción proactiva de protección hacia esta población.
- Es necesario un plan de contingencia ante la coyuntura crítica y una perspectiva de mediano y largo plazo en materia de estrategias sanitarias.
No puede primar la lógica de que cada uno se arregle como pueda. Se necesitan políticas públicas y planes concertados entre distintos actores, con fuerte participación de la sociedad civil.
Pablo Anzalone es licenciado en Ciencias de la Educación y fue director de Salud de la Intendencia de Montevideo. Milton Romani Gerner fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.