Durante años hemos desarrollado una incomprensible tolerancia a la hipocresía ejercida por los gobernantes, lo que nos perjudica como individuos, como sociedad e incluso va en contra de las próximas generaciones. ¿Es un síntoma de cobardía, de indecisión o de impotencia ante un poder al que no tenemos capacidad de responderle?
El problema se agrava cuando la conducta hipócrita se repite durante décadas y la ausencia de respuesta también.
Me referiré a un ejemplo bien conocido. Recientemente, Uruguay fue nombrado para presidir el Grupo de los 77. El funcionario –extranjero– que alababa la trayectoria uruguaya en la presentación abundaba en la estabilidad, la transparencia y otras virtudes democráticas que adornaban a nuestro país para cumplir con la función. Nosotros, que lo vivimos a diario, tenemos bien presente que, hace pocos años, el propio presidente de la República entregó un pasaporte legal uruguayo a un conocido, peligroso y buscado narcotraficante, que le permitió evadir la Justicia paraguaya. Recordamos que el Parlamento, en conocimiento de ese delito, en lugar de destituirlo (como hubiera debido), se dividió en dos actitudes: el oficialismo defendió al presidente, la oposición decidió no promover un juicio argumentando que con ello favorecería la institucionalidad. Obviamente, lo institucional habría sido derivar el caso a la Justicia.
En rigor, una de las funciones del Parlamento es controlar al Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera lo hizo; tampoco lo hizo el Poder Judicial, ante un hecho de flagrante apariencia delictiva. En otra ocasión en la que estuvo implicado el custodio del presidente, la fiscal fue a interrogar al presidente en su casa, pero era el propio mandatario quien decidía qué mensajes quería que la funcionaria investigara. Tampoco en esa ocasión el Poder Judicial encontró nada objetable. ¿Necesito agregar más situaciones para recordar que la disfunción es verdaderamente extendida?
Años después, ante un juicio por múltiples estafas con negocios de inversión ganadera, se hizo público que el propio Banco Central del Uruguay asesoraba a las empresas sobre cómo debían promocionarse para que la institución no se viera obligada a controlarlas, lo que, justamente, es su función. Estas empresas estafaban con un sistema llamado Ponzi y, además, blanqueaban dinero. También a nivel del Ejército, la Marina y las intendencias departamentales incurren en actos fraudulentos que no se investigan. Esto ocurrió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien, dos días antes de finalizar su mandato, firmó un contrato con una empresa privada para el suministro de agua a la población metropolitana, lo que constituye una presunta violación de la Constitución. A ese presidente le sucedió en el gobierno Yamandú Orsi, quien, en lugar de proceder con un juicio de inconstitucionalidad contra los firmantes del contrato, dedicó tres meses a las negociaciones para anularlo. “En Uruguay, los contratos se respetan”. Notoriamente, según Orsi, los contratos entre el Estado y un particular están jerárquicamente por encima de la Constitución, que él mismo y el anterior presidente juraron defender frente a la ciudadanía.
Durante años hemos desarrollado una incomprensible tolerancia a la hipocresía ejercida por los gobernantes, lo que nos perjudica como individuos, como sociedad e incluso va en contra de las próximas generaciones.
Orsi ganó las elecciones en noviembre de 2024 por el Frente Amplio (FA), que se había preparado durante años para esas elecciones. Estuvo un año redactando un proyecto de programa, que una vez impreso se distribuyó a los comités de todo el país, se discutió en un congreso con 1.000 delegados, y se comprometió a cumplirlo ante la ciudadanía. Antes de asumir el gobierno, el presidente de la fuerza política prometió que “el FA va a cumplir con el programa”. A poco de asumir el gobierno, el equipo de Orsi se distanció del programa y de las declaraciones fundacionales del FA y cambió por: “Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno”. Al contrario del FA, el gobierno está integrado por sectores simpatizantes del sionismo, el imperialismo y la oligarquía.
Estamos viviendo, entonces, en un mar de confusiones.
a) Una de ellas es la confusión –ampliamente difundida– de que las elecciones son sinónimo de democracia, lo que es falso. Las elecciones son un espectáculo que incluye debates, propaganda, banderitas, actos multitudinarios, inversión de grandes sumas, disputas, promesas quiméricas y mentiras. El caso es que en Uruguay se celebran elecciones desde hace 200 años y la riqueza se distribuye en un 60% para el 10% más rico y un 40% para el 90% restante de la población. La definición de la democracia es: “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. La consigna de los revolucionarios que tomaron la bastilla era “libertad, igualdad y fraternidad”. De estos dos últimos conceptos no han tomado nota nuestros gobernantes. Sobre el restante, cabe preguntarse qué libertad tiene quien carece de vivienda, ingresos, alimentación, salud e información imparcial.
b) Se supone que el que gana las elecciones es el que puede resolver los problemas. También es falso. Si estamos en una escuela y la maestra pone un problema de geometría pero solo tres alumnos dan con la respuesta correcta. En la escuela, quienes resolvieron el problema pueden explicarles a los demás cómo procedieron. En una elección, por el contrario, se imponen los que son mayoría. Ahora, ¿qué país podría desarrollarse con ese criterio? Ninguno, porque a los países los desarrollan quienes saben resolver los problemas, no quienes consiguen más votos.
Si observamos el mundo alrededor nuestro veremos que presidentes con excelente votación causan más problemas a su población e incluso al resto del mundo que los que logran resolver. Esto nos demuestra que no existe un vínculo entre tener la mayoría de los votos y la solución de los problemas de la población.
En síntesis, celebrar elecciones no significa que impere la democracia e incluso puede servir para encubrir una dictadura. Tampoco es garantía de que el partido elegido tenga interés en solucionar los problemas de la mayoría de la población. Más a menudo solucionan los problemas de la burocracia y de los sectores más ricos. Finalmente, los partidos políticos no tienen ningún apremio en eliminar la corrupción.
Falta una propuesta que se enfoque en la pregunta: ¿cómo superaremos este cúmulo de ineficiencias e injusticias? Por ahora nos limitamos a plantear el enunciado del problema.
Luis Sobrino es militante del Frente Amplio, fue preso político y exiliado.