El anuncio de que la Policía se propone patrullar con vehículos blindados del Ejército en los barrios “con mayor incidencia de criminalidad”, realizado en el Parlamento por el ministro del Interior, Carlos Negro, ha causado esta semana una gran cantidad de comentarios y debates políticos. Para comprender los motivos de la repercusión, hay que tener en cuenta –obviamente– cuál es la noticia, pero más aún cómo se comunicó y en qué contexto fue recibida.
Según se informó a la diaria desde el Ministerio del Interior (MI), la decisión se debe a que vehículos policiales carentes de blindaje han sido atacados en Marconi, Cerro Norte, Casavalle y otros barrios. Negro dijo en el Parlamento que estaba “muy avanzado” un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para utilizar unidades Mamba MK7 donadas por el gobierno de Estados Unidos para contribuir a la formación de una fuerza de reacción rápida uruguaya en misiones de paz. También adelantó que los conductores de esas unidades serían militares, pero el mando estaría a cargo de la Policía.
Luego hubo aclaraciones, rectificaciones y generación de incertidumbres por parte de distintas fuentes, en medio de discusiones públicas iniciadas y recalentadas antes de que se conocieran todos los datos. O sea, como se ha vuelto frecuente durante el actual gobierno.
El (des)orden de los factores
El anuncio de Negro se produjo el jueves 18 en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Ese día, la noticia de impacto relacionada con el MI fue que la Policía había matado en el barrio Borro a Brayan Leites, un adolescente de 16 años, y recién el lunes 22 tomó estado público lo de los vehículos blindados, cuando el semanario Búsqueda publicó una nota basada en la versión taquigráfica de la reunión del 18.
Desde la oposición se afirmó que el gobierno le daba la razón a iniciativas para “sacar los militares a la calle” que antes habían sido rechazadas por el Frente Amplio (FA), pero de todos modos se señalaron problemas relacionados, entre otras cosas, con la cadena de mandos militar y la eventual participación de los conductores en enfrentamientos si los vehículos fueran atacados. En el FA hubo quienes salieron a defender la iniciativa, pero también se expresaron cuestionamientos y malestares, por lo que se vio como un avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Dio la impresión de que muchas de las personas que opinaban, a favor o en contra, no conocían cabalmente cuál era el plan. Sobre todo cuando se supo que el Ejecutivo aún no tenía claro si hacía falta una ley y que no estaba definido si habría uno, dos o ningún militar en cada blindado (la capacitación para manejar uno no parece inalcanzable para un chofer policial), si estarían armados o no, ni si se trataría de otros vehículos en vez de las Mamba MK7, de 2,5 metros de ancho, unos 6,3 de largo, 2,8 de altura y 15 toneladas de peso, poco adecuadas para maniobrar en los barrios a los que se había pensado asignarlas.
El Consejo de Ministros tratará este jueves, dos semanas después de los dichos de Negro en el Parlamento y cinco días después de la publicación de Búsqueda, una propuesta más definida para darle forma al proyecto, que no se había hecho pública al cierre de esta edición.
Otros desórdenes
Al igual que en situaciones anteriores, no parece que el Poder Ejecutivo esté en aprietos solo por deficiencias en la comunicación. Hay problemas políticos no resueltos, y es imposible transmitir con claridad y orden lo que no está claro ni ordenado en el pensamiento.
Dentro del FA persisten ideas diferentes sobre la mejor forma de orientar las políticas de seguridad pública. En ese marco, no está claro en qué medida el recurso a vehículos del Ejército apunta a aumentar la participación militar o se trata sobre todo de un gesto dirigido a la gente cuyo deseo de soluciones drásticas y veloces es uno de los motivos de la desaprobación creciente al desempeño de Orsi.
Nada indica que las principales figuras del FA y del gobierno estén buscando acuerdos, con rigor y fraternidad, sobre esta cuestión y varias otras. Uno de los resultados es que una parte de la población frenteamplista ya considera, a esta altura, verosímil y probable que el gobierno de su fuerza política lleve adelante orientaciones iguales o peores que las de la derecha, neoliberales en lo económico, semejantes a las de Nayib Bukele en lo referido a la seguridad, y de complicidad con imperialistas y genocidas en el plano internacional.
La conducción colectiva del FA fue desplazada y quedó desmerecida durante décadas de jefaturas individuales muy poderosas, apoyadas en la capacidad de convocatoria electoral. Ahora, en ausencia de tales jefaturas, se puede apostar a que la competencia interna haga surgir otras o a reconstruir un funcionamiento más democrático, fluido y eficaz. Equivocarse ante la encrucijada implica importantes riesgos de perturbación, dispersión y fracaso, que ningún especialista en comunicación podrá evitar.