El pasado jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para informar sobre varios asuntos, entre ellos las iniciativas que impulsa la cartera para tener mayores controles de las armas y las municiones.
En esa instancia, según informó Búsqueda, el ministro adelantó que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”. Según Negro, el convenio “está muy avanzado”.
Los vehículos en cuestión, denominados Mamba MK7, fueron donados por el gobierno de Estados Unidos y arribaron al territorio nacional en julio de 2024. El Ejército Nacional informó en su momento que se trata de unidades blindadas que se utilizarían en “una fuerza de rápida respuesta en el ámbito de las operaciones de paz” que se llevan a cabo en el exterior.
De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, Negro apuntó que 12 de estos vehículos “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad, y afectados a los operativos Dominio y Atenea”.
Con respecto a estos dos operativos, el ministro indicó en la comisión que el primero “aplica una estrategia de actividad policial basada en inteligencia, conocida como ILP, para prevenir y disuadir homicidios”, mientras que el segundo consiste en “una intervención territorial y policiamiento focalizado en zonas determinadas”, por ejemplo, en el barrio Marconi.
En su cuenta de X, el presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó: “A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”.
Desde el Ministerio del Interior señalaron a la diaria que la decisión se tomó luego de que en algunas de las últimas intervenciones en algunos barrios de la capital –Marconi, Cerro Norte y Casavalle, entre otros–, los móviles policiales fueran atacados “sistemáticamente”, tanto con piedras como con balas. En ese marco, la cartera considera como “imprescindible” la incorporación de vehículos blindados.
Repercusiones
La iniciativa fue respaldada por la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, quien aclaró en rueda de prensa que no se están “conjuntando fuerzas”, en referencia al Ejército y la Policía, y resaltó que los Mamba se utilizarán debido al “índice de conflictividad y de disparos que reciben los vehículos” en “zonas muy específicas”. “Estamos hablando de zonas donde la tasa de homicidios triplica la tasa media del territorio nacional”, apuntó.
Sobre los conductores de los vehículos, que serán militares, Díaz dijo que esto tiene que ver con el “nivel de especialización” que requieren estas unidades. De todos modos, puntualizó que el rol de los militares será únicamente de “apoyo logístico”. La legisladora se detuvo además en la importancia de la “preservación de la vida de los efectivos policiales” que intervienen en los operativos.
“Nos ha costado mucho empezar a disputarle algunas zonas que hace mucho tiempo están abandonadas por el Estado al crimen organizado; necesitamos todas las herramientas que tenemos disponibles, y esta es una más”, afirmó Díaz. La senadora del FA comparó este apoyo con el rol que los militares cumplen en ocasiones con las personas en situación de calle.
Desde la oposición, el senador colorado Andrés Ojeda también se mostró alineado con el anuncio de Negro. “Me alegra que el ministerio y el gobierno hayan escuchado nuestra propuesta y hagan los cambios que reclamamos”, escribió el legislador en X.
Sin embargo, desde el ámbito parlamentario también llegaron algunas dudas y reparos. Por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó la necesidad de conocer el contenido del convenio que firmarán los dos ministerios. En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Defensa Nacional “no puede hacerle de taxi al Ministerio del Interior”. El legislador sumó dudas en la misma línea sobre el “marco jurídico de protección” del conductor militar y también sobre el salario que se le abonará por dicha tarea.
El respaldo legal
El senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García, en tanto, advirtió que la iniciativa del Ministerio del Interior requiere una “norma legal que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo choferes, ante episodios de agresión y respuesta”. El legislador también remarcó la necesidad de “no alterar [la] cadena de mandos que hace a la naturaleza de su función”. “Policías mandando soldados es romper mando y conflicto en puerta”, alertó.
El diputado nacionalista Pablo Abdala, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del Ministerio del Interior, afirmó que, más allá de la necesidad de una ley, existe “un problema muy serio de comunicación” por parte del Ministerio del Interior. “Advierto que en esto se desencadene un debate complejo en el Frente Amplio, [porque] todos sabemos con relación a esto los preconceptos ideológicos que tienen”, agregó Abdala.
“Verá el ministro Negro cómo les explica a sus compañeros del Frente Amplio que va a sacar a los militares a la calle, [pero] eso es un tema ideológico de ellos, que se arreglen como puedan. La gente hoy precisa al Estado”, complementó Ojeda en el mismo sentido. Sin embargo, sobre eventuales disposiciones legales para regular las nuevas operaciones, el legislador colorado sostuvo que no se precisa una ley, sino “coraje y decisión política”.
El doctor en Ciencia Política Julián González Guyer, especialista en seguridad internacional y relaciones civiles militares, explicó a la diaria que en este tema hay que tener en cuenta dos artículos: uno de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y otro de la Ley Marco de Defensa Nacional, que de alguna manera “contemplan la posibilidad de que el gobierno mande a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas por fuera de las que normalmente debieran cumplir”.
En el caso de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas –que González entiende que es la que más se ajusta al planteo de Negro–, el artículo 24 establece que “en el marco de sus competencias y en forma conjunta con otros órganos del Estado”, estas podrán efectuar “las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que por su especialidad, conveniencia o relevancia fueran de interés público”.
En el caso de la Ley Marco de Defensa Nacional, el artículo 20 dispone que “en tiempos de paz y bajo autorización expresa” del Ministerio de Defensa Nacional los militares podrán “prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental”.
Por último, el especialista se refirió a los decretos de Política Militar de Defensa de mayo de 2016 y de Política de Defensa Nacional de enero de 2021. Según detalló, en ambos se establecen definiciones de “políticas” y de “misiones” que “pueden cumplir” las Fuerzas Armadas. Más allá de eso, González consideró que el problema “es más bien político”, dado que “al Ejército no le hace ninguna gracia tener equipo y personal al mando de la Policía”.